Santiago de Chile, 8 abr (PL) Representantes del pueblo mapuche reiteraron en movilización en el centro de esta capital la demanda de liberación de los cuatro líderes de esa etnia condenados duramente tras un proceso calificado aquí de aberración jurídica.
"Liberar, liberar, al mapuche por luchar" corearon los exponentes de los pueblos originarios de Chile que en nueva marcha por el paseo Ahumada de Santiago volvieron a exigir anoche un juicio justo y sin ley antiterrorista para Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical.
Durante la manifestación la portavoz de los cuatro comuneros, Natividad Llanquileo, denunció nuevamente el trasfondo político del severo fallo judicial contra los indígenas, sentenciados a penas de entre 20 y 25 años de cárcel por supuesta implicación en un atentado a un fiscal en 2008.
Llaitul y sus compañeros, sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), recibieron el veredicto de la justicia chilena a partir de dudosos testimonios de testigos sin rostro, recurso utilizado por la fiscalía al amparo de una controvertida norma jurídica que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Junto a Natividad Llanquileo, familiares de los detenidos y una amplia representación del pueblo mapuche exigieron en consecuencia la anulación del llamado juicio de Cañete, comuna de la centrosureña región del Bío Bío, demanda presentada la semana pasda por la defensa de los comuneros ante la Corte Suprema.
Ayer trascendió además una carta de los cuatro líderes encarcelados, en la que expusieron las razones de la huelga de hambre que realizan desde el pasado 15 de marzo, medida que -subrayaron- mantendrán hasta tanto sean juzgados por un tribunal competente e imparcial.
Para las comunidades mapuche la condena del tribunal de Cañete demuestra la persecución del Estado contra la etnia con el fin de detener la lucha por la recuperación de tierras usurpadas en beneficio de privados y empresas transnacionales.
Moisés Scherman, dirigente social y miembro del Comité Ejecutivo de La Nueva Fuerza de Izquierda de Chile, apuntó que las falsas acusaciones del fiscal Mario Elgueta y la posterior condena a los dirigentes de la CAM prueban claramente "que estamos frente a un juicio político".
Se les quiere tener de por vida tras las rejas, remarca Scherman, "porque la plataforma de lucha de la CAM pone en jaque a quienes defienden con dientes y muelas la institucionalidad heredada de la dictadura y el modelo económico neoliberal vigente".
"Liberar, liberar, al mapuche por luchar" corearon los exponentes de los pueblos originarios de Chile que en nueva marcha por el paseo Ahumada de Santiago volvieron a exigir anoche un juicio justo y sin ley antiterrorista para Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical.
Durante la manifestación la portavoz de los cuatro comuneros, Natividad Llanquileo, denunció nuevamente el trasfondo político del severo fallo judicial contra los indígenas, sentenciados a penas de entre 20 y 25 años de cárcel por supuesta implicación en un atentado a un fiscal en 2008.
Llaitul y sus compañeros, sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), recibieron el veredicto de la justicia chilena a partir de dudosos testimonios de testigos sin rostro, recurso utilizado por la fiscalía al amparo de una controvertida norma jurídica que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Junto a Natividad Llanquileo, familiares de los detenidos y una amplia representación del pueblo mapuche exigieron en consecuencia la anulación del llamado juicio de Cañete, comuna de la centrosureña región del Bío Bío, demanda presentada la semana pasda por la defensa de los comuneros ante la Corte Suprema.
Ayer trascendió además una carta de los cuatro líderes encarcelados, en la que expusieron las razones de la huelga de hambre que realizan desde el pasado 15 de marzo, medida que -subrayaron- mantendrán hasta tanto sean juzgados por un tribunal competente e imparcial.
Para las comunidades mapuche la condena del tribunal de Cañete demuestra la persecución del Estado contra la etnia con el fin de detener la lucha por la recuperación de tierras usurpadas en beneficio de privados y empresas transnacionales.
Moisés Scherman, dirigente social y miembro del Comité Ejecutivo de La Nueva Fuerza de Izquierda de Chile, apuntó que las falsas acusaciones del fiscal Mario Elgueta y la posterior condena a los dirigentes de la CAM prueban claramente "que estamos frente a un juicio político".
Se les quiere tener de por vida tras las rejas, remarca Scherman, "porque la plataforma de lucha de la CAM pone en jaque a quienes defienden con dientes y muelas la institucionalidad heredada de la dictadura y el modelo económico neoliberal vigente".
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