Los jueces del Tribunal Constitucional portugués se han convertido en
el principal escollo y en el imprevisto enemigo de las medidas de
ajuste del Gobierno portugués del conservador primer ministro Pedro Passos Coelho.
Hace dos semanas, los magistrados tumbaron la decisión del Ejecutivo
luso, ratificada por el Parlamento antes del verano, encaminada a
posibilitar y facilitar el despido de funcionarios bajo ciertas
condiciones. Los jueces dictaminaron que eso no encajaba con el texto
constitucional y echaron para atrás la medida. De paso, dejaron en el
limbo de los deseos los 900 millones en tres años que el Ejecutivo
portugués tenía pensado ahorrar en tres años a base de dispensar
empleados públicos (la mayoría en el sector de Educación y Sanidad).
La sentencia del tribunal portugués se añade a otras decisiones de este grupo de jueces
que, entre otras cosas, ya ha tumbado, por dos veces en dos años, los
intentos del ministerio de Finanzas de retirar las pagas extras a
funcionarios y pensionistas. A cada fallo del tribunal se produce un alivio por parte de los funcionarios,
una convulsión mediática en el país y un maremoto presupuestario que
sacude los cimientos (frágiles) del entramado de la (todavía muy frágil)
economía portuguesa. Passos Coelho se ha comprometido con la troika a
ahorrar, a base de recortes en la función pública, 4.500 millones de
euros en 2015. Pero cada medida adoptada a ese fin por el Gobierno es
remitida por diferentes instituciones (sindicatos, partidos políticos de
la oposición, en ocasiones el mismísimo Presidente de la República o el
Defensor del Pueblo, entre otros) al Tribunal Constitucional que, por
lo general, se las devuelve al primer ministro convertidas en papel
mojado. El semanario Expresso aseguraba el sábado pasado,
citando una fuente gubernamental, que la troika –que visita Portugal a
mediados de septiembre para inspeccionar, por octava vez, las cuentas
públicas y el desarrollo de los prometidos recortes- planea dejar en
suspenso el cheque correspondiente a este octavo examen hasta que el
Tribunal Constitucional portugués decida sobre determinadas reformas,
algunas relativas a condiciones de trabajo de funcionarios y pensiones.
Es decir: a las promesas del Gobierno y la marcha de la economía, la
troika, visto los visto, ha añadido un factor más a la hora de evaluar
la situación financiera de Portugal: las cruciales decisiones de los
jueces, que se han convertido en una suerte de contrapoder decisorio.
A cada fallo del tribunal se produce un alivio
por parte de los funcionarios, una convulsión mediática en el país y un
maremoto presupuestario
Algunos expertos y analistas próximos a las tesis del Gobierno han
propuesto, llanamente, que se modifique la Constitución a fin de zanjar
la cuestión de una vez por todas. Passos Coelho, para inaugurar el nuevo
curso político, a primeros de septiembre, replicó que no hace falta
darle la vuelta a la Constitución sino “sentido común, simplemente”, en
una frase que atacaba directamente a unos jueces que, según él,
torpedean ininterrumpidamente su acción política.
Paulo Portas, ex ministro de Asuntos Exteriores y actual
vicepresidente, y la ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, han
visitado estos días Bruselas y Estado Unidos para, según la prensa
portuguesa, entrevistarse con los responsables de la troika (UE y FMI) a
fin de sondear la posibilidad de que, el déficit previsto para este
año, el 4%, algo difícil de alcanzar, se relaje. También para
convencerles de que la crisis política que estremeció el país en junio
(causada por el propio Portas al renunciar a su puesto de ministro de
Asuntos Exteriores, dinamitando de paso la coalición gubernamental y
parlamentaria, desestabilizando al Gobierno y generando el pánico en los
mercados) está completamente superada. Y, asimismo, para recordarles de
que Portugal, a pesar de todo, dio la campanada informativa a mitad de
agosto al hacerse público que durante el segundo trimestre del año había
crecido un sorprendente 1,1%, la cifra más alta de la Unión Europea,
abandonando una recesión que duraba desde 2010 y que había hundido la
economía lusa cerca de un 6%. Ayer se supo que el paro descendió en
julio hasta colocarse en un 16,5%. Las exportaciones han crecido a un
ritmo alto (un 11%) y el consumo interior (aún moribundo) comienza,
aparentemente, a despertar. Señales positivas. Débiles. Pero, al fin y
al cabo, las primeras en mucho tiempo. Los próximos meses demostrarán si
esta recuperación es simplemente un espejismo veraniego y si las
decisiones de los principales actores de este drama, el Gobierno, la
troika (y ahora el Tribunal Constitucional) son acertadas.
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