El organismo creado por el Gobierno francés para luchar contra la llamada 'piratería' audiovisual, Hadopi, anunció el inicio de la segunda fase de avisos a internautas que hayan efectuado descargas no autorizadas de Internet.
Los responsables de Hadopi explicaron que esta fase consistirá en el envío de una segunda advertencia a la dirección de correo electrónico del infractor y que irá acompañada del envío a su domicilio de una carta certificada, para asegurar la recepción del aviso.
Este segundo paso, explicaron en una rueda de prensa en París, irá seguido de un tercer y último aviso en el caso de que persista la descarga no autorizada de contenidos, tras lo cual el dossier será remitido a un juez, quien puede optar por cortar temporalmente la conexión al titular.
La entidad precisó que ha enviado un total de 70.000 advertencias hasta finales de diciembre, sensiblemente menos de que las que avanzó la prensa francesa en diciembre, y señaló que su intención es alcanzar los 10.000 avisos diarios a partir de junio de 2011, frente al ritmo de 2.000 actualmente.
Examen de expertos
La portavoz de la Comisión de protección de derechos de la organización, Mireille Imbert-Quaretta, recordó que Hadopi actúa a petición de las empresas titulares de derechos sobre las obras descargadas, si bien matizó que "no todas las demandas se traducen en el envío de un aviso" sino que éstas son examinadas por expertos del organismo público.
Asimismo, Imbert-Quaretta reiteró la voluntad de hacer "pedagogía" entre los usuarios de Internet, por lo que las medidas emprendidas están enfocadas a "ayudar al ejercicio de responsabilidad del internauta".
También explicó que el campo de actuación de la organización -centrado actualmente en la descarga de música y películas- podría ampliarse en el futuro a la de libros o videojuegos.
Países interesados
La presidenta de la entidad, Marie-Françoise Marais, recalcó que durante los tres meses en los que la organización lleva operando Hadopi ya ha recibido la visita de representantes de Canadá, Holanda, Bélgica o Dinamarca, entre otros países, para estudiar las medidas implementadas en busca de posibles soluciones análogas.
Según la normativa actual, el incumplimiento sistemático de la ley en materia de descargas supondrá el corte temporal de la conexión al titular, si así lo deciden los tribunales.
El sancionado, que tendrá que seguir pagando su conexión a Internet aunque no pueda utilizarlo y que no podrá cambiar de proveedor, podrá ser sancionado también con una multa de 1.500 euros.
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