La organización captaba clientes potenciales a través de otros tres ciudadanos de nacionalidad marroquí y libia, también imputados en la causa. Tras obtener el pago, la red ofrecía un contrato de trabajo en una empresa que carecía de actividad laboral. Los permisos de residencia se obtenían gracias a la falsificación de otros documentos, como informes médicos. Estos partes permitían certificar a los inmigrantes que llevaban más de dos años en el territorio y obtener así el permiso de residencia excepcional por arraigo. Los extranjeros compraban estos certificados a una red externa a la trama desarticulada por unos 700 euros, según fuentes policiales.
La causa, en la que hay imputadas 49 personas, sigue abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.
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