El Canal acusa a Sacyr de falta de control de calidad en las obras

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) trata de llegar a un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que evite la paralización de las obras la semana que viene. Pero mientras las partes negocian acuerdos parciales y fórmulas de financiación, las espadas siguen en alto. Los grandes puntos de desacuerdo siguen sin resolverse y parecen ir camino del arbitraje. Tras las explicaciones de Sacyr en las que acusaba de los problemas con el lodo, el basalto y el hormigón de la obra a los defectos del pliego de licitación, el Canal contraataca. En un comunicado remitido a EL PAÍS, la ACP responsabiliza al consorcio de los problemas y llega a acusarle de “falta de control de calidad adecuado”, mientras que el grupo español responde que los trabajos han sido “impecables”.

El grueso de los sobrecostes de las obras de ampliación del Canal de Panamá viene de tres factores: la construcción de la ataguía o presa provisional, las propiedades del basalto y las especificaciones del hormigón, según explicó Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las dos partes negocian para desbloquear la ampliación

Con respecto a la ataguía, Sacyr aseguraba que la información de la ACP decía que se podía cimentar a 6 metros bajo el nivel del mar, pero había lodos que hubo que dragar, se tuvo que cimentar a 13 metros bajo el nivel del mar y la ataguía fue más ancha y alta de lo previsto. La ACP replica que su reclamación de 120 millones de dólares fue rechazada por la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por sus siglas en inglés), que concluyó que la ataguía no es una estructura de las nuevas esclusas, sino que fue construida por decisión de GUCP como parte de su metodología de trabajo. Añade que la información sobre las condiciones de terreno y dragado estaba incluida en el pliego y que el contrato establecía que esas condiciones físicas eran responsabilidad del contratista.

A su vez, Sacyr replica que la resolución de la DAB tuvo un voto discrepante en contra y recuerda que el caso ha pasado a un arbitraje internacional en Miami. También subraya que la ataguía es una obra imprescindible para la construcción de las esclusas, prevista en el proyecto y en la oferta e insiste en que la información geológica y geotécnica facilitada por la ACP fue incompleta e incorrecta.

El pleito va para largo, aunque se llegue a acuerdos parciales

Sacyr reclamó otros 497 millones de dólares porque el basalto de las excavaciones del lado del Pacífico no servía para el hormigón a utilizar en las esclusas, en contra de lo que decían los documentos de la licitación, según su versión. La ACP rechazó la reclamación en mayo de 2013. En el comunicado remitido a EL PAÍS, el Canal dice que dejó claro el tipo de basalto que se encontraría en el área, pero que el consorcio debía probarlo antes de comprar su planta para saber qué tipo de equipo debía utilizar en el proyecto. “Esa era su responsabilidad. El contrato claramente establecía que la ACP no era responsable de garantizar que el basalto fuera el adecuado o el necesario para utilizar en el proyecto. En ninguna parte del contrato se indica que le correspondía a la ACP garantizar el tipo de basalto que se encontraba en el área. Era responsabilidad de GUPC seleccionar y procesar el material de la manera más adecuada para que cumpliera con los requerimientos de la ACP”.

La razón de los problemas, según el Canal, es que por “la falta de control de calidad adecuado GUPC contaminó el basalto durante las perforaciones y voladuras iniciales, ya que no lo segregó, como sugiere la práctica”. “A partir de que comenzaron a excavar el material de la manera correcta no ha tenido problema y continúan utilizándolo”, añade la ACP, que subraya que el consorcio ha utilizado en la construcción de las nuevas esclusas el basalto encontrado en el área, incluyendo los componentes finos, “contradiciendo su propio argumento contra el material”.

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Sacyr insiste en que la información facilitada por la ACP durante la fase de oferta determinaba expresamente la utilización del basalto procedente de las excavaciones de la obra como fuente para la fabricación de los áridos del hormigón. Asegura que la “incorrecta información ha provocado a GUPC grandes sobrecostes y retrasos en la ejecución de la obra debido a la búsqueda y explotación de fuentes alternativas, tratamientos sofisticados para hacer utilizable el basalto y descarte de grandes volúmenes de material inadecuado”. Y concluye: “El control de calidad y la ejecución de la obra por parte de GUPC han sido en todo momento impecables, como atestiguan los documentos contractuales”.

El tercer gran problema en disputa es el hormigón. El Canal asegura que “las especificaciones del concreto [como se llama allí al hormigón] estaban claramente definidas en el contrato”, y que “el diseño de la mezcla de concreto no era aprobado o rechazado por la ACP, sino por el propio diseñador (designer of records) de GUPC”. Sacyr precisa que el problema no está en las especificaciones, “sino en la interpretación unilateral de la ACP sobre la edad del hormigón a la que debían cumplirse”. Sacyr asegura que “el tiempo ha dado la razón a GUPC, pues las fórmulas inicialmente no aprobadas por la ACP han demostrado ser válidas”. Y que “el diseño, la fabricación y puesta en obra de un hormigón obligatoriamente sobredimensionado por las exigencias unilaterales de la ACP ha provocado fuertes sobrecostes y retrasos”.

Las dos partes se muestran dispuestas a defender su postura ante el DAB y en un arbitraje internacional, si es necesario. Todo apunta a que aunque se llegue a un acuerdo parcial para desatascar las obras, algo que interesa a las dos partes, el pleito del Canal de Panamá va para largo.