ERC, IU e ICV han presentado una proposición de ley en el Congreso para despenalizar las injurias al Rey a la vista de la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasbrugo contra España por haber condenado al batasuno Arnaldo Otegi por calificar a Juan Carlos I de "jefe de los torturadores".
La propuesta de ERC e IU-ICV pasa por suprimir los artículos del Código Penal relativos a las injurias contra la Corona, "cuya sanción penal no sólo resulta desproporcionada, sino que afecta a los fundamentos básicos del sistema democrático".
En su iniciativa, el grupo parlamentario que forman las tres formaciones recuerda que el Código Penal sanciona en sus artículos 490.3 y 491 las injurias proferidas contra el Rey y otras personas vinculadas a la Corona pero subrayan que no se trata de un afán protector del honor individual de esas personas sino que se entiende esas conductas como hechos lesivos del prestigio y reconocimiento debido a la institución.
A su juicio, la protección al honor ya está contemplada para todos los ciudadanos y en cambio "la necesidad de protección penal del "honor" o el prestigio de las instituciones resulta más que discutible", máxime cuando el propio Código Penal ya eliminó el "viejo delito de desacato, consistente en injuriar a autoridades y funcionarios".
"La protección penal del prestigio de la Corona debe ser revisada a la luz de, al menos, dos principios constitucionales: la prohibición de exceso o principio de proporcionalidad en sentido amplio y el carácter de derecho fundamental especialmente protegido que posee la libertad de expresión", sostienen.
En cualquier caso, los tres partidos renuncian a intervenir con su propuesta en la cuestión de hasta qué punto es conveniente la protección política del prestigio o, simplemente, el reconocimiento social de las instituciones, y lo que rechazan es que dicha protección deba ser de carácter penal.
En su opinión, "la protección penal del prestigio de la Corona resulta desproporcionada en tanto en cuanto las sanciones penales y, especialmente, la privación de libertad no son ni necesarias ni adecuadas a tal fin". "Resulta innecesaria e inadecuada porque lo propio del sistema democrático es buscar el reconocimiento social de sus instituciones por vías distintas de la represión", agregan.
Además, recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España a indemnizar a Otegi ya señaló que los "privilegios legales a figuras políticas o funcionarios" no son compatibles con el derecho a la libertad de expresión y de información garantizada por el artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos.
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