Hacía mucho tiempo que las relaciones entre Sudamérica y los países
europeos no se tensaban tanto. Los miembros de Mercosur (Argentina,
Brasil, Uruguay y Venezuela) han acordado en una cumbre llamar a
consultas a sus embajadores en España, Francia, Italia y Portugal para
que informen sobre las decisiones que obligaron a desviar a Viena
(Austria), donde el pasado día 2 quedó varado 13 horas, el avión presidencial del boliviano Evo Morales.
Esa ha sido, de momento, la respuesta diplomática conjunta de todos los
países del Mercado Común del Sur –excepto Paraguay, que se encuentra
suspendido desde el año pasado—a la actuación de varios Gobiernos
europeos que actuaron bajo la sospecha de que el exanalista estadounidense Edward Snowden viajaba en el avión oficial de Morales.
Los cuatro países de Mercosur ratificaron en un comunicado el “firme
repudio” a las acciones de los cuatro Gobiernos europeos por “no
permitir el sobrevuelo ni aterrizaje de la aeronave”. Este hecho fue
calificado como un acto “infundado, discriminatorio y arbitrario”,
además de “una práctica neocolonial” y un “acto insólito, inamistoso y
hostil, que viola los derechos humanos y afecta la libertad de tránsito,
desplazamiento e inmunidad” de la que “goza todo jefe de Estado”.
La decisión de llamar a consultas a los embajadores se tomó durante la XV cumbre de Mercosur
celebrada el viernes en Montevideo. Los miembros del bloque económico
respaldaron la denuncia que presentó Bolivia ante la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “por la grave
violación de los derechos fundamentales del presidente Evo Morales”. Y
decidieron llamar a sus embajadores en los cuatro países europeos para
“ponerlos en conocimiento” de ese apoyo a la denuncia de Morales.
Los países de Mercosur también emitieron otro comunicado en el que
condenaron “las acciones de espionaje por parte de agencias de
inteligencia” de Estados Unidos y rechazaron “enfáticamente” la
intercepción de las telecomunicaciones y las acciones de espionaje. Nada
más aterrizar en Motevideo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
señaló: “Cualquier acto de espionaje que viole los derechos humanos, y
sobre todo el derecho básico de la intimidad, y atente contra la
soberanía de las naciones, merece ser condenado por cualquier país que
se considere democrático”
La semana pasada el diario O Globo publicó un artículo basado en informaciones reveladas por Snowden donde se afirmaba que Estados Unidos espió a Brasil y a otros 13 países latinoamericanos,
a través de sus agencias Central de Inteligencia (CIA) y Nacional de
Seguridad (NSA, según sus siglas en inglés). El espionaje se produjo
entre 2008 y el primer trimestre de este año. Entre las comunicaciones
intervenidas había llamadas telefónicas, correos electrónicos y
conversaciones de voz por Internet. El país más vigilado resultó ser
Brasil, seguido por Colombia y en tercer lugar, México, según las
citadas informaciones. También cayeron bajo las redes de vigilancia
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Paraguay,
Chile, Perú, Argentina y Venezuela.
El martes pasado, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández,
declaró: “Me corre frío por la espalda cuando fui el otro día a Bolivia y
vi que un presidente hermano había sido detenido durante 13 horas como
si fuera un ladrón; me corre frío por la espalda cuando nos enteramos
que nos están espiando a todos a través de sus servicios de
informaciones en Brasil”.
Pero más allá del espionaje y su repudio, ahora mismo la verdadera
patata caliente se llama Edward Snowden. El presidente Barack Obama ya
ha advertido que cualquier país que lo acoja lo pagará caro. Las
advertencias o amenazas desde la Casa Blanca hacia los diversos
Gobiernos han debido ser tan convincentes que ni Rusia se atrevió a
prestarle asilo al fugitivo. En América Latina, sin embargo, se han
ofrecido Bolivia, Nicaragua y Venezuela.
Respecto a la posible acogida a Snowden, los países de Mercosur
repudiaron, sin citar expresamente a la Casa Blanca, “las acciones que
puedan menoscabar la potestad de los Estados de conceder” el derecho de
asilo, y rechazaron “todo intento de presión, hostigamiento o
criminalización de un Estado” “sobre la decisión soberana de cualquier
nación de conceder” ese derecho.
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