Desde el 11 de diciembre de 2011, en que entró en servicio la línea
de alta velocidad Ourense-Santiago, hasta hoy, todos los presidentes y
vocales que formaron parte del consejo de administración de Adif serán imputados por el juez que investiga el accidente de tren
en el que se dejaron la vida 79 personas el pasado 24 de julio. En el
auto hecho público ayer, el magistrado Luis Aláez solicitó al
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que identifique a todos
estos cargos y también a todos los responsables intermedios del área de
Seguridad en la Circulación en ese periodo: un año y nueve meses. De
momento, el juzgado de instrucción número 3 pone nombre y llama a
declarar como imputados a cinco de ellos como responsables directos de
la seguridad en la línea donde se produjo el siniestro. Son: el director
de Seguridad en la Circulación de todo el ente público, Manuel Besteiro
Galindo; el jefe de Inspección del Área de Seguridad en la Circulación
Noroeste, José Antonio García Díez; el gerente del Área de Seguridad en
la Circulación Noroeste, Fernando Rebón Sartal; y dos inspectores,
Carlos A.G. y Roberto S.A.
Fuentes de Adif explicaban que el equipo jurídico de la entidad
estaba estudiando la documentación y que la empresa pública recurrirá el
auto. Los mismos portavoces indican que los responsables que ahora
trata de identificar el juez, más los cinco que ya aparecen como
imputados en el auto, engrosan una lista de 29 personas. Entre ellas
están los tres presidentes que ha tenido el consejo de administración en
este tiempo, el actual, Gonzalo Ferre (en el cargo desde enero); su
antecesor Enrique Verdeguer (al frente desde la llegada del PP al
Ejecutivo); y Antonio González Marín, último presidente de la compañía
con Zapatero. “Las muertes y lesiones ocasionadas por el
descarrilamiento del tren”, afirma el juez, “son imputables
objetivamente a todos ellos, pues todos, delegantes y delegados, han
tenido un dominio real sobre la fuente de peligro”. “De ahí”, concluye
el magistrado en su nuevo escrito, “que todos ellos hayan de ser
considerados potenciales autores del delito imprudente” con “resultados
mortales y lesivos que se investiga”.
En todos estos responsables “lo decisivo”, según el juez, “ha sido
permitir la circulación de trenes por un tramo de línea carente de las
medidas de seguridad suficientes para mantener el peligro para la vida e
integridad de sus usuarios dentro de los límites tolerados por el
ordenamiento jurídico”. Es decir, “la omisión” de su deber de establecer
un sistema de seguridad “que evitase el descarrilamiento”, dejando
“exclusivamente en manos del maquinista la reducción de velocidad de 200
a 80 kilómetros por hora”, la permitida para el fatídico tramo de la
curva de A Grandeira, en el lugar de Angrois, donde ocurrió el
accidente. Todo esto, dice también el juez, cuando era “previsible” el
fallo humano: “No podía pasárseles desapercibido el peligro cierto de
desatención (somnolencia, cansancio, rutina, etc.) que podría
materializarse en el descarrilamiento de un tren”, insiste.
Ya en su anterior auto, Aláez hacía repaso de las carencias en la
seguridad, como la supresión en los Alvia del sistema ERTMS (de
conducción y reducción de la velocidad automáticas) por fallos técnicos.
Ante esta decisión, los responsables inmediatos de la Dirección de
Seguridad, en primer término, y el consejo de administración, en su
función de “supervisión y control” de sus subordinados, tendrían que
haber ordenado instalar unos dispositivos de advertencia “inexistentes”
en dicho tramo. “Algo tan básico”, reprocha el magistrado instructor,
como “señales visuales y sonoras de limitación a 80 kilómetros por hora o
de reducción progresiva a medida que se produce la aproximación” al
tramo en el que no se podía circular más rápido, según el reglamento que
llevan en la cabina los maquinistas.
El PP bloquea la investigación política en Madrid y Galicia
DAVID REINERO
Ni el Congreso de los Diputados ni el Parlamento gallego investigarán
el accidente del Alvia. En Santiago, la mayoría absoluta del PP impuso
en el pleno celebrado ayer su veto a la investigación política ante
sendas peticiones de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el BNG, que
contaron con la abstención del PSOE. Los populares argumentaron su
negativa recordando que ya hay indagaciones judiciales y técnicas en
marcha y que los políticos podrán realizar sus propuestas en el
Congreso.“Este Parlamento no tiene legitimidad ni potestad legal de investigar el accidente de Angrois”, declaró el diputado popular Alejandro Gómez, quien recordó que la Xunta carece de competencias ferroviarias. Frente a ello, el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, recordó que el reglamento de la Cámara gallega permite que “pueda investigar cualquier asunto de interés público, tenga o no competencias”. Igualmente, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, acusó al PP de querer ocultar “un homicidio involuntario no del maquinista, sino del aparato de poder del Estado”.
El BNG tampoco tuvo suerte al pedir una investigación en el Congreso, donde el PP evitó que su propuesta, apoyada por IU, llegase siquiera a ser debatida. En la Junta de Portavoces, el órgano que decide qué temas son tratados en pleno, la petición de los nacionalistas recabó el apoyo de todos los grupos excepto el PP. Los diputados se limitarán a participar, de forma aún no determinada, en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de Fomento.
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