La propuesta del Ministerio de Sanidad para que solo se financien tratamientos de reproducción asistida a parejas heterosexuales
tiene muy difícil encaje constitucional. Los expertos definen la
iniciativa, que ha indignado a las organizaciones sociales y a la
oposición, como discriminatoria. “Permitir acceder a esta prestación
solo a determinados colectivos, en este caso a las parejas formadas por
hombre y mujer, es una discriminación vetada en la Constitución”, apunta
la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED Yolanda Gómez, que
considera el de la reproducción un derecho. A pesar de que el último
documento que manejan los consejeros autonómicos —que analizarán la
propuesta el martes para su aprobación— contempla solo este tipo de
parejas podrán acceder al servicio en la pública, un portavoz del
departamento de Ana Mato asegura que los criterios de acceso a la
prestación serán solamente científicos. “El único requisito será que se
padezca una infertilidad”, aseguró.
Aunque finalmente se modificara la medida para matizar los términos
que excluyen por ahora a mujeres solas y parejas de lesbianas, ese
criterio de esterilidad tampoco convence a los especialistas. “La
propuesta parte implícitamente de un entendimiento muy restrictivo de la
infertilidad, dirigido exclusivamente a la imposibilidad de
reproducción en pareja heterosexual, que supone una limitación para las
parejas y matrimonios homosexuales y para las mujeres solas”, argumenta
Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
del País Vasco, que recuerda la sentencia que declara constitucional el matrimonio homosexual.
“Un entendimiento avanzado de la infertilidad, a partir de la dignidad
de la persona consagrada en la Constitución, consiste en entender que
también cubre la de aquellas mujeres que, por cualquier razón, desean
ser madres y su situación, por vivir solas o por tener una pareja del
mismo sexo, no les permite engendrar por sí mismas”, dice.
“La propuesta parte de un entendimiento de la
infertilidad dirigido solo a la imposibilidad de concebir en parejas
heterosexuales”, dice un constitucionalista
El catedrático cree para que el criterio de acceso a esta prestación
que maneja el ministerio es inconstitucional. “Parece responder a una
visión determinada de la reproducción humana, siempre basada en la
pareja heterosexual, que conduciría, desde los poderes públicos (al
formar parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de
Salud) a una discriminación por orientación sexual, en el caso de las
lesbianas, y a una discriminación por la situación personal de las
mujeres solas. La razón de esta normativa no es médica sino ideológica. Y
por ello inconstitucional”, precisa.
Yolanda Gómez esboza argumentos similares. La catedrática, además,
explica que la ley de reproducción asistida de 2006 eliminó las
referencias que recogía la normativa de 1988, que establecían que esta
actuación médica se daría solo ante la esterilidad humana. “La ley
establece ahora que la mujer puede ser usuaria o receptora de las
técnicas con independencia de su estado civil y orientación sexual. Se
redactó así para cubrir no solo los casos de esterilidad médica sino
para que se hiciese posible el derecho a la reproducción humana de todas
las personas”, incide Gómez, que sostiene que el límite de edad que
propone Sanidad (40 años para las mujeres y 55 para los hombres) también
es “tajantemente discriminatorio”.
La propuesta que remitió el departamento de Ana Mato a las
comunidades autónomas para establecer los criterios de acceso a los
tratamientos de fertilidad en la sanidad pública establece como
requisito que los usuarios sean “parejas integradas por mujer y hombre”.
La medida ha indignado a la oposición que la criticó duramente. El
Partido Socialista pidió ayer la comparecencia de la ministra Mato para
explicar la propuesta que definieron como “injusta e incomprensible”.
“La decisión es pura ideología”, afirmó el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La secretaria de Igualdad del partido, Purificación Causapié, declaró
que el Gobierno discrimina hacia un “único modelo de familia”. La
portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, Contxita Tarruella, confía en
que el Ministerio de Sanidad corrija su propuesta y elimine los
criterios que excluyen a parejas de lesbianas y mujeres que acudan solas
a solicitar la prestación a la sanidad pública. “No se puede hacer un
debate de modelos de familia cuando se habla de carteras de servicios”,
dijo ayer.
“Este Gobierno cree que somos familias de segunda, y por tanto no
garantiza en igualdad nuestro derecho a tener hijos”, critica la vocal
de Igualdad de la Federación de Lesbianas Gais Transexuales y Bisexuales
(FELGTB,
Isabel Gómez). “El Ejecutivo del PP sigue volcando sobre nuestro
colectivo todo su odio, convirtiendo en ley la pura discriminación”,
afirma. “No se puede discriminar a nadie en virtud de su opción sexual.
Si hay reproducción asistida para unos debe haberla para todos”,
argumenta la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis,
Ángela Cerrillos.
La sanidad pública realiza unos 10.000 tratamientos de reproducción
asistida al año, según estimaciones de la Sociedad Española de
Fertilidad. Esta prestación es una de las más desiguales del sistema
nacional de salud: las listas de espera —en ocasiones de años— y los
criterios de acceso difieren no solo entre autonomías; también entre
centros. “Ahora que se establece una nueva regulación de cartera es el
momento de retirar las restricciones para clarificar la situación y dar
mayores garantías y seguridad jurídica a los potenciales demandantes de
servicios y a los profesionales”, dice el consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco.
Sin embargo, se unifica para recortar. “No parece que exista razón
alguna salvo la puramente ideológica para excluir de los tratamientos a
las parejas del mismo sexo o a las mujeres solas”, dice.
“Debemos tener los mismos derechos que todos los
ciudadanos, y eso incluye el acceso a esta prestación”, reclama la
portavoz de Madres Solteras por Elección
También la consejera andaluza, María Jesús Montero,
criticó la medida y aseguró que si finalmente se aprueba el documento
tal y como está redactado actualmente, no dejará de atender a las
mujeres solas o las parejas de lesbianas que están en lista de espera en
los centros andaluces que las atienden. La consejera cree que la
exclusión rompe el criterio de igualdad de oportunidades. “Quien tenga
dinero podrá someterse al tratamiento en clínicas privadas porque desde
un punto de vista legal no hay ningún problema”, dijo ayer.
“Solo está bien vista la familia convencional. Cuando los
monoparentales o los homoparentales queremos tener hijos se nos dice que
no es una necesidad sino un deseo; y que por tanto nos lo gestionemos
por nuestra cuenta. Parece que ahora el Gobierno pondrá esa premisa por
escrito”, dice Mariluz Vázquez, de la asociación Madres Solteras por Elección.
Vázquez apunta que el tratamiento de fertilidad en una clínica privada
–al que muchas por las barreras que ya pone el sistema, criterios de
edad o imposibilidad de espera a la pública recurren-- puede ser un
obstáculo insalvable: “Una inseminación puede costar 1.500 euros por
intento y una fecundación in vitro entre 4.000 y 6.000. Eso es
un veto y nosotras debemos tener los mismos derechos que todos los
ciudadanos, y eso incluye el acceso a esta prestación”.
