La última iniciativa del Gobierno del PP en materia de orden público
—prohibir la toma de imágenes de policías mientras hacen su trabajo— ha
soliviantado a los movimientos sociales, a los partidos de la oposición y
a los juristas, que en su mayoría la consideran contraria a la
Constitución. Para muchos de ellos, esta suerte de censura persigue el
mismo objetivo que otras medidas ya anunciadas, como el endurecimiento
del Código Penal: disuadir a los manifestantes en un clima de creciente
descontento social.
Aunque todavía hay muchos interrogantes sobre el proyecto, el
director general de la Policía, Ignacio Cosidó, avanzó el jueves los
puntos clave. El fin es impedir que se difundan en Internet y en las
redes sociales ciertas imágenes de funcionarios que puedan poner en
riesgo su integridad o vulneren el derecho a su intimidad y su propia
imagen. El Gobierno pretende modificar la Ley de Seguridad Ciudadana y
prohibir “la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o
datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus
funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la
operación que están desarrollando”.
“Es una medida claramente inconstitucional, que colisiona con el
derecho a la información”, opina el catedrático de Derecho
Constitucional Javier Pérez Royo. A su juicio, esa prohibición solo
podría decretarse en casos en los que, de forma muy evidente, pongan en
riesgo su vida o su seguridad. Cosidó no especificó en qué supuestos
podrá vetarse la grabación de imágenes. Fuentes de Interior pusieron
como ejemplo operaciones contra el terrorismo o el crimen organizado.
Pero no aclararon qué ocurrirá en el caso de las manifestaciones contra
los recortes sociales, que van en aumento.
“Lo que pretenden, en el fondo, es evitar que haya testigos de una
actuación policial que pueda ser desproporcionada. Y la forma de saber
si lo ha sido es a través de los medios gráficos”, abunda Pérez Royo. En
una línea similar se expresa Jaume Asens, abogado barcelonés ligado a
los movimientos sociales: “Se trata de dar impunidad institucional a los
excesos de la policía. Esta concepción estrecha de miras pone a los
policías por encima de la ley y los deja fuera de la mirada pública”.
El PP pretende “disuadir” a los ciudadanos de ir a manifestaciones
La iniciativa genera dudas: ¿Quién, cómo y por qué decidirá cuándo se
pueden tomar imágenes? Interior solo dispone, por ahora, de un
documento de trabajo que no trata ese extremo. Para algunos abogados,
como el penalista Javier Melero, ahí radica uno de sus principales
problemas. “Puede dar lugar a abusos. En una situación de crispación,
como una protesta, ¿el policía podrá hacer una ponderación normativa y
tomar la decisión correcta?”, se pregunta. “Puede sentirse intimidado y
prohibirlo”, abunda Melero, que subraya el “efecto intimidatorio” sobre
quien capta imágenes, ya que se le podría exigir ser identificado.
Otro aspecto problemático, señala Melero, es prohibir la “captación”
de imágenes solo porque esta puede obstaculizar la actuación policial.
“Esto es muy sutil. Hay una presuposición de que el policía hará una
valoración adecuada. Lo que no puede ser es que se prohíba por una mera
sospecha de obstaculización, ha de ser un peligro real”, añade.
Que la medida sobrepasa los límites de la Constitución es algo que
también respaldan algunas asociaciones de jueces y fiscales. Maria
Moretó, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, lo tiene claro: la
medida del Gobierno es una “reacción” para “disuadir” las
movilizaciones ciudadanas que “ha habido y habrá contra los recortes y a
la vista del empobrecimiento del país”.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, afirma
que la medida es “desproporcionada” y vulnera el derecho a la
información. Sobre todo si, como pretende el Gobierno, la prohibición se
acuerda con carácter general, y no excepcional. Los ciudadanos,
defiende Bosch, tienen derecho a “comunicar y recibir imágenes” por
cualquier medio y a denunciar posibles abusos o excesos policiales.
“Siempre será lícita la filmación de un acto delictivo por parte de la
policía”, subraya Melero.
“Cuando hay una imagen gráfica, el policía puede llegar a ser
sancionado. De lo contrario, ante la denuncia de un ciudadano, sin
imágenes, su versión siempre se puede cuestionar, ya que queda
confrontada a la del agente”, opina el penalista Carles Monguilod, quien
añade que la medida del Gobierno sirve más para “dar impunidad ante
posibles excesos” que para proteger a unos policías que ya van
uniformados y, en algunos casos —como los antidisturbios— cubren su
rostro y ocultan su identidad.
El veto podría colisionar con el derecho a recibir información
“El derecho a comunicar información veraz es uno de los pilares del
Estado”, dice el abogado Jordi Bertomeu García, quien considera que la
legislación ya ofrece “mecanismos suficientes de protección” para los
agentes.
“Hay que valorar si existen fórmulas que permitan compatibilizar el
derecho a la información con el buen funcionamiento de las operaciones
policiales y el derecho a la intimidad y a la integridad física de los a
los agentes”, manifiesta Marc Molins Raich, del despacho Roca Junyent.
Molins cree que esa vía es posible porque “hoy en día, cualquier
programa informático permite difundir imágenes protegiendo la intimidad
de sus protagonistas”, por lo que considera que, “tal vez”, la
prohibición de Interior es innecesaria y bastaría con redactar un
protocolo dirigido a los medios de comunicación.
Pero con teléfonos móviles y cámaras domésticas cualquier ciudadano
es ya transmisor de información a través de Internet y las redes
sociales; además, la multiplicación de plataformas complica la
persecución en la Red. Eso preocupa al Ministerio del Interior, la
aparición incontrolada de imágenes de policías. Ocurrió, por ejemplo, en
las protestas del 29-M en Barcelona, cuando agentes de los Mossos
d’Esquadra que iban de paisano fueron identificados. Sus nombres y sus
caras se difundieron por la red.
Los medios, señala el catedrático Pérez Royo, gozan de una protección
reforzada. Pero el derecho de información (a recibirla y a
transmitirla) también incumbe al particular. Este puede colgar una
fotografía y un vídeo en internet y acompañarlo, por ejemplo, de un
comentario. En este caso, está ejerciendo su libertad de expresión, por
lo que la medida anunciada por Cosidó también podría, eventualmente,
entrar en colisión con este otro derecho fundamental.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), Elsa González, advierte de que el anuncio “suena a
censura” y priva a los ciudadanos del derecho a una información veraz.
González considera que se hurta ese derecho con el pretexto de proteger a
los policías y recuerda que estos deben ir siempre identificados. “No
somos partidarios de ninguna norma restrictiva, sí de la autorregulación
responsable”.
Una de las preocupaciones de los sindicatos policiales —que ha
atendido el ministerio— es que las imágenes tomadas en las
intervenciones policiales puedan utilizarse después, en las redes
sociales, como forma de escarnio. O, lo que es más grave, que sirvan
para instigar una campaña de acoso contra determinado policía, en el
caso en que se llegue a conocer su nombre e identidad. Interior
pretende, en todo caso, “buscar un equilibrio”, según Cosidó.
El viernes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, remachó
la idea lanzada la víspera por su director general: el ordenamiento
jurídico, dijo, “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el
respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para
atentar contra el honor o poner en peligro la seguridad de los
ciudadanos y de los policías. Fernández Díaz admitió que los derechos de
información y expresión son “condición necesaria para la buena salud de
la democracia”. Pero añadió que estos derechos pueden “pervertirse” y
convertirse en “lesión al derecho al honor” e incluso en un “instrumento
para perturbar la seguridad ciudadana”.
Para el presidente de la conservadora Asociación de Fiscales (AF),
Antonio Roma, una cosa es tomar imágenes de un policía y, otra muy
distinta, darles un uso inadecuado. “No puedo usar una imagen para hacer
escarnio o iniciar una persecución contra un funcionario”. Roma señala,
además, que no está de acuerdo con que los policías tengan que llevar
visible su número de identificación. “La policía está organizada y hay
sistemas de control para saber qué hace cada agente”.
El penalista Jorge Navarro, de Molins & Silva, matiza también que
existe gran “facilidad” para obtener “grabaciones innecesarias de
policías” y que, en algunos casos, se producen “usos inadecuados” que
pueden poner “en peligro la seguridad del agente o afectar a su vida
privada”. Navarro coincide con la mayoría de los expertos al afirmar que
se debe atender a las circunstancias particulares de cada caso.
Los expertos admiten que puede haber usos perversos de esas imágenes.
Pero dudan de que la solución tenga que ser preventiva; es decir,
prohibir que se graben por temor al uso posterior. “Si se produce un
acoso, eso es un delito que ya está previsto y hay que perseguirlo. Pero
no hacerlo de forma preventiva”, dice Moretó. “Si la policía se excede,
¿por qué no van a poder captarse imágenes en la vía pública?”, se
pregunta. “Si esto pasa, hay mecanismos para perseguirlo. Es poner la
venda antes que la herida”, ilustra Monguilod. Melero añade que la
difusión de imágenes que inciten a la violencia “ya está contemplada”,
por lo que la medida sería “redundante”.
Para Asens, es legítimo que “la actuación de un policía pueda ser
objeto de crítica y de debate público”. El abogado señala la
“contradicción” entre las prácticas policiales habituales y el proyecto
que ahora pretende impulsar Interior. Los antidisturbios, por ejemplo,
graban de forma habitual las manifestaciones. En Cataluña, el consejero
de Interior, Felip Puig, ha llegado a proponer que se incorporen cámaras
en los cascos de los mossos. Y, con motivo de los actos vandálicos del
29 de marzo, durante la huelga general, abrió una página web con
fotografías de los presuntos vándalos y animaba a la ciudadanía a
colaborar para identificarlos.
“La intimidad que Interior no ve afectada en todas estas medidas sí
la ve peligrar en el caso de los policías”, lamenta Asens, quien
sostiene que es “muy difícil” identificar a los policías.
Los partidos de la oposición también se sumaron a las críticas. El
PSOE pidió a Fernández Díaz que comparezca en el Congreso para explicar
la medida. Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, José Luis
Centella, calificó de “barbaridad” e “intento de censura” la medida. “El
PP sigue en la línea de ser el partido de la porra y de criminalizar
las protestas”, denunció.
La ley avala la toma de fotografías
Uno de los argumentos que esgrime el Ministerio del Interior para
aprobar el veto a las imágenes de policías es la salvaguarda de su
derecho a la intimidad y la propia imagen. La ley que regula la materia,
de 1982, contempla que es posible captar, reproducir y publicar la
imagen de cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Sobre los
policías, un caso particular hizo pronunciarse al Tribunal Supremo y al
Tribunal Constitucional, que avalaron la toma de imágenes de policías en
plena calle.
El caso se remonta a 1992, cuando en un periódico apareció la imagen
de una sargento de la policía local de Madrid poniendo las esposas a un
detenido. La mujer demandó al periódico, pero el Supremo concluyó, en
2003, que la sargento era una funcionaria que estaba ejerciendo su cargo
en la vía pública y avaló la fotografía. En términos similares se
expresó el Constitucional unos años más tarde, en 2007.
“Es una ley que, aunque antigua, nos sirve mucho”, concluye Jorge
Monclús, especialista en propiedad intelectual de Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira. Pese a que el asunto está regulado, Monclús reconoce que el
alto tribunal aún no se ha pronunciado en un caso similar al que se
podría plantear ahora con el veto de Interior. La ley, explica, incluye
una excepción a la norma: se pueden tomar imágenes siempre y cuando la
naturaleza del trabajo que desarrolla el funcionario no implique el
anonimato.
“Habría que valorar si, en el supuesto de una manifestación, es
exigible o no el anonimato. En todo caso, son los jueces los que deben
decidir sobre ese aspecto”, dice Monclús.
El presidente de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, comparte el
hecho de que los agentes, en una actuación en la calle, no están
amparados por su derecho a la intimidad y la propia imagen.
Si la captación de imágenes se prohíbe, los policías tendrán derecho a
exigir, a quien tome imágenes, su identificación. Esta consecuencia
puede tener un efecto disuasorio, sostienen los expertos. De ahí que
sospechan que la verdadera intención del Gobierno es, precisamente,
provocar el desánimo en los manifestantes.
