Tras la firma del decreto de la Presidencia de Argentina por el cual se habilita el comienzo de los procesos penales y civiles contra los integrantes de la Asamblea de Gualeguaychú, el Obispo de Paraná, Mario Maulión, expresó de forma pública que buscará realizar "una gestión para mantener la fraternidad entre los pueblos".
El arzobispo de Paraná, Mario Maulión, abogó por un "acercamiento entre las partes", "en todo momento se trabaja en la búsqueda de un acercamiento entre las partes", dijo Maulión al destacar el compromiso de la Iglesia en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto y según publicó el portal en la web del diario argentino La Nación.
Maulión expresó en ese contexto que coincide con la postura del obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, quien también había sostenido "el compromiso de siempre velar por la fraternidad de los dos pueblos, pero acompañar los reclamos legítimos que tiene la ciudadanía".
"El contacto que se ha tenido con la provincia desde la Iglesia fue desde el obispo de Gualeguaychú, ya que es la zona afectada. Paraná también lo es, por ser la provincia, pero por sobre todo es en la zona del río Uruguay", explicó el obispo.
El decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner faculta al procurador general del Tesoro argentino, Joaquín Da Rocha, a iniciar la causa contra los integrantes de la asamblea, por el corte del puente internacional General San Martín. La denuncia es en contra de 25 asambleístas que se encuentran desde hace tres años y medio realizando el corte del puente y desde la Iglesia se insiste en trabajar en "la búsqueda de un acercamiento que no es fácil, pero que uno está continuamente intentando".
Según el portal argentino la prensa consultó al obispo sobre si él se ofrece de mediador entre los asambleístas y el gobierno argentino y respondió "no me gusta emplear la palabra mediación, sí una gestión, una actitud de acercamiento". "La mediación pareciera una palabra de que uno tiene un poder sobre cada una de las partes en litigio, yo creo que lo que cada uno está buscando en lo mejor del caso es cómo lograr un acercamiento mejor o mayor para que el asunto se arregle".
En tanto, desde la propia Asamblea no se ha expedido, ni realizado declaraciones al respecto.
Sí han emitido su postura las asambleas de Colón y de Concepción del Uruguay que enviaron un documento a la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, cuyo contenido expresa el repudio hacia la acción promovida por el gobierno nacional ante el corte de ruta que lleva adelante hace más de tres años el movimiento que tiene su sede en el sur entrerriano.
En el escrito, se menciona que "ante la situación planteada en la hermana ciudad de Gualeguaychú, entendiendo que sólo su comunidad puede decidir el modo de resistir el avasallamiento de sus derechos de vivir en un ambiente sano, nos manifestamos contrarios a toda acción represiva que se ejerza en Arroyo Verde".
Desde Colón, los asambleístas informaron que "en repudio y solidaridad, se estableció un alerta de movilización al puente General Artigas en caso de que se instrumente la represión a los que desde hace cuatro años se manifiestan en defensa de la vida, asumiendo una actitud digna, ante el atropello de Botnia-UPM y el Estado incumplidor de la República Oriental del Uruguay".
Consideran además que "en el gobierno (argentino) y en el Estado provincial radica la responsabilidad de mantener la paz social y la defensa de los verdaderos y legítimos intereses de la Patria", y recuerdan que "el único objetivo que se persigue en esta causa nacional es el derecho a la vida y a un ambiente sano, que exige que Botnia-UPM, instalada ilegalmente y contaminante, se retire del río Uruguay".
"NO ES UN CAPRICHO"
Asambleístas de Gualeguaychú afirman que "no es un capricho" mantener cortado el puente internacional que une esa ciudad con la uruguaya de Fray Bentos en protesta por la instalación de una pastera en el Río Uruguay. "Esto no es un capricho de Gualeguaychú de mantener la ruta cortada. Es un medida de fuerza que tiene una dirección: que es que el gobierno se haga cargo", dijo el asambleísta Juan Ferrari, señalado por la prensa como uno de los posibles denunciados por el gobierno por encabezar el corte de ruta.
Las declaraciones del manifestante a radio América son en respuesta directa a la acusación que formuló el miércoles el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, después de anunciar que el Poder Ejecutivo planeaba querellar a quienes mantengan cortado el paso a Uruguay.
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