Alfonso Portillo Cabrera,
de 62 años, quien presidió este país centroamericano entre el 14 de
enero de 2000 y la misma fecha de 2004, fue sacado la mañana del viernes
del centro hospitalario donde estaba recluido para ser llevado hasta el
aeropuerto militar La Aurora, desde donde es trasladado hasta Estados
Unidos para responder ante un tribunal de Nueva York
que lo acusa de utilizar bancos estadounidenses para lavar unos 80
millones de dólares, malversados del tesoro guatemalteco durante su
mandato.
La sentencia de extradición de Portillo fue firme desde agosto de
2012, cuando el Constitucional rechazó un amparo de los defensores del
exmandatario, que pretendían anular un decreto firmado un año antes por el entonces presidente, Álvaro Colom, donde se autorizaba su puesta a disposición de los tribunales norteamericanos.
Desde entonces, sus abogados han hecho uso de toda argucia legal a su
alcance para impedir el proceso. La mañana del viernes, en las
instalaciones del aeropuerto militar, Mauricio De León, uno de los
defensores de Portillo calificó la acción como ilegal y como fruto de un
abuso de poder. Señaló como responsable al ministro del Interior,
Mauricio López Bonilla, y recordó que hay pendientes de resolver tres
acciones legales destinadas, precisamente, a impedir que Portillo fuera
llevado a Estados Unidos. “Es una extradición ilegal”, reiteraba ante
los medios de comunicación.
Al respecto, el titular del Interior dijo que él se limitó a "brindar
la custodia necesaria" para que el expresidente Portillo fuera
entregado a las autoridades de Exteriores en el aeropuerto militar,
donde estas pusieron al exmandatario en manos de los enviados de la
justicia estadounidense.
Si el expresidente guatemalteco es hallado culpable por la justicia
norteamericana, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel
para, posteriormente, ser llevado a Francia, donde también tiene una
demanda por el mismo delito. Portillo sigue así un curioso paralelismo
con el exdictador panameño Antonio Noriega, quien, tras permanecer encarcelado en Miami, fue enviado a París acusado de narcotráfico.
Portillo, un político carismático, despierta pasiones encontradas
entre los guatemaltecos. Para los sectores “populares” ha sido un gran
presidente, capaz de enfrentarse a la todopoderosa patronal y resistir a
sus presiones. Para los conservadores, un irresponsable que merece el
dudoso título de ser uno de los peores y más corruptos gobernantes de la
historia reciente del país.
En su hoja de vida de Portillo hay incidentes increíbles, como el
hecho de asesinar, en una noche de borrachera, a dos estudiantes de la
ciudad mexicana de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. El mandatario
escapó y evitó una más que segura condena a prisión. Esa capacidad de
huir también permitió a Portillo Cabrera evitar los tribunales
guatemaltecos por delitos como peculado (hurto de caudales del erario).
Tras perder su condición de aforado como miembro del Parlamento
Centroamericano, huyó a El Salvador, desde donde voló a México.
Extraditado a Guatemala en 2008, obtuvo libertad bajo fianza hasta que
fue reclamado por la justicia estadounidense. Estuvo a punto de escapar
hacia Belice, y fue detenido cuando iba a abordar una lancha tras una
minuciosa labor de investigación dirigida por la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entonces presidida por el
magistrado español Carlos Castresana.
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