Uno de los argumentos de los detractores de la dura ley contra la inmigración ilegal del estado de Arizona es que algunos ciudadanos estadounidenses podrían sufrir el acoso de la Policía. Sin embargo, diversos expertos legales dentro del ámbito de la inmigración temen que muchos residentes legales se enfrenten a una situación mucho más grave: su deportación.
Según los cálculos de Jackie Stevens, una investigadora de la Northwestern University, de los miles de personas que cada año deporta el gobierno de EEUU, algo menos de un 1% son ciudadanos estadounidenses que son expulsados de su país por error.
Aunque el porcentaje pueda parecer irrisorio, si tenemos en cuenta que la Inmigration Customs Enforcement (ICE) tiene previsto deportar este año a 400.000 personas, los estadounidenses deportados por error podría ascender en 2010 a varios centenares de personas. Es decir, cada día se podría deportar a un ciudadano por error durante este año, una cifra que sin duda aumentará cuando se empiece a aplicar la ley de Arizona.
En su blog 'States without Nations', Stevens denuncia el 'celo paranoico y el galimatías burocrático" que afecta a los juzgados que se dedican a manejar los casos relativos las deportaciones. En muchos casos, los juzgados no realizarían las investigaciones suficientes para certificar que los sospechosos de ser inmigrantes indocumentados no son residentes legales, y evitar que se produzcan errores.
Rachel Rosenbloom, profesora de la Northeastern University especializada en las leyes de inmigración, declaró a la CNN que el problema reside en que el sistema judicial busca sólo "conceder billetes a la deportación lo más rápido posible". Ello impediría que los procesos de deportación tengan las mismas garantías que los penales. De ahí que considere que se debería garantizar el acceso a un abogado de oficio a todas las personas en proceso de deportación.
El caso de Howen Francis
La CNN realizó el lunes un reportaje sobre uno de estos casos, el de Howen Francis, un joven descendiente de inmigrantes jamaicanos que fuedeportado a Jamaica en 1999 después de haber servido un año en la cárcel por un cargo de asalto. En concreto, Francis había sido condenado por lanzar piedras a otras personas con las que se había enzarzado en una pelea cuando tenía 18 años.
Después de cumplir su año de pena, en lugar de poder reencontrarse con sus familiares se encontró con una ingrata sorpresa: unos agentes le explicaron que estaba en proceso de ser deportado.
Empezaba así una pesadilla que duraría una década. Francis explicó a las autoridades que él creía que era ciudadano estadounidense, pues había nacido en el país, pero nunca había solicitado un pasaporte para viajar al extranjero, y no tenía ningún papel que lo demostrara.
Puesto que en un proceso de deportación no existe el derecho a acceder a un abogado, que podría haber ayudado a Francis a probar su tesis, el joven se encontró ante una difícil tesitura.
Debía escoger entre afrontar un encarcelamiento permanente, o bien firmar su deportación, y ser puesto en libertad en Jamaica, un país que nunca había pisado. Finalmente, optó por la segunda opción, y no fue hasta diez años más tarde, en 2009, que pudo volver a entrar en los Estados Unidos.
La agencia de inmigración envió a la CNN un mensaje en el que se asegura que "nunca expulsa a conciencia ciudadanos de EEUU", y que posee un "número de salvaguardas para evitar que ello se produzca".
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