La Habana (PL) Mientras el gobierno de Estados Unidos aplica medidas para reducir en un 20 por ciento gastos en transporte, tecnología y publicidad, entidades de ese país autorizan fondos para ejecutar acciones contra Cuba.
Tras criticar la poca gestión del Congreso para lidiar con los problemas económicos de esa nación norteña, el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva -el pasado 9 de noviembre- que concede a las instancias gubernamentales 45 días a fin de concretar un plan de ahorro.
Sin embargo, mientras varios sectores hacen recortes, son numerosas las evidencias de como desde la administración de ese estado, donde 14 millones de personas están desempleadas y diariamente se realizan protestas contra el sistema económico, se financian iniciativas para favorecer la subversión contra la dirección y el pueblo cubanos.
Un ejemplo reciente aconteció el pasado mes de octubre, cuando la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se adelantó en preparar una fiesta a fin de celebrar la entrega del Premio Nobel por la Paz 2011 a los contrarrevolucionarios cubanos Oswaldo Payá y Oscar Elías Biscet, lo cual consideraban un hecho.
Con ese fin, un total de 250 mil dólares fueron aprobados para varias actividades que desarrollaría la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, como la impresión de 100 mil camisetas con el rostro de los premiados, sobre un fondo de banderas de ambos países y la frase "Para Cuba llegó la hora".
Los complementos incluían globos, banderitas, relojes, llaveros y pulseras alegóricas al festejo y, por supuesto, el pago de los periodistas seleccionados para cubrir el evento que nunca llegó a efectuarse pues el lauro fue a parar a otras manos.
El presupuesto comprendía además hasta el pago de los trajes que lucirían en la ceremonia los supuestos galardonados, quienes se han dedicado por años a promover planes de desestabilización en Cuba, alentados por funcionarios de la administración de Washington, y sus familiares.
Finalmente el galardón lo alcanzaron Ellen Johnson-Sirleaf (presidenta de Liberia), la liberiana Leywah Gbowee (responsable de la Organización No Gubernamental Women Peace and Security Network Africa) y la activista yemenita Tawakkel Karmen.
Las acciones organizadas y financiadas desde el territorio norteño contra Cuba han sido por años denunciadas por las autoridades del archipiélago caribeño y silenciadas por los grandes medios de comunicación que operan desde Washington.
No obstante, en ocasiones las propias instancias del gobierno de Estados Unidos han admitido financiar proyectos para lo que ellos denominan fomentar la democracia.
Como parte de esa asistencia, solo para el ejercicio fiscal 2011, la administración norteamericana aprobó 62 millones de dólares destinados a la incidencia política, social y mediática en Cuba, lo cual representó un 34 por ciento superior al del 2010.
Llama la atención como a pesar de contar con 14 millones de desempleados, 46 millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza y constantes protestas por el fracturado sistema económico vigente, la "asistencia" hacia La Habana crece.
¿En qué se traduce esa ayuda? Pues ese capital se dedica a reforzar el trabajo de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana y la Oficina de Asuntos Cubanos, encargada de regir, desde el Departamento del Estado en Washington, la política hacia el estado vecino.
Casi la mitad de esos 62 millones anuales se distribuye entre los medios Radio y Televisión Martí, que transmiten hacia la isla en actos de violación de las regulaciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Para el 2012, el gobierno de Obama propuso emplear otros 20 millones de dólares a fin de ampliar proyectos encaminados a fomentar la libertad en Cuba, principalmente a través de Usaid.
Esos fondos los administran principalmente organizaciones y empresas norteamericanas, en esencia radicadas en el estado de La Florida, las cuales contribuyen con dinero y equipos a grupúsculos cubanos que solo deben cumplir con el requisito de oponerse al Ejecutivo nacional.
En junio de este año, Usaid publicó tres convocatorias para planes relacionados con la libertad de información y expresión, así como el apoyo a la sociedad civil en Cuba, los cuales contaban con un capital de 21 millones de dólares.
La agencia gubernamental aseguró que destinaría seis millones de dólares a proyectos para facilitar el libre acceso de los cubanos a la información mediante nuevas tecnologías y medios tradicionales.
Otros seis millones se otorgarían a programas con el objetivo de impulsar la libertad de expresión y asociación en los jóvenes con edades entre 12 y 24 años.
Los nueve millones restantes, para concientizar a miembros de comunidades locales, barrios u otros grupos con sus derechos y responsabilidades cívicas, desarrollar habilidades de liderazgo y prepararlos para participar plenamente en el desarrollo democrático.
Pero mientras el capital anual para acciones contra la mayor de las Antillas aumenta, de acuerdo con datos de 2010 publicados por la Oficina de Censo de Estados Unidos, en términos porcentuales, la tasa de pobreza es la más alta desde 1993, con un 15,1 por ciento.
Según las perspectivas del National Poverty Center de la Universidad de Michigan, tomará al menos unos seis o siete años para que la tasa de pobreza general regrese a los niveles del año 2000, cuando se reportó un 11,7 por ciento.
Las estadísticas revelaron además que el ingreso anual de los hogares promedio cayó en un 2,3 por ciento, hasta llegar a los 49 mil 445 dólares y el número de habitantes sin seguro médico supera los 50 millones.
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