Los hechos recogidos en la sentencia del caso de corrupción Treball
prueban que durante los años 1994 y 1995, con CIU en el poder, el
entonces secretario general del Departamento de Trabajo de la
Generalitat, Josep Maria Servitje desvió 46.157,73 euros encargando
informes falsos al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña. Por ese
delito de prevaricación y malversación de caudales públicos ambos fueron
penados con cárcel e inhabilitación. Nunca fueron a prisión. El Gobierno les indultó en marzo pasado.
Mantuvo la inhabilitación pero les quitó las penas de cárcel y las
conmutó por una multa. Se argumentaron “razones humanitarias”.
En el contexto de crisis y con cientos de políticos imputados en los últimos años, las medidas de gracia a los condenados por el caso Treball
han sido de las más polémicas este año. A estos indultos hay que añadir
los del exalcalde y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Abdalajís
(Málaga) por otro caso de prevaricación y el indulto a los Mossos d'Esquadra condenados por torturas.
La Administración de Rajoy no es la única que indulta a políticos y
funcionarios. Desde 2000 hasta ahora, los Gobiernos de José María Aznar,
José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han concedido 226 perdones
a condenados por delitos contra la Administración pública (de un total
de 4.500 concedidos). Este periódico ha revisado los indultos publicados
en el BOE durante los últimos 13 años relativos a las principales
infracciones de este tipo, y los resultados son los siguientes: 25
indultos por prevaricación; 107 por malversación de caudales públicos y
16 por cohecho.
Para saber si es mucho o poco, habría que comparar esas cifras con el
número de condenas por estos delitos. El catedrático de Derecho Penal
de la Universidad de Alicante Antonio Doval lo ha hecho en un estudio publicado junto a otros cuatro autores en enero.
Su conclusión es que los delitos contra la Administración pública son
los que más se indultan proporcionalmente. Comparando el número de
indultos de 2000 a 2008 con el de personas penadas por cada tipo de
delito en esos años, las infracciones más indultadas, son, por este
orden: los delitos contra la Administración pública (1,6% de los
penados), el homicidio y sus formas (1,5%), las falsedades (1,3%), los
delitos contra el patrimonio (0,4%) y las lesiones (0,3%).
Por lo general el indulto es un perdón parcial para evitar que el condenado ingrese en prisión.
Pero, cuando se trata de políticos y funcionarios, en muchas ocasiones
va más allá y alcanza también a la pena de inhabilitación o suspensión
para empleo o cargo público. El indultado puede volver así a su puesto
como si nada hubiera sucedido. Dentro de los indultos analizados por
prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos de los
últimos 13 años, el indulto alcanzó la pena de inhabilitación o
suspensión en más de la mitad de los casos.
Ocurrió por ejemplo con el alcalde del municipio barcelonés de Santa
Susanna, Joan Campolier, de CIU. Los tribunales le condenaron en 2003
por haber prevaricado al conceder la construcción de un pabellón a un
amigo suyo. La pena era de ocho años y siete meses de inhabilitación
especial para empleo o cargo público. Sin abandonar el cargo, Campolier
recurrió la sentencia. Los tribunales no le hicieron caso pero sí el
Gobierno de Zapatero, que en 2006 le concedió el indulto parcial dejando
la pena en cuatro años. Campolier no dimitió hasta 2007. Una vez que
cumplió la condena, volvió a presentarse a las elecciones. En 2011 se
convirtió nuevamente en alcalde de la localidad. “Eso fue un asunto
puramente administrativo. El indulto lo pidieron los vecinos del pueblo,
que entendieron que no era justo, y yo acepté”, responde Campolier por
teléfono.
Algo parecido sucedió con José María Peña San Martín. El exalcalde de
Burgos, del PP, fue condenado en 1992 a 12 años de inhabilitación,
también por prevaricación. Los tribunales demostraron la concesión
irregular de licencias municipales en el llamado caso de la construcción
de Burgos. El indulto le vino en 2000. El Gobierno de Aznar le quitó
dos tercios de la condena y Peña San Martín pudo presentarse nuevamente a
las elecciones por la formación política Solución Independiente. No
ganó, pero sí volvió a la política como concejal. Este periódico no ha
conseguido contactar con Peña, ya retirado de la política.
También pudo presentarse a las elecciones municipales pasadas en Carboneras (Almería), Cristóbal Fernández,
el exalcalde socialista que dio las licencias para que se construyera
en primera línea de playa El Algarrobico, uno de los escasos lugares del
Mediterráneo que permanecía virgen. Los jueces le inhabilitaron en 2006
por un delito electoral pero el indulto del Gobierno de Zapatero le
permitió presentarse otra vez. No consiguió ser alcalde.
Expertos consultados señalan que la práctica del indulto se ha ido
deformando con el paso de los años. Consideran lógico que se conceda
como medida de gracia la eliminación de penas de prisión por motivos
humanitarios, pero explican que debería quedar fuera la inhabilitación,
pensada para que el condenado no pueda volver a presentarse.
El debate está abierto. Partidos como Izquierda Unida y Compromís han
presentado propuestas en el Congreso para que no se indulten los
delitos de corrupción. También lo ha hecho el PSOE, a pesar de haber
gobernado en los últimos ocho años sin haber introducido límite alguno
al derecho de gracia. “El indulto se está usando para enmendar la plana a
los jueces cuando debe ser un recurso muy excepcional”, explica Mónica
Oltra, diputada autonómica de Compromís. “No puede permitirse que el
poder lo utilice para perdonar a políticos o a las Fuerzas de Seguridad
del Estado. El Gobierno no puede ser juez y parte”.
El Ejecutivo de José María Aznar disparó los indultos para estos
delitos en 2000 (fueron 85). El número total de perdones fue mayor que
cualquier otro año: 1.732. Era año jubilar y había muchas peticiones
pendientes, según explicó el entonces ministro de Justicia, Ángel
Acebes.
Ese año, el entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, pidió explicaciones por un perdón en concreto: el concedido a
Javier Gómez de Liaño, juez condenado por prevaricación —en este caso
era un delito contra la Administración de justicia—. Se indignó porque
Acebes argumentara que nadie podía inmiscuirse en el derecho de gracia.
“Todos los actos del poder ejecutivo se controlan por los tribunales”,
respondió Zapatero. “Esa es la esencia de la democracia y del Estado de
derecho. Resulta insólito que haya que repetir estas cosas”. Cuando
llegó al poder, en 2004, sin embargo, siguió ejerciendo la facultad de
indultar de la misma forma que lo había hecho su predecesor: sin dar
explicaciones y sin someterse a ningún control. Durante sus dos
legislaturas fueron indultados más de 100 delitos contra la
Administración Pública. Su Gobierno indultó el año pasado al político Juan Hormaechea,
condenado a tres años de prisión y 14 de inhabilitación por
prevaricación y malversación cuando era presidente de Cantabria. Salvo
la excepción de 2000, las cifras de Gobiernos populares y socialistas
son similares.
El de Mariano Rajoy ha indultado en nueve ocasiones a condenados por
delitos contra la Administración pública (cuatro por prevaricación, uno
por malversación, dos por ambos delitos, otro por omisión del deber de
perseguir delitos y un último por fraude).
Sobre los cuatro indultos al exalcalde Tomás Gómez Arrabal y los tres
concejales de Abdalajís, condenados por prevaricación —por haber
concedido licencias de obra sin seguir el procedimiento legalmente
establecido—, un portavoz del Ministerio de Justicia dice que se
concedieron porque ninguno de ellos se había lucrado —y que así constaba
en la sentencia—, y porque el perdón tenía el respaldo de todos los
grupos políticos del municipio (PP, PSOE e IU). Del perdón a Josep Maria
Servitje y Victor Manuel Lorenzo Acuña se dan menos explicaciones. “Ese
caso lo heredamos del Gobierno anterior”, señala el portavoz. Pero no
ofrecen ninguna razón de por qué decidieron indultarlos.
Justicia asegura que este Gobierno, como regla general, no indulta la
inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público en este tipo de
delitos. En los casos de este año, efectivamente, no lo ha hecho.
Aunque sí se quitó esta sanción, junto a la de prisión, a los Mossos
d'esquadra condenados por torturas.
Unas llamadas que engrasan un caso
El Ministerio de Justicia recibe cada año unas 6.000 peticiones de indulto de media y concede unas 400. Las solicitudes las pueden hacer los propios afectados, sus abogados o bien terceros, y se dirigen a la Subsecretaría de Justicia, que tiene una división de derecho de gracia. Sus funcionarios tienen muchos años de experiencia en la tramitación de indultos y saben qué peticiones no tienen posibilidades de prosperar. Según Justicia, el procedimiento está “muy engrasado”.Es el ministerio el que eleva las propuestas al Consejo de Ministros. La mayoría de ellas, relacionadas con delitos menores de tráfico de drogas, ni siquiera se debaten, sino que pasan a ser aprobadas según el criterio del Ministerio de Justicia y son finalmente concedidas por el Rey. En estos casos, y si no se conoce a nadie influyente, es fundamental la pericia y el interés del abogado, que debe recabar todos los avales que pueda para apoyar su petición. Eso va desde movilizar a unos vecinos hasta tratar de conseguir el respaldo de la víctima o el interés de los medios de comunicación.
Hay otras propuestas más delicadas. Son las que generalmente son cuestionadas por los ciudadanos por el evidente vínculo entre el indultado y el poder político. Esos casos suelen arreglarse con una llamada, a veces con muchas más. “Yo estuve llamando y enviando cartas al ministro [del PP José María] Michavila, pero no me hizo caso”, dice por teléfono el socialista Bartolomé Soler Cano, exalcalde de Antas (Almería), que durante la conversación telefónica defendió varias veces su inocencia. “Lo que habían hecho conmigo fue una calumnia enorme”.
Soler Cano fue condenado en 2000 por un delito de prevaricación a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. Según la sentencia, se negó a dar documentación a la oposición. “Eso era falso. Yo me sentí muy dolido con aquello. Había estado de alcalde 14 años y siempre fui honrado. “Cuando llegó [a Justicia Juan Fernando] López Aguilar llamé muchas veces pidiéndoles el indulto porque yo quería seguir en política. Llorándoles mucho me lo dieron en 2005”. Soler Cano volvió a presentarse en 2007 pero no consiguió la concejalía. “Me puse a trabajar en una inmobiliaria con un sueldo de 1.200 euros. Podría haber cobrado comisiones por la venta de pisos pero siempre fui honrado”, dice por teléfono el exalcalde, ya jubilado.
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