De esta forma, el conflicto en la Universidad de Puerto Rico, que comenzó por la oposición al aumento en los costos de matrícula, se ha convertido en una batalla para determinar el futuro de la democracia en esta nación del Caribe nororiental, equidistante de Guantánamo y de Caracas.
Los más de cien arrestos de la semana pasada no parecen haber amilanado a los estudiantes, que el pasado fin de semana llevaron a cabo nuevos adiestramientos de candidatos a desobedientes civiles pacíficos a la vez que aumentan sus contactos con diversos sectores políticos, sociales y religiosos para ampliar su base de apoyo. Además, logran golpes espectaculares para romper el cerco informativo, como las protestas en Nueva York y la irrupción en una presentación del Gobernador, Luis Fortuño, en la escuela de derecho de Universidad de Valladolid, España.
En ocasiones, el desigual combate tiene escenas grotescas, como cuando avanzan contra los estudiantes las columnas antidisturbios conocidas como “Fuerza de Choque” con los caballos de la unidad montada, cuyos jinetes con armaduras no siempre pueden controlar, o los despliegues de fuerza bruta al momento de arrestar desobedientes civiles que se sientan frente a las entradas del Recinto de Río Piedras de la UPR. Estos últimos casos llevaron a los periodistas a cuestionar su motivo al comandante de la operación, el coronel Leovigildo Vázquez, quien explicó que los miembros de esas unidades actúan “profesionalmente” porque han recibido unos adiestramientos en los que aprenden “puntos de presión para debilitar el cuerpo” mediante “el dolor” que sienten los jóvenes al ser arrestados.
Además, luego de los arrestos, los detenidos son trasladados a cuarteles ubicados en zonas que tienen cerca puntos de contrabando de drogas, en los que los jefes de las pandillas dejan saber su incomodidad con que la operación altere el ambiente para sus negocios ilegales.
La explicación sobre el profesionalismo policial dada por el Coronel Vázquez y el envío de los detenidos a cuarteles en ambientes potencialmente hostiles cuadran con la descripción en el artículo 303 del Código Penal, que tipifica el delito de tortura como “causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia y control”.
Pero tales escenas grotescas palidecen ante discursos como el del ex presidente de la propia UPR y voz importante para sectores conservadores de la oposición autonomista, José Saldaña, quien obvió los orígenes de la presunción de inocencia en las constituciones de Occidente, que data de las reformas en el derecho canónico de los siglos XII y XIII. Díaz Saldaña prefirió denunciar a “una tendencia ideológica independentista liberal de izquierda” permitida en la UPR por el entonces líder máximo autonomista Luis Muñoz Marín, que ha dejado como herencia el “paternalismo” que influencia la judicatura “que demuestra mayoritariamente gran predisposición a otorgarle el beneficio de la duda a los acusados”.
Tales discursos no parecen alterar el ánimo de sectores profesorales que prefieren las restricciones a las libertades civiles al peligro de que avancen los grupos de izquierda y la preferencia estudiantil por la “democracia participativa” que usan sistemáticamente para tomar sus decisiones. Esa actitud contrasta con la de los profesores que se oponen a la decisión del Gobierno de prohibir que se acepten estudiantes nuevos para la carrera de estudios hispánicos.
De igual forma, está por verse cuál será el papel que finalmente juegue el movimiento sindical, muchos de cuyos jefes apoyaron en el pasado nuevos impuestos y no lograron cuajar una resistencia duradera a los despidos masivos de trabajadores decretada por Fortuño, así como lo que harán algunos sectores de la izquierda que gestionan espacios con los autonomistas y hasta con el oficialismo anexionista.
Se trata de un panorama contradictorio y en el propio anexionismo se ha provocado una grieta tal que ha recibido un apoyo inusitado la candidatura para retar a Fortuño de un médico que propone resolver el conflicto universitario negociando con los estudiantes y estableciendo la educación gratuita en la universidad del Estado. De igual forma, legisladores oficialistas continúan sus contactos con los cabilderos estudiantiles en búsqueda de alguna fórmula que ponga fin de una vez por todas al conflicto y restablezca las aportaciones del Gobierno a la UPR, cuya merma provocó la deficiencia fiscal artificial y ha permitido que avance la agenda de los que prefieren una universidad más pequeña, más endeudada y más cara.
En el autonomismo pasa algo parecido y el poderoso alcalde de la ciudad de Caguas, William Miranda Torres, advirtió que ha llegado el momento en que el Gobierno de un “giro honorable” a su política de eliminar el nivel universitario del derecho a la educación para convertirlo en un privilegio, cosa que sostiene está muy errada. El alcalde del Valle del Turabo estuvo acompañado por líderes religiosos que proclamaron que los estudiantes son “un regalo de Dios”, que están abriendo para Puerto Rico “el camino de la espera y la esperanza” y que Cristo corría junto a los estudiantes cuando eran perseguidos a macanazos por la Fuerza de Choque.
Ante el cuadro tan complejo, uno de los principales sicólogos clínicos del país, Jorge Nogales, envió una carta apasionada a la Primera Dama, Lucé Vela, para que convenza a su marido de que “las batallas ideológicas que nos dividen no deben librarse sobre los cuerpos de nuestros jóvenes universitarios”. Nogales pidió que el Gobierno presente “una medida sencilla, pragmática”, como cuando en los años setenta se logró desactivar la violencia con sencillamente sacar del campus principal al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva del Ejército.
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