El principio del libre mercado europeo llega a la asistencia
sanitaria. El Consejo Interterritorial de Sanidad tiene previsto aprobar
la próxima semana el proyecto de real decreto que establece las normas
para la atención sanitaria transfronteriza. Según el texto, cualquier
español tendrá derecho a tratarse en otro país de la UE con cargo a su
comunidad autónoma y los europeos podrán venir a España a recibir
atención, pagarla y reclamar luego el importe a su país. El texto
considera que alrededor de 50.000 españoles que llevan en lista de espera para operarse más de 180 días
(el plazo máximo establecido para 700 procedimientos quirúrgicos)
tendrán derecho a ser operados fuera y exigir el reembolso a su
comunidad. Si el 10% de estos pacientes elige esa opción, que es lo que
calcula el Gobierno, a las comunidades autónomas les costará 27,5
millones de euros al año.
La norma que ultima el Ministerio de Sanidad adapta a España la directiva europea de atención sanitaria transfronteriza,
aprobada en 2011 y que promueve la libre movilidad de pacientes dentro
de la UE. El decreto entrará en vigor en octubre y ha creado grandes
expectativas entre los hospitales privados españoles, que se preparaban
desde hace meses para recibir a pacientes extranjeros que quieran venir a
España a tratarse con cargo a la sanidad pública de su país.
Pero la movilidad funcionará también en sentido contrario: los
españoles que opten por recibir fuera de España un servicio incluido en
la cartera básica de salud podrán acordar con el centro que quieran esta
atención, abonarla de su bolsillo y exigir luego el reembolso a su
comunidad autónoma o a las mutualidades de funcionarios. Esta opción,
pues, solo estará al alcance de los ciudadanos que puedan pagar la
intervención por adelantado, una condición que exige el proyecto de real
decreto que verá la próxima semana el consejo interterritorial. Además,
las comunidades solo tendrán que pagar el importe correspondiente a lo
que le hubiera costado esa atención en su territorio y será el paciente
el que deberá que abonar la diferencia si elige tratarse en un país más
caro.
La libre elección será total para la mayoría de los tratamientos que
no requieran hospitalización, ya sean intervenciones de cirugía mayor
sin ingreso (como la mayoría de las cataratas, los juanetes o las
extirpaciones de hernia), pruebas diagnósticas o tratamientos, por
ejemplo, de rehabilitación.
El proyecto pone en evidencia una gran paradoja: un ciudadano de
Madrid no puede optar por operarse en otra comunidad autónoma o en un
hospital privado y pasarle la factura a la sanidad madrileña, pero sí
podrá hacerlo en un centro de otro país de la UE. “En los términos
actuales de legislación española y comunitaria, un paciente español
tendría derecho al reembolso de una intervención en territorio europeo
pero no al de una realizada por un hospital privado español”, advierte
el texto, que admite que esto supone una “diferencia de trato” que puede
originar reclamaciones económicas.
Las intervenciones que requieran pasar al menos una noche de hospital
y las prestaciones más complejas sí necesitarán autorización previa por
parte de la comunidad autónoma. Y, para evitar que los pacientes se
salten las listas de espera, el decreto establece entre las causas de
denegación del permiso aquellos tratamientos que en su comunidad se
puedan prestar en un plazo que sea “médicamente justificable”, un
criterio subjetivo pero que se intenta afinar con una evaluación clínica
y, en el caso de las operaciones, tomando como referencia los 180 días de plazo máximo que garantizan las comunidades para 700 procedimientos quirúrgicos.
La atención a extranjeros que quieran tratarse en España no supondrá,
en principio, un coste extra para las comunidades. Adelantarán el
importe y sus países lo reembolsarán después. Pero el texto sí alerta
del peligro de que esta asistencia acabe repercutiendo en un incremento
de las listas de espera para los españoles. Supondría, advierte la
norma, un “deterioro de la situación” que se traduciría en un coste “no
valorable en términos monetarios sino de pérdida de confianza y eficacia
del sistema”.
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