El 'caso Hacienda', la supuesta trama de corrupción descubierta a finales de los años 90 que ha sentado en el banquillo más de ocho meses a altos cargos de Hacienda y empresarios, quedó visto para sentencia después de que los acusados ejercieran este miércoles su derecho a la última palabra, en uno de los juicios más largos de la historia de España.
La Fiscalía decidió en mayo mantener las penas de cárcel -126 años en total- que había solicitado para los acusados. Así, pide ocho años de cárcel para el empresario Josep Lluís Núñez Clemente, para su hijo -Josep Lluís Núñez i Navarro- y para el financiero Javier De la Rosa. Destacan también los 16 años de cárcel para el inspector jefe regional de Hacienda en Cataluña, José María Huguet, y los 12 años para el ex asesor jurídico del Grupo Torras-Kio, Juan José Folchi.
La mayor pena de prisión solicitada, de 22 años, es para el inspector Álvaro Pernas, mientras que para otro ex inspector, Manuel Abella, pide 19 años.
En sus informes finales, el fiscal Emilio Sánchez Ulled calificó la trama de "pelotazo financiero de empresarios del ladrillo" que defraudaron en complicidad de "altos cargos administrativos que se venden".
'Jamás' se verá toda la trama
Ulled añadió que es "una secuencia de instantáneas graves y sucias", y que "jamás" se llegará a ver la película entera, en referencia a que éste no es un caso de fraude fiscal, sino que el fraude fiscal vino dado, en muchos casos, porque los empresarios "tenían muchos cadáveres en el armario".
El fiscal explicó también que en el proceso se ha podido ver "una colección de caras de 'Yo no fui" de gente "que ha pervertido las normas de convivencia". "Juzgamos si los ciudadanos pueden confiar en las instituciones. Debemos limpiarlas", apostilló.
"Los que están aquí son partícipes del diseño del fraude fiscal", apuntó Ulled, aunque reconoció que probablemente hayan sido "poco ambiciosos", ya que la Fiscalía pidió desde un principio solo aquello que sabían que podían probar y, por lo tanto, es más que probable que falte gente.
En su intervención, Ulled diferenció entre dos vías de actuación de la trama: por un lado, los inspectores de Hacienda acusados, que obraban guiados por un cúmulo de intereses -"se necesitaban los unos a los otros para delinquir"-, o bien delinquían por su cuenta aunque había una necesidad de silencio de los demás "para no molestarse". "La cúpula de la inspección pública de Hacienda se puso en el mercado", sentenció el fiscal.
Por otro lado, Ulled distinguió entre las formas de actuar de las empresas imputadas; en primer lugar, el Grupo Torras -dirigido por Javier de la Rosa de 1986 a 1992 y cuyo asesor jurídico era Juan José Folchi, que "mantenía una implicación íntima con los funcionarios"-, que actuó por miedo a que con motivo de una inspección, se descubrieran "los chanchullos de altos vuelos que tenían por ahí".
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