Un dirigente gremial de los profesores de la Universidad de Panamá me escribió diciendo que “es muy cierto que ningún extranjero debe alterar el orden público e incitar a la violencia. Pero también es muy cierto que ningún extranjero debe venir a contaminar estas tierras, a depredar sus recursos o a exigir cambios en las leyes para su propio provecho y mucho menos que el presidente (de la República) llame por teléfono para dar cuenta de que ha cumplido con su tarea.
“En el caso del periodista Paco Gómez Nadal es aconsejable y oportuno que el gobierno nacional muestre a la luz pública las pruebas que se le imputan y que han conducido a su salida del país”.
Desde Madrid, España, donde fue expulsado Gómez Nadal, por orden directa del presidente Ricardo Martinelli, el periodista envió un mensaje al país. En el mismo señala que en Panamá no existen “garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá... Alertamos a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social”.
El mensaje de Paco Nadal es alto y claro: Hoy es expulsado del país un periodista de nacionalidad extranjera. Mañana será un periodista de nacionalidad panameña. Pasado mañana expulsarán a cualquier panameño que consideren un estorbo. La escalada es parte del proceso que se vive actualmente en Panamá. Tenemos un gobierno que no tiene experiencia política y que actúa de acuerdo con sus instintos de preservación. Su único objetivo es mantenerse en el poder y, en el mismo suspiro, acumular riqueza para los miembros de su alianza gobernante.
Con la expulsión del país de Gómez Nadal el gobierno muestra una debilidad muy peligrosa. No es algo que le conviene a los intereses de la nación panameña. Como en su momento señalara el “canciller de la dignidad”, Juan Antonio Tack, quien falleciera la semana pasada, “queremos ser un país de verdad”.
Los arrestos, los muertos y heridos en Changuinola, San Félix y otros puntos del país, causados por la política depredadora del presidente Martinelli, parece que no tendrán fin hasta que termine su mandato. La población panameña, sin distingo de clases sociales, le está diciendo que ponga fin a las políticas mineras destructivas. Sin embargo, el “olfato” por el negocio lo ha enceguecido.
Bernardo Pérez Salazar, un estudioso colombiano de la economía minera señala que “de las cerca de 100 mil entradas que contiene el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, apenas ocho se asocian semánticamente a la voz extraer. Resulta curioso que ninguna de las entradas haga referencia a la acción de explotar yacimientos o riquezas naturales, una de las principales actividades realizadas en las colonias del Nuevo Mundo desde la conquista de América hasta el presente.
En contraste, el término potosí sí es aceptado en su acepción figurativa por el diccionario para referir una “riqueza extraordinaria”, como la constituida por los miles de millones de onzas de plata extraídas del “Cerro Rico”, al pie del cual fue fundada la ciudad de Potosí en 1545.
El nombre de Potosí se asocia a un tipo de crecimiento económico y social efímero, generalmente asociado con actividades de extracción de riquezas naturales, del cual es un ejemplo académico clásico. De un asentamiento pujante hoy sobrevive penosamente como un “pueblo fantasma”.
La literatura también se refiere el “extractivismo” – al igual que los cuentos de niños - como una estrategia de crecimiento económico acogida por un número creciente de gobiernos, particularmente en países ricos en recursos naturales en América latina. La promoción de la inversión de capitales en actividades extractivas se presenta – al igual que los espejitos - como la locomotora, fundamental para el crecimiento económico y una promotora clave para combatir la pobreza a escala nacional. El extractivismo promueve la inversión extranjera al igual que la exportación de materias primas como dos pilares fundamentales del desarrollo y la prosperidad.
En la actualidad, Panamá es el escenario de una guerra por el poder entre diferentes clases. Hay que entenderlo como el “poder hacer”. Los pueblos indígenas y todos los panameños queremos conservar nuestra tierra, nuestras comunidades y nuestras familias. La clase de personas que gobiernan, en cambio, quieren arrancarles a los panameños más humildes sus tierras, comunidades y familias. La lucha por el poder está claramente establecido: Los ricos en contra de los pobres.
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