Julio de 2011. Acosado y desprestigiado por su relación con la trama
Gürtel, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, quema
sus últimas naves avalando préstamos por valor de 118 millones del Valencia,
el Hércules y el Elche. Los tres clubes, asfixiados por las deudas,
anunciarán después que no pagan esos créditos, y las entidades bancarias
—Bankia, Banco de Valencia, la CAM: todas ellas les han costado ya
miles de millones a los contribuyentes españoles y se han vendido o
nacionalizado— ejecutan esos avales, de los que tiene que hacerse cargo
la Generalitat del PP, la comunidad con el déficit más abultado. La
Comisión Europea, que lleva años recabando información sobre el fútbol
español, ha abierto una investigación formal que afecta a estos tres
clubes, según las fuentes consultadas, pero que va mucho más allá: la
estrategia de los avales —junto con otras argucias: subvenciones y demás
ayudas a fondo perdido— la han empleado todas las Administraciones,
autonómicas, diputaciones y Ayuntamientos. Todo eso pasará ahora por el
cedazo de Competencia. Bruselas no quiere desvelar aún a quién tiene en
el punto de mira. Pero las pesquisas han comenzado, y no tienen buena
pinta: es muy posible que muchos de los clubes tengan que acabar
devolviendo el dinero, lo que podría abocarles a la ruina.
No se trata solo de avales y subvenciones al fútbol. Los impagos a
Hacienda y a la Seguridad Social, una práctica habitual en el fútbol que
practican incluso los clubes más ricos, están también bajo la lupa de
Bruselas desde el año pasado. Al hilo de esa investigación abierta en
abril de 2012, Competencia, el área que lidera el vicepresidente de la
Comisión Joaquín Almunia, ha advertido también recientemente al Gobierno
por ese segundo flanco abierto. Una respuesta de Almunia de mediados de
febrero a la Eurocámara demuestra que la Comisión “es consciente de las
cantidades sustanciales en impuestos y cotizaciones que los clubes
profesionales españoles adeudan a las Administraciones”. Bruselas ha
solicitado ya información. Y también ha enviado cuestionarios a las
Administraciones afectadas para saber si hay ayudas de Estado por el
lado de los avales. “La Comisión está analizando esa información”, pero
deja claro al Europarlamento que tanto con las ayudas de Estado —como
las de la Generalitat Valenciana— como con las deudas a Hacienda y a la
Seguridad Social, los clubes de fútbol “no pueden recibir un trato
diferente del de otros agentes económicos”.
Las fuentes consultadas consideran que eso es, lisa y llanamente, lo
que viene ocurriendo en el fútbol español. Durante años se han
construido estadios por toda España con créditos blandos, avalados por
las Administraciones. Ha habido un variopinto abanico de ayudas que han
permitido hinchar lo que una fuente en Bruselas denomina “la burbuja del
fútbol español”, que traza un extraño paralelismo con otras burbujas:
al cabo, siempre ha habido varios grandes constructores al frente de
equipos en España.
Fuentes de Bruselas destacan que el procedimiento se puede demorar un
tiempo, pero que las primeras decisiones se podrían tomar en el plazo
de un año. Tras recibir quejas, el primer paso que da Competencia es
investigarlas para ver si hay base jurídica. Inmediatamente después se
envían cuestionarios a las Administraciones que pueden haber concedido
ayudas públicas ilegales o incompatibles con las leyes europeas: ese es
el estadio de la investigación, según confirman fuentes de Competencia.
Una vez Bruselas reciba toda la información, abrirá un procedimiento, el
pliego de cargos al que el Estado tiene derecho a contestar. Tras
examinarlo, se toma la decisión final: si las ayudas se declaran
ilegales o no compatibles con los tratados —y ese parece el caso,
siempre según las diversas fuentes consultadas—, el último capítulo es
exigir que esas ayudas se devuelvan, total o parcialmente.
A España solo le cabe un consuelo: no es el único país con problemas.
La Comisión tiene más avanzada una investigación en profundidad que
afecta a cinco clubes holandeses que recibieron ayudas municipales
ilegales. El NEC, el MVV, el Willem II, el poderoso PSV y el Den Bosch
recibieron más de 10 millones de euros públicos que ahora podrían tener
que devolver. En relación con este caso, Almunia explicó el miércoles
que los clubes profesionales “no deberían pedir ayuda a los
contribuyentes ante las dificultades financieras”. “Si aún así se les da
respaldo financiero, debe garantizarse que cumplan con las reglas de
ayuda de Estado para empresas en dificultades: en el caso de los cinco
clubes holandeses, la Comisión tiene dudas de que ese sea el caso”,
dijo. Ese puede ser exactamente el caso de la investigación sobre el
fútbol español. El argumento jurídico de Bruselas viene a decir que esas
ayudas “distorsionan la competencia”. En la práctica, algunas entidades
pueden hacer con ese dinero lo que otros solo pueden hacer con su
propio bolsillo: comprar jugadores, construir estadios y, en definitiva,
no jugar en condiciones de igualdad con los demás.
De confirmarse, la investigación de Bruselas y la posterior
devolución de las ayudas puede ser la puntilla para algunos equipos,
dado el precario estado de salud financiera del fútbol. En la última
década, una veintena de clubes han tenido que acogerse a la ley
concursal. Con la llegada de la crisis, las cosas han ido a peor. El
prestigio futbolístico de los clubes españoles está en lo más alto.
Precisamente en Bruselas, uno de los representantes de la clase media, el Málaga, le dio hace no mucho un repaso al Anderlecht,
el principal club belga. Pero si en lo futbolístico España vuela alto,
en lo económico hay dudas razonables sobre la viabilidad de muchos
clubes, según destacaba un estudio reciente de la consultora KPMG.
Esa aparente paradoja entre la buena salud deportiva de los clubes y
su pésima situación económica despierta recelos en Europa. “¿Acabarán
los contribuyentes alemanes pagando el fichaje de Ronaldo?”, se
preguntaba el diario sensacionalista alemán Bild hace un año. El
escalofrío es lógico: el Deportivo ha suspendido pagos; el Málaga ha
sido suspendido un año por la UEFA por impagos; el Valencia, el Hércules
y el Elche están en manos de la Generalitat y la retahíla de problemas
económicos es interminable. Con ayudas públicas o sin ellas, la burbuja
es sensacional: el sector arrastra una deuda de 3.600 millones (600 con
Hacienda), según el Consejo Superior de Deportes. Bruselas tiene ahora
la palabra.
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