El tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA),
uno de los dos principales centros clandestinos de detención de la
última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983), ha comenzado
hace dos semanas, pero aún no se ha acabado la lectura de las
acusaciones contra los 68 imputados. Es el mayor proceso judicial que se
ha hecho contra el régimen, en el que se juzgarán delitos de lesa
humanidad contra 789 personas, la mayoría de ellas víctimas de los
llamados vuelos de la muerte. Durará dos años y declararán casi 900 testigos.
Quien caía secuestrado por la dictadura podía tener tres destinos: que lo liberaran después de unos días o unos años, que lo fusilaran o que muriera en plena tortura o como punto final de esta.
Los cuerpos eran enterrados como NN, o entregados a sus familiares como
guerrilleros muertos en combate o arrojados al Río de la Plata, al
Atlántico o al delta del río Paraná. Cuando un detenido salía de la ESMA
con rumbo al vuelo final, se decía que era traslado, pero sus
compañeros de cautiverio no sabían qué le iba a suceder. “El traslado
era un enigma, había un silencio sepulcral”, cuenta Ana María Careaga,
superviviente de otro centro clandestino de detención, El Atlético, e
hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que estuvo en
la ESMA y murió en uno de los vuelos de la muerte. Los marinos
llevaban en camiones a los detenidos hasta el cercano aeropuerto de
Buenos Aires para vuelos domésticos, el Jorge Newbery, u otras bases
aéreas y desde allí partían vuelos pilotados por integrantes de la
Armada o de la Prefectura Naval (policía de mares y ríos). Las víctimas
eran drogadas con pentotal, un barbitúrico que las sedaba por completo
pero por poco tiempo. Alguien los empujaba del avión desnudos, atados de
manos y pies, encapuchados y golpeados.
Solo algunos cuerpos fueron encontrados e identificados, como el de
la madre de Ana Careaga, Esther Ballestrino, y el de otras cuatro
mujeres que con ella integraban el grupo de los 12, que se reunían en la
iglesia porteña de Santa Cruz para organizar la búsqueda de
desaparecidos y que fueron secuestrados después de que el marino Alfredo
Astiz, El Ángel Rubio, se infiltrara entre ellos. Entre esos
restos identificados en 2005 figuran los de otras dos fundadoras de
Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y María Ponce, y el de una de
las dos monjas francesas de aquel grupo, Leonnie Duquet. “Las monjitas
voladoras”, bromeaban los marinos en la ESMA, orgullosos de haber
inventado un nuevo método de exterminio.
En el segundo proceso de la ESMA se juzgó el secuestro y la tortura
de los 12 fallecidos de la Santa Cruz, pero en este tercer proceso se
juzgarán los vuelos en los que murieron. El hallazgo de aquellos cuerpos
sirvió como prueba contundente de lo sucedido. A partir de ellos se
descubrió que las víctimas morían al impactar en el agua. Se supone que
la mayoría de los desaparecidos de la ESMA sufrieron el mismo destino,
con algunas excepciones, como la del eximio periodista Rodolfo Walsh,
militante de la guerrilla peronista Montoneros abatido a tiros en la
calle. El cuerpo de Walsh fue mostrado a los prisioneros de la ESMA.
Algunos de los responsables de su asesinato fueron condenados en el
segundo juicio sobre este centro, pero otros acusados serán juzgados en
el tercer proceso.
En el primer juicio de la ESMA solo había un acusado, que se suicidó
en 2007. En el segundo, en cambio, fueron sentenciados 16 exmilitares y
expolicías por 85 casos de terrorismo de Estado. En este tercer proceso
se juzgarán todos los demás delitos cometidos en esa escuela del horror
que aún no han sido condenados, como secuestros, torturas, homicidios,
robos de hijos de desaparecidas y trabajo esclavo (algunos prisioneros
eran obligados a cumplir tareas para el régimen, como en el gabinete de
prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores). Solo quedarán
pendientes para otros juicios los robos de bienes de los secuestrados.
La mayoría de los condenados en el segundo juicio han vuelto al banquillo en el tercero. Están Jorge Acosta, alias El Tigre; Astiz;
Juan Antonio Azic, que se adueñó de la hija de desaparecidos y actual
diputada opositora Victoria Donda; Adolfo Donda, tío de esta dirigente
política, y Ricardo Cavallo, que estuvo detenido en España entre 2001 y
2008 por orden del entonces juez Baltasar Garzón. Entre los nuevos
imputados aparecen el exsecretario de Hacienda de la dictadura Juan
Alemann, acusado de presenciar tormentos contra un guerrillero que había
atentado contra él; los presuntos pilotos de la muerte Enrique de Saint
Georges, Mario Arru, Emir Hess, que confesó a un exempleado suyo que
las víctimas “caían como hormiguitas”, y Julio Poch, que también admitió
su autoría a compañeros de trabajo en una compañía aérea holandesa.
También hay otros ya condenados en el juicio que este año se hizo por el
plan sistemático de robo de niños, como el médico militar Jorge
Magnacco.
Por la ESMA pasaron 5.000 secuestrados. Entre las desapariciones que
se analizarán en este tercer juicio figuran las del hermano y la madre
del actual diputado kirchnerista Dante Gullo —el primero militante
peronista y la segunda, una italiana que perdió la vida buscando a
presos políticos—, así como sus dos hijos; la joven militante peronista
Alicia Alfonsín, que dió a luz en la ESMA al bebé robado Juan Cabandié,
que recuperó su identidad en 2004 y es diputado del Parlamento de Buenos
Aires por el kirchnerismo; Norma Arrostito, fundadora de Montoneros; el
padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini, que era
fiscal y buscaba a un hijo desaparecido; el hermano de la exdiputada
Liliana Chiernajowsky, que también fue detenida por el régimen; la adolescente Dagmar Hagelin, argentina de origen sueco cuyo caso llevó a que casi rompieran relaciones Buenos Aires y Estocolmo en 1977.
También se juzgará la desaparición de Elena Holmberg,
una diplomática que había sido enviada a la Embajada argentina en París
para contrarrestar la información en contra de la dictadura y cuya
familia sospecha que se enteró de la corrupción del entonces jefe de la
Armada, Emilio Massera —por eso debió de regresar a Buenos Aires—, y su
cuerpo fue hallado en el delta del Paraná. Otras desapariciones son la
de hija de uno de los principales dirigentes del organismo de derechos
humanos, el fallecido Emilio Mignone, que era un catequista de un barrio
pobre; los dos hermanos de la actual diputada opositora Norma
Morandini, ambos militantes peronistas; María Hilda Pérez, montonera que
dio a luz en cautiverio a Victoria Donda; los montoneros Orlando Ruiz y
Silvia Dameri y sus tres hijos robados, una de las cuales también acabó
apropiada por Azic; y la hija del periodista, poeta y montonero
desaparecido Paco Urondo, que también era una militante de esa
guerrilla.
Se juzgarán también casos de supervivientes de la ESMA, como Myriam Lewin,
periodista de investigación del Grupo Clarín; el secretario de Culto,
Guillermo Oliveri; Carlos Lordkipanidse, militante del peronismo
revolucionario que en un interrogatorio bajo tortura vio cómo Azic
sometía a su bebé a la picana eléctrica; y los sacerdotes jesuitas
Francisco Jalics y Orlando Yorio, este último ya fallecido, que en su
momento acusaron al actual arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio,
de haberles tachado de guerrilleros ante las autoridades militares.
