Gobierno busca el apoyo de los partidos para sacar adelante su reforma laboral

Don Giusepe...il capo di la maffia socialista

El Gobierno se reunirá a partir de hoy con los diversos grupos parlamentarios para intentar conseguir su apoyo al decreto-ley de reforma laboral que aprobará el Consejo de Ministros el próximo miércoles y contra el que ya se ha anunciado una huelga general.

En concreto, los sindicatos nacionalistas vascos han convocado una huelga general en Euskadi para el 29 de junio y, tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV) han manifestado que votarán en contra.

El texto del decreto, entregado el viernes a partidos y agentes sociales, tampoco ha gustado a la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que no quiso reunirse con el Ejecutivo para analizar la propuesta.

Mientras los sindicatos UGT y CCOO esperan que en las consultas con los partidos políticos se pueda suavizar su contenido, la CEOE señalaba que la reforma no contribuirá a la creación de empleo porque no se generalizan los contratos de despido con 33 días y no aclara "suficientemente" las causas del despido.

Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha instado al Partido Popular (PP)y a Convergencia i Unió (CiU) a que se pronuncien sobre su contenido y ha descartado que vaya a establecerse una nueva prórroga para alcanzar el acuerdo con los agentes sociales.

Blanco ha recordado a estos dos partidos que digan si no les gusta la propuesta del Gobierno, porque "estamos dispuestos a favorecer la creación de empleo, pero no dialogaremos sobre los derechos básicos de los trabajadores".
Escasos apoyos a la propuesta

Aunque el viernes el Gobierno creía contar con el apoyo de PP, CiU y PNV para poder convalidar la reforma laboral en el Congreso el día 22 de junio, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que sólo apoyarán aquellas reformas "que sean buenas para los trabajadores".

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local de los 'populares', Javier Arenas, expresó su apoyo a los cambios si incentiva la "flexibilidad" de las empresas para crear "estabilidad" en el empleo.

Sin las prisas de Blanco, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, planteaba al Gobierno que aplace unos días su aprobación, para evitar que sea un "churro" que "no satisface a nadie" y que tengan que ser los grupos parlamentarios quienes profundicen en los cambios propuestos.

El secretario general y portavoz de ERC, Joan Ridao, dijo que el Gobierno se estaba escorando hacia los planteamientos de la derecha para así poder convalidar el texto que ha trasladado a los grupos, muy distinto del existente en la mesa del diálogo social, que fracasó el jueves de madrugada.

Para el coordinador general de IU, Cayo Lara, la reforma supone un "recorte de derechos de los trabajadores" y considera que "hay razones más que suficientes" para que los sindicatos convoquen una "huelga general masiva".

Mientras, para el diputado de ICV, Joan Herrera, la reforma no sirve para generar ocupación y es una iniciativa más a través de la cual "la derecha económica y política está desmantelando el Estado del Bienestar en Europa".

Entre los detalles de la reforma planteada por el Gobierno, destaca la posibilidad de indemnizar con 20 días los despidos en empresas que tengan pérdidas durante más de un semestre o la creación de un fondo que serviría para sufragar parte de los despidos -modelo austríaco-.

Además, se generalizará el contrato de fomento del empleo -que tiene una indemnización por despido de 33 días en lugar de los 45 de los empleos indefinidos-, parte de cuyo coste se haría cargo el Estado, a la vez que se penalizaría la contratación temporal incrementando el coste de su despido, actualmente de ocho días.