El Poder Ejecutivo y el Frente Amplio acordaron ayer remitir al Parlamento un proyecto de ley único para hacer caer los efectos de la Ley de Caducidad a través de una norma interpretativa del numeral 20 del artículo Nº 85 de la Constitución.
Carrera contrarreloj. En octubre, la CIDH emitiría un nuevo fallo contra el Estado uruguayo.
Aún resta conocer si será el gobierno o la fuerza política la que presente la iniciativa, no obstante sería el Ejecutivo quien tendría la derecha para impulsarlo.
Finalmente hay humo blanco en la definición que tanto el gobierno como el Frente Amplio han venido manejando desde hace algunos meses respecto a hacer caer los efectos de la Ley de Caducidad. Tal como informara LA REPUBLICA, la opción que manejan tanto el Poder Ejecutivo como el FA, será la de impulsar una ley interpretativa de la Constitución. No será anulación ni derogación.
Ayer, integrantes de la Comisión Especial que analiza la elaboración de un texto par el proyecto se reunieron al mediodía con el canciller Luis Almagro y el secretario de la Presidencia Alberto Breccia, para coordinar acciones en tal sentido. Hubo coincidencia. Habrá un texto único, y será interpretativo de la Constitución.
El contenido acordado en esta comisión especial, y en el que estuvieron de acuerdo las autoridades del gobierno, se mantiene tal como venía manejándose desde el martes pasado cuando se reunieron los representantes del FA. Ahora, esta propuesta será llevada el próximo lunes a la Mesa Política del FA para ser aprobada.
La intención es que la propuesta ingrese al Parlamento lo antes posible, ya que en los primeros días de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos estará emitiendo su fallo que será contrario a la actual legislación uruguaya, en el entendido de que la vigencia de la Ley de Caducidad, atenta contra los derechos internacionales.
En caso de que el proyecto de ley interpretativa de la Constitución sea aprobado, seguramente en setiembre, estaría haciendo caer los efectos de la Ley de Caducidad.
La iniciativa elaborada por el FA consta de dos artículos. En ellos se interpreta el numeral 20 del artículo 85 de la Constitución que habla de los derechos humanos, por su parte, utilizando como insumo el artículo 72 de la Constitución. El mismo indica: "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno."
El abogado de la Vertiente Artiguista, Daoiz Uriarte, indicó que dentro de esos derechos está el de acceso a la justicia. "En tanto, la Ley de Caducidad es inconstitucional."
El futuro proyecto incluirá los conceptos de la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Sabalsagaray, así como el reconocimiento de que los tratados internacionales de derechos humanos deben incorporarse a la Constitución.
Los redactores pretenden con esta iniciativa que si un juez entiende que la Ley de Caducidad contradice las normas de derecho internacional deberá aplicar directamente esta última.
En tal sentido, a través de una ley, el Parlamento dispondrá que en todas las causas que hayan sido archivadas por un acto administrativo, el Poder Ejecutivo podrá continuarlas y desarchivarlas a sola petición del Ministerio Público o de la parte interesada. Ayer, integrantes de la Comisión Especial del FA destacaron el salto cualitativo de que la fuerza política y el gobierno se pusieran de acuerdo de presentar un texto único, ya que ambas partes iban en caminos similares.
Aclararon que la orgánica tendrá que respaldar el planteo (el documento ya fue elevado al presidente del FA, Jorge Brovetto) pero que será secundario si es el Poder Ejecutivo o la fuerza política la que lo presenta ante el Parlamento.
Incluso se especula con que quien decida este tema sea el propio presidente José Mujica.
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