Ecuador ha anunciado este jueves que ha renunciado a renovar los
acuerdos comerciales con el Congreso de Estados Unidos que le otorgaban
beneficios y preferencias arancelarias sobre la exportación de
determinados productos a este país. La decisión, anunciada por el
ministro de Comunicación ecuatoriano, Fernando Alvarado, se produce un
día después de que el presidente del comité de Asuntos Exteriores del Senado, el influyente demócrata Bob Menéndez,
advirtiera por escrito al Gobierno de Rafael Correa de que, si
consentía en dar asilo a Edward Snowden, se encargaría de no reautorizar
esos pactos.
La ruptura de estos acuerdos comerciales se produce en medio de una escalada de tensión entre ambos países
a cuenta del caso Snowden. “El Gobierno de Ecuador no va a aceptar
amenazas de nadie. Nosotros no nos supeditamos a los intereses
económicos”, ha asegurado Alvarado. Aunque el gobierno de Ecuador
sostiene que EE UU está utilizando la baza de los tratados con este país
para influir en la decisión de otorgar asilo al exanalista
estadounidense, el hecho es que el Congreso de este país parecía
decidido a no renovar unos acuerdos que expiran el próximo 31 de julio
mucho antes de que saltara el escándalo de las filtraciones. Ecuador era
consciente y ha aprovechado una situación casi inevitable para sumarla a
sus gestos beligerantes hacia EE UU.
El Congreso estadounidense mantiene con Ecuador dos acuerdos comerciales, el del Sistema Generalizado de Preferencias, (GSP en sus siglas en inglés) y el de Erradicación de las Drogas y Promoción del Comercio Andino
(TPA). Ambos son tratados de carácter global que abarcan a muchos más
Estados, a través de los que el Gobierno estadounidense potencia el
crecimiento económico de países en desarrollo. En el caso concreto del
TPA, en un primer momento, incluía también a Perú, Bolivia y Colombia,
pero la firma de convenios de libre comercio con los tres ha dejado a
Ecuador como el único miembro de ese pacto comercial. En 2012, gracias
al GSP, Ecuador se benefició de 107 millones de dólares
y las exportaciones de flores, atún y frutas y hortalizas le reportaron
318 millones de dólares debido a las rebajas arancelarias del TPA, de
acuerdo con los datos de la oficina del Representante Comercial de EE UU.
Ecuador ha renunciado a unos importantes beneficios económicos que EE
UU tampoco parecía tener mayor interés por renovar y su decisión en
ningún modo perjudica a los intereses de este país ya que el único
beneficiario de esos programas es el Estado sudamericano. La no
renovación del acuerdo puede suponer para la industria floral
ecuatoriana, que ha experimentado un crecimiento importante bajo el
amparo del TPA, la pérdida de 100.000 puestos de trabajo.
“Nuestro Gobierno no recompensa a los países por su mal
comportamiento. Los beneficios comerciales son un privilegio para las
naciones, no un derecho. Urjo al presidente Correa a que haga lo
correcto para EE UU y Ecuador y deniegue la petición de asilo a
Snowden”, decía el comunicado del senador Menéndez. La decisión de
renovar esos privilegios con otros países la adopta el Congreso de EE UU
por razones eminentemente económicas y no políticas, advierten desde la
Administración, y esa decisión, insisten, ya parecía que no iba a ser
favorable para Euador en todo caso.
El caso Snowden ha provocado, sin embrago, un aumento de la retórica beligerante por parte de ambos países. El miércoles, la Embajada de Ecuador en EE UU emitía un comunicado
en el que informaba de que su Gobierno había solicitado a EE UU que le
remitiera por escrito las razones por las que no debía otorgar asilo a
Snowden. “Mientras el Ejecutivo de Ecuador cumple con sus obligaciones,
la Embajada rechaza las declaraciones de los miembros del Gobierno
estadounidense con contenido dañino, falso e improductivo sobre
Ecuador”.
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