El PP utilizó supuestamente un sistema de empresas tapadera creadas
por sus dirigentes o empleados con un objetivo: facturar a empresarios
por falsos servicios cuyo pago derivaban al partido. Lo hizo dos décadas
antes de que estallaran como iconos de la presunta financiación ilegal
del PP el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Estos hechos se produjeron cuando las finanzas del PP no estaban bajo
el control de ninguno de los tres extesoreros ahora imputados (Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas).
Ninguno de ellos las creó. Por contra, dos de dichos extesoreros las
liquidaron tras asumir el cargo (Sanchís en 1982 y Lapuerta en 1990).
Bárcenas y personas de su entorno manejan documentos, a los que ha
tenido acceso EL PAÍS, en los que se explica esta operativa con los
nombres de las siete empresas utilizadas supuestamente por el PP (véase
gráfico).
El sistema sería similar al que utilizó el PSOE a través de Filesa,
destapado en 1991, que según los tribunales de Justicia permitió a este
partido financiarse en la década de los ochenta facturando falsos
informes a distintas empresas. El hilo para desenmarañar la trama para
financiar al PSOE partió de un ex contable despedido.Igualmente, el
extesorero, Luis Bárcenas, tuvo a su alcance un informe con los detalles
de esta trama en su día de este supuesto mecanismo de financiación
ilegal del PP. EL PAÍS ha comprobado la veracidad del documento en poder
del extesorero y de sus allegados. La reconstrucción de los hechos allí
denunciados, relatados por algunos de los que constituyeron esas
empresas y contrastados con el historial de las distintas sociedades, es
la siguiente.
A fines de 1979, Alianza Popular (refundada como PP años después),
que preside Manuel Fraga y tiene como secretario general a Jorge
Verstrynge, sufre dos acuciantes déficits: dinero y votos. Sus
dirigentes ven indisociables ambos elementos. Sin fondos no pueden
contratar publicidad ni actos de campaña. Y sin propaganda no captarán
votos, escaños ni poder, imprescindible para hacer más tentador pedir y
recibir donaciones de empresarios. Un círculo vicioso. Y, sin embargo,
los poderes empresariales veían urgente que AP se consolidara como
alternativa en la derecha ante el previsible desplome de UCD, presa de
divisiones intestinas y a menos de dos años de que su líder, Adolfo
Suárez, dimitiese ante la amenaza del golpe de Estado que se perpetraría el 23F.
Cinco ex dirigentes del PP han confirmado a este diario aquella
estrategia. Dos de esos dirigentes figuraron en la trama empresarial. “A
fines de 1979 o principios de los ochenta, la CEOE nos dijo que
teníamos que crear unas sociedades para que las empresas nos pudieran
dar dinero. Y así se hizo, se crearon Sipsa (Seguridad, Investigación y
Protección SA) y Opisa (Opinión, Publicidad e Imagen SA). El sistema era
sencillo: a través de estas empresas pedimos y recibimos dinero de
eléctricas y de bancos. Nos lo daban en efectivo o en cheque. Entonces,
dado que no había legislación, esas cosas importaban poco. Si pedían
factura, entonces les hacíamos unos informes genéricos sobre el sector
para justificar el pago. Pero pocas veces pidieron factura. Los bancos
nunca la pidieron y las eléctricas solo a veces. Se lograron así unas
cantidades modestas para financiar el partido que era muy pobre, con
nueve diputados, y nadie pagaba la cuota”, explica uno de los
implicados.
¿Cuánto se ganó con cada operación? Un exdirigente lo resume por
escrito: “Máximo por cada operación unos cinco o seis millones de
pesetas [30.000 o 36.000 euros]. Fueron para financiar autonómicas y
municipales. Nunca generales, porque en ese periodo de enero de 1980 a
marzo del 1982 no las hubo. Una campaña autonómica costaba entonces
entre 15 o 20 millones de pesetas”.
Jorge Verstrynge, secretario general de AP, presidía el consejo de
ambas empresas usadas por su partido para facturar supuestos informes,
genéricos o inexistentes, a las grandes empresas. Un exdirigente de AP
resume la filosofía de esta vía opaca de financiación del partido: “Hay
que tener en cuenta que aquella formación política moribunda resucitó
cuando se ganaron las elecciones gallegas de 1981. Cuando llegó Sanchís
como tesorero en la primavera de 1982 canceló esas sociedades. Antes de
llegar Sanchís todo era artesanal, modesto, para sobrevivir, y no se
vulneraba ley alguna que se conociese ni había sobres y los sueldos eran
ridículos”.
Sanchís liquidó tales empresas, Sipsa y Opisa, en 1982 cuando se hizo
cargo de la tesorería del partido. Nunca lo ha dicho públicamente, pero
en privado, en el partido, sí mostró sus sospechas sobre tales firmas,
según personas de su entorno.
Cuando saltó el caso Filesa, se evidenció que el PSOE se
había estado nutriendo en la década de los ochenta con falsos informes
que fabricaban y facturaban a empresarios tres mercantiles suyas
(Filesa, Malesa y Time Sport). Obtuvo así 7,21 millones de euros.
En las sociedades que creó AP figuraban dirigentes y empleados de
confianza: Jorge Verstrynge, Carlos López Collado, Javier Carabias,
Samuel G.S; J.A.V (exgerente fallecido). Verstrynge reconoce aquellos
hechos: “Era el salvaje oeste. No había casi legislación sobre
financiación de partidos y facturábamos a empresas por informes para
financiarnos. No descarto que en algún caso hubiera falsos informes”.
Unos y otros confirmaban así el escrito que Bárcenas y su entorno
manejaban.
En 1989, Sanchís abandonó la tesorería del PP, que asumió Rosendo
Naseiro bajo la presidencia de José María Aznar. Y se crearon nuevas
sociedades privadas para, según el citado dossier y confirmado por
exdirigentes, financiar al partido: Vídeo Soluciones, Ibérica de Firmes,
Ediciones del Cono Sur. En las tres sociedades aparecían tres empleados
del PP: Samuel G.S., Félix R.B. y Juan Antonio D.S. Naseiro ha
declinado contestar sobre este asunto.
“La mecánica de estas empresas era distinta de Sipsa y Opisa. No
hacían falsos informes, sino que simulaban servicios (un vídeo, venta de
material...). Las empresas pagadoras justificaban con falsas facturas
la salida de fondos que ni siquiera entraban en la contabilidad de cada
firma tapadera. El dinero iba directamente en efectivo a la caja del
partido”, explican dos exdirigentes del PP.
Esto explica por qué resulta imposible obtener una sola cuenta de
ellas, ni de las anteriores, en el registro mercantil. En varios casos
porque nunca las presentaron. Las empresas se constituyeron facilitando
como sede social la dirección de domicilios particulares de empleados
del PP, regidas por esos mismos empleados del PP y que fueron liquidadas
bajo el mandato como tesorero de Lapuerta, quien debió ver peligrosa
esta trama. Su antecesor (Naseiro) se había librado por los pelos de ser
condenado por financiación irregular y ya se había destapado su clon
rival, el caso Filesa. Una de las firmas, Ibérica de Firmes, tenía como objeto social “la estabilización de suelos” en obras públicas o privadas.
Alberto Ruiz Gallardón, hoy ministro de Justicia y entonces
instructor del informe interno del caso Naseiro, dejó malparado al
extesorero: “Se acredita su disposición a solicitar donaciones no
condicionadas a empresas que hayan resultado beneficiadas por
adjudicaciones (...) Tanto el presidente del PP [Aznar] como su
presidente fundador [Fraga] desconocían absolutamente las actividades
objeto de este informe”.
Una prueba más de la manía de los tesoreros del PP de allegar fondos
por cualquier vía a su jefe directo, el presidente, sin que él se los
pidiera ni los conociera.
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