Piden que la Cruz Roja y las Naciones Unidas abran sus archivos y acelerar los juicios abiertos y las condenas pendientes |
La muerte del
ex-general argentino Jorge Rafael Videla el tercer viernes de mayo
reactualizó en la opinión pública los años trágicos de la última
dictadura militar (1976-1983). Treinta años después del fin de ese
Gobierno de facto, su principal promotor, ideólogo y ejecutor falleció
de muerte natural a los 87 años en la celda del presidio de Marcos Paz
donde cumplía condena perpetua por centenas crímenes de lesa humanidad.
Una semana más tarde, la suerte de sus restos –contestados por la
movilización de repudio en su ciudad natal de Mercedes- prolonga la
sanción y revive el “Nunca más”.
“La muerte de Videla
constituye un hecho político importante en la vida de la Argentina”
sostiene Antonio Hodgers, parlamentario nacional suizo, presidente de su
bloque en la Cámara de Diputados, quien como niño debió exiliarse con
su familia en Suiza.
“Murió como un 'preso común' más”
“Como hijo de desaparecido la noticia me toca mucho. Veo en Videla la
imagen de uno de los responsables ideológicos de la desaparición de mi
padre. Tal vez no el ejecutor directo, pero sí uno de los principales
estrategas de la persecución contra los militantes sociales y los
opositores” subrayó el parlamentario verde.
Constato,
asegura Hodgers, que Videla nunca hizo una autocrítica pública. “Es un
hecho lamentable teniendo en cuenta la magnitud de los hechos de los
cuales fue responsable”.
Es importante visualizar el lugar
físico donde murió Videla: una cárcel para detenidos sociales, lo que en
Argentina se llama, una cárcel "común", sin privilegios. Es el símbolo
de un proceso largo, complejo, pero dinámico, profundamente democrático,
de juzgar a los responsables de la dictadura. Sin revanchismos
personales ni politiqueros, sino por la vía de la justicia y de la
Constitución, insiste Hodgers.
La soledad del tirano
Lamentablemente murió “respetando el pacto de silencio que guardan casi
todos los represores argentinos”, afirma Alfredo Vivono quien entre
2005 y 2007 se desempeñó como Sub-Secretario de Derechos Humanos de la
Provincia de Santa Fé, Argentina.
Lo que complica que se avance
“en clarificar los hechos sobre los miles de desaparecidos incluida la
vida e identidad actual de más de 400 *niños apropiados*, que fueron
robados a sus padres detenidos en centros clandestinos de detención”.
Consultado sobre la trascendencia política del fallecimiento de Rafael
Videla, Vivono es contundente: “no modifica la realidad política de
nuestro país ni de la región. Pero tiene un impacto significativo en
tanto provoca reflexiones que movilizan a la opinión pública, nacional e
internacional, sobre quien fuera el símbolo más visible del terrorismo
de Estado en Argentina”.
Vivono, ex–preso político, actúa como
querellante y testigo en varias de las causas contra los responsables
de la represión en esa época en su provincia, insiste en la “soledad
política que acompañó el deceso del tirano”, abandonado por los que lo
impulsaron al poder.
Las asociaciones empresarias más
poderosas del país que promovieron el Golpe de Estado de 1976 no dijeron
ni una sola palabra, no publicaron ni un mínimo comunicado. Tampoco la
Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica argentina, cómplice en esos
años por acción u omisión. Ni siquiera los grandes medios de
comunicación que festejaron entonces a los militares salieron hoy a
defender al general fallecido”.
El hecho que Videla “murió en
la cárcel condenado por los crímenes cometidos…Nos da la paz y la
serenidad que muchas víctimas directas necesitábamos para confiar en las
instituciones y en la democracia que estamos construyendo”, reflexiona.
De su análisis surgen varias conclusiones. “Constatamos que el trabajo y
la perseverancia de los organismos de Derechos Humanos, en especial de
las Madres de Plaza de Mayo ha dado sus frutos”. No hubo venganza ni
revanchas: la sociedad argentina en general y las víctimas de la
represión creen en la justicia, en la Constitución, sin necesidad que se
creen tribunales ni leyes especiales.
“Que las organizaciones internacionales abran sus archivos”
“La justicia tardó pero llegó en mi país a diferencia de otras naciones
del mundo donde hay todavía historias dictatoriales pendientes”,
subraya David Andenmatten, argentino de origen helvético que luego de
pasar más de tres años de prisión durante la dictadura pudo salir a
Suiza.
Andenmatten, actual dirigente del Sindicato de Servicios
Públicos en Ginebra, pone el acento en los principales desafíos de
futuro para poder concluir el juicio a las dictaduras. “Incluyendo
también la anterior -1966 a 1973- responsable de causas hoy reabiertas
como la de la Masacre de Trelew de 1972, cuando fueron fusilados 16
presos políticos luego de un intento de fuga”.
Por otra parte,
“es esencial que los juicios abiertos a centenas de represores se
aceleren. Y que se pronuncien, sin demora, las condenas respectivas”.
No menos esencial, insiste el sindicalista suizo-argentino, “es recrear
correctamente el contexto nacional e internacional, las causas y los
verdaderos responsables de la represión y los Golpes de Estado. No se
trataba de militares patrióticos, como se presentaban a sí mismos en esa
época, sino de brazos armados sostenidos por los Estados Unidos que
trataron de destruir al movimiento social que estaba muy bien organizado
y movilizado en defensa de sus derechos”.
Y concluye con un
llamado a la comunidad internacional. “Viendo que los máximos
responsables del terror como Videla se llevan a la tumba informaciones
vitales, más que nunca es imprescindible que organizaciones como la Cruz
Roja Internacional y las Naciones Unidas hagan ya públicos sus
archivos”.
Estos contienen, concluye Andenmatten, informaciones
esenciales sobre esa etapa de la historia argentina – por ejemplo en
relación a las visitas de misiones internacionales a las cárceles. Lo
que puede contribuir significativamente a la reconstrucción de la
memoria colectiva, al juicio y castigo de los responsables y a la
justicia reparadora hacia las víctimas, concluye.
La justicia y los derechos humanos
+
Según fuentes oficiales argentinas, solo en 2012, cerca de 400
responsables de la represión dictatorial fueron llevados a los
tribunales. Según diferentes fuentes los militares enjuiciados podrían
superar en total el número de 1.500. Miles son las ex víctimas que
participan como querellantes o testigos en centenares de procesos.
+ La mayoría de los acusados son ex militares y ex policías, fueron
acusados por crímenes de lesa humanidad: secuestros, detenciones
ilegales, torturas, violación sexual, apropiación de menores, homicidios
y desapariciones forzosas. Hay también algunos civiles. Por el momento
un sacerdote católico ha sido condenado.
+ Estos procesos
jurídicos que se siguen multiplicando en todo el país –incluyendo ahora a
responsables de ciertas cárceles- se reabrieron a partir del 2006.
+ En esa fecha el Gobierno promovió la declaración de
inconstitucionalidad de las leyes de “Obediencia debida” y “Punto
Final”, que promulgadas en los años ochenta habían indultado a los
responsables de la represión.
+ En marzo del 2013 se abrió un
nuevo proceso contra 25 responsables implicados en lo que se denominó
Plan Cóndor, que extendió y coordinó la represión a toda la región
sudamericana.
+ Jorge Rafael Videla había sido condenado en
1985 a perpetuidad en el Juicio a las Juntas Militares. En 1990 fue
indultado por el entonces presidente Carlos Menem. En la actualidad
había recibido una nueva condena perpetua y otra a 50 años de prisión.
Otras causas, entre ellas la del Plan Cóndor, están en proceso.
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