La negociación del diálogo social tiene visos de romperse a la vista de la reacción de los sindicatos al último documento de la patronal, que les ha llegado a lo largo de esta tarde.
En el documento, la CEOE responde al último borrador del Gobierno y asegura que las arcas públicas podrían disponer de 15.302 millones de euros para asumir una rebaja de las cotizaciones empresariales de cincos puntos, un recorte que se ha convertido en el principal escollo de la negociación.
Además, propone abrir una segunda fase de diálogo social desde el 1 de septiembre para abordar reformas estructurales, como la laboral.
Rebaja de cotizaciones
La CEOE asegura que el margen presupuestario para la rebaja de cotizaciones podría obtenerse con recuperar el "exceso" de financiación empresarial por complementos de mínimos durante el período 2002-2009 (3.999,26 millones de euros), así como aplicar la separación de fuentes prevista en el Pacto de Toledo para las bonificaciones por contratación aplicadas desde el año 2006 (2.908 millones de euros en 2009).
Asimismo, la CEOE también suma a ese propósito los 3.800 millones adscritos al Fondo de Prevención, a partir de los excedentes de las mutuas, y los 4.595,63 millones de dotación al Fondo de Garantía Salarial.
Además, argumenta que la reducción de cotizaciones permitiría crear más empleo y mantenerlo, lo que sumado al ahorro en las prestaciones por desempleo, incluso "representaría para el conjunto del Estado un ahorro".
El documento de 16 páginas matiza el último borrador remitido por el Gobierno a la mesa del diálogo social, en el que el Gobierno mantiene como última oferta la posibilidad de reducir esas cotizaciones en 1,5 puntos. Según el Ejecutivo, la medida tiene un coste de cerca de 5.000 millones de euros, una barrera que el Ejecutivo no puede superar para no poner en peligro el sistema de las pensiones.
Una propuesta 'dura'
Los sindicatos han hecho una primera valoración del texto y consideran que la propuesta es "impresentable" e incluso "más dura" de lo que se había propuesto ahora. En cualquier caso, UGT y CCOO analizarán este jueves el documento en una reunión conjunta.
Sobre el segundo de los temas que ha centrado la negociación, el pago de 420 euros a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo y carezcan de rentas, CEOE asegura que es necesaria esa protección, pero no se pronuncia sobre el plazo de vigencia cantidad.
El Gobierno propone en su tercer borrador, del 13 de julio, que sea de seis meses, prorrogable a otros seis, dependiendo de la situación económica y para "nuevos destinatarios", mientras que los sindicatos quieren que sea de un año desde el principio.
De la reforma laboral, así como otras estructurales, la patronal dice que a partir del 1 de septiembre es necesaria una "segunda fase" de negociación, que abarque asuntos como la contratación, la flexibilidad interna de las empresas o la reforma de la negociación colectiva.
Los empresarios piden diferenciar las causas de extinción entre las que son imputables a la empresario y las que no lo son. También proponen negociar la mejora de la flexibilidad interna de las empresas en los despidos objetivos y solicitan la simplificación de los procedimientos administrativos en materia laboral y un mecanismo de flexibilidad para el contrato a tiempo parcial.
En materia fiscal, demandan que la propuesta de Zapatero de reducir en cinco puntos el Impuestos de Sociedades a las pymes sea durante tres años -frente a los dos ofrecidos por el Gobierno-.
Si no hay acuerdo...
En Moncloa se sigue apostando por alcanzar un pacto en el marco del diálogo social, ya que generaría confianza de cara al futuro, pero vista la actitud adoptada por los máximos responsables de la patronal, se trabaja ya en un escenario en el que no haya acuerdo.
En esa tesitura, el Ejecutivo está decidido a adoptar las reformas laborales necesarias y, advierten las fuentes, algunas podrían no gustar a la patronal, otras a los sindicatos y otras a ninguno de los agentes sociales.
Sin poner fecha a estas iniciativas, las fuentes insisten en que todo el coste de las medidas que se negocian en la mesa de diálogo social recae en el Estado, y no en los empresarios.
Quieren distinguir así también la actitud empresarial de la sindical, ya que mientras que la patronal se mantiene firme en sus posiciones, los representantes de los trabajadores han asumido puntos del acuerdo que, en principio, no apoyaban.
A pesar de que lo consideran insuficiente, los sindicatos podrían aceptar la propuesta del Gobierno de que los parados sin prestaciones cobren 420 euros al mes durante seis meses.
En el documento, la CEOE responde al último borrador del Gobierno y asegura que las arcas públicas podrían disponer de 15.302 millones de euros para asumir una rebaja de las cotizaciones empresariales de cincos puntos, un recorte que se ha convertido en el principal escollo de la negociación.
Además, propone abrir una segunda fase de diálogo social desde el 1 de septiembre para abordar reformas estructurales, como la laboral.
Rebaja de cotizaciones
La CEOE asegura que el margen presupuestario para la rebaja de cotizaciones podría obtenerse con recuperar el "exceso" de financiación empresarial por complementos de mínimos durante el período 2002-2009 (3.999,26 millones de euros), así como aplicar la separación de fuentes prevista en el Pacto de Toledo para las bonificaciones por contratación aplicadas desde el año 2006 (2.908 millones de euros en 2009).
Asimismo, la CEOE también suma a ese propósito los 3.800 millones adscritos al Fondo de Prevención, a partir de los excedentes de las mutuas, y los 4.595,63 millones de dotación al Fondo de Garantía Salarial.
Además, argumenta que la reducción de cotizaciones permitiría crear más empleo y mantenerlo, lo que sumado al ahorro en las prestaciones por desempleo, incluso "representaría para el conjunto del Estado un ahorro".
El documento de 16 páginas matiza el último borrador remitido por el Gobierno a la mesa del diálogo social, en el que el Gobierno mantiene como última oferta la posibilidad de reducir esas cotizaciones en 1,5 puntos. Según el Ejecutivo, la medida tiene un coste de cerca de 5.000 millones de euros, una barrera que el Ejecutivo no puede superar para no poner en peligro el sistema de las pensiones.
Una propuesta 'dura'
Los sindicatos han hecho una primera valoración del texto y consideran que la propuesta es "impresentable" e incluso "más dura" de lo que se había propuesto ahora. En cualquier caso, UGT y CCOO analizarán este jueves el documento en una reunión conjunta.
Sobre el segundo de los temas que ha centrado la negociación, el pago de 420 euros a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo y carezcan de rentas, CEOE asegura que es necesaria esa protección, pero no se pronuncia sobre el plazo de vigencia cantidad.
El Gobierno propone en su tercer borrador, del 13 de julio, que sea de seis meses, prorrogable a otros seis, dependiendo de la situación económica y para "nuevos destinatarios", mientras que los sindicatos quieren que sea de un año desde el principio.
De la reforma laboral, así como otras estructurales, la patronal dice que a partir del 1 de septiembre es necesaria una "segunda fase" de negociación, que abarque asuntos como la contratación, la flexibilidad interna de las empresas o la reforma de la negociación colectiva.
Los empresarios piden diferenciar las causas de extinción entre las que son imputables a la empresario y las que no lo son. También proponen negociar la mejora de la flexibilidad interna de las empresas en los despidos objetivos y solicitan la simplificación de los procedimientos administrativos en materia laboral y un mecanismo de flexibilidad para el contrato a tiempo parcial.
En materia fiscal, demandan que la propuesta de Zapatero de reducir en cinco puntos el Impuestos de Sociedades a las pymes sea durante tres años -frente a los dos ofrecidos por el Gobierno-.
Si no hay acuerdo...
En Moncloa se sigue apostando por alcanzar un pacto en el marco del diálogo social, ya que generaría confianza de cara al futuro, pero vista la actitud adoptada por los máximos responsables de la patronal, se trabaja ya en un escenario en el que no haya acuerdo.
En esa tesitura, el Ejecutivo está decidido a adoptar las reformas laborales necesarias y, advierten las fuentes, algunas podrían no gustar a la patronal, otras a los sindicatos y otras a ninguno de los agentes sociales.
Sin poner fecha a estas iniciativas, las fuentes insisten en que todo el coste de las medidas que se negocian en la mesa de diálogo social recae en el Estado, y no en los empresarios.
Quieren distinguir así también la actitud empresarial de la sindical, ya que mientras que la patronal se mantiene firme en sus posiciones, los representantes de los trabajadores han asumido puntos del acuerdo que, en principio, no apoyaban.
A pesar de que lo consideran insuficiente, los sindicatos podrían aceptar la propuesta del Gobierno de que los parados sin prestaciones cobren 420 euros al mes durante seis meses.
EL MUNDO-ESPAÑA
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