Brasilia, 29 abr (PL) Los participantes en el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y la Vida analizarán desde hoy y hasta el domingo el impacto de grandes obras para sus comunidades.
Organizada por el Consejo Indigenista Misionario y bajo el lema Vida y Libertad: pueblos indígenas construyendo el buen vivir, a la cita asistirán más de 200 delegados, 180 de ellos líderes aborígenes.
A Luziania, en el estado de Goias, asistirán representantes de comunidades originarias como los kaiapó, arara y juruna, contrarios a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingú, en el estado de Pará.
También de los pueblo truká, xukuru, pankararu y pipipa, damnificados por las obras de la transposición del río San Francisco, cuyo objetivo es llevar agua potable a las zonas semidesérticas del nordeste brasileño.
Las fuentes del comité organizador precisaron que los tres ejes de discusión del encuentro son El enfrentamiento a los grandes proyectos que afectan a las comunidades, La reconquista y la garantía de los territorios originarios y El proceso de criminalización de las luchas y de los líderes indígenas.
Esos reclamos están a tono con el documento de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo con motivo del Día del Indio Americano, en el cual exigen acelerar la aplicación de las acciones que aseguren sus derechos, entre ellos el de opinar sobre los asuntos que los afecten.
Asimismo, demandan la regularización de sus tierras y el cese de las hostilidades que dicen sufrir y aseguran ser criminalizados por agentes del poder público, cuya función -apuntan- es precisamente la de protegerlos.
En el documento, los aborígenes critican la política oficial hacia sus comunidades, la cual califican de precaria o nula, al amenazar la continuidad física y cultural de las diferentes comunidades.
A los señalamientos de los pueblos indígenas no escapó tampoco la estatal Fundación Nacional del Indio, que desean cambiar por un Consejo Nacional de Política Indigenista, órgano llamado a ser una instancia deliberativa, normativa y articuladora de todas las acciones vinculadas con los aborígenes.
Los originarios de este país proponen también la creación de una Política Nacional de Gestión Ambiental y Territorial de Tierras Indígenas a fin de asegurar la sustentabilidad y la protección de sus dominios.
Por encima de todo eso, los pueblos originarios exigen la aprobación del Estatuto de los Pueblos Indígenas, que desde hace 20 años tramita el Congreso Nacional y que ya prácticamente estaría requerido de algunas modificaciones.
Organizada por el Consejo Indigenista Misionario y bajo el lema Vida y Libertad: pueblos indígenas construyendo el buen vivir, a la cita asistirán más de 200 delegados, 180 de ellos líderes aborígenes.
A Luziania, en el estado de Goias, asistirán representantes de comunidades originarias como los kaiapó, arara y juruna, contrarios a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingú, en el estado de Pará.
También de los pueblo truká, xukuru, pankararu y pipipa, damnificados por las obras de la transposición del río San Francisco, cuyo objetivo es llevar agua potable a las zonas semidesérticas del nordeste brasileño.
Las fuentes del comité organizador precisaron que los tres ejes de discusión del encuentro son El enfrentamiento a los grandes proyectos que afectan a las comunidades, La reconquista y la garantía de los territorios originarios y El proceso de criminalización de las luchas y de los líderes indígenas.
Esos reclamos están a tono con el documento de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo con motivo del Día del Indio Americano, en el cual exigen acelerar la aplicación de las acciones que aseguren sus derechos, entre ellos el de opinar sobre los asuntos que los afecten.
Asimismo, demandan la regularización de sus tierras y el cese de las hostilidades que dicen sufrir y aseguran ser criminalizados por agentes del poder público, cuya función -apuntan- es precisamente la de protegerlos.
En el documento, los aborígenes critican la política oficial hacia sus comunidades, la cual califican de precaria o nula, al amenazar la continuidad física y cultural de las diferentes comunidades.
A los señalamientos de los pueblos indígenas no escapó tampoco la estatal Fundación Nacional del Indio, que desean cambiar por un Consejo Nacional de Política Indigenista, órgano llamado a ser una instancia deliberativa, normativa y articuladora de todas las acciones vinculadas con los aborígenes.
Los originarios de este país proponen también la creación de una Política Nacional de Gestión Ambiental y Territorial de Tierras Indígenas a fin de asegurar la sustentabilidad y la protección de sus dominios.
Por encima de todo eso, los pueblos originarios exigen la aprobación del Estatuto de los Pueblos Indígenas, que desde hace 20 años tramita el Congreso Nacional y que ya prácticamente estaría requerido de algunas modificaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario