El 16 de abril de 2010 el PP dio de alta a Luis Bárcenas
en la Seguridad Social como empleado suyo. Ocurría ocho días después de
que el exsenador renunciara con “carácter definitivo” a ser tesorero
por su implicación en el caso Gürtel. Y 1.022 días cotizados/trabajados después, el 31 de enero de 2013, le daba la baja, el mismo día que EL PAÍS publicaba los papeles de Bárcenas.
Los datos de su vida laboral dejan claro que la relación entre 2010 y
2013 de Bárcenas con el PP es la de un contrato indefinido generado tras
su renuncia, y que cesó por “baja voluntaria” del extesorero hace solo
22 días.
La baja ante la Seguridad Social debe comunicarse en un plazo máximo
de seis días naturales desde el día siguiente a la fecha del despido
fijada por la empresa, según expertos en derecho laboral consultados.
Por tanto, el despido de Bárcenas el pasado 31 de enero no fue la
respuesta al hallazgo de la fortuna opaca de Bárcenas (hasta 22 millones
de euros en Suiza), difundido por un auto del juez Pablo Ruz el 15 de
enero.
El PP podría haberlo despedido cualquier día desde entonces, pero le
dio de baja el 31 de enero de 2013, el día que EL PAÍS difundió los
apuntes manuscritos del extesorero con datos de presuntos pagos a
dirigentes del PP y supuestas donaciones opacas de empresarios, caso que
hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción. Ese día el PP, a través de su
secretaria general, Dolores de Cospedal, negó tal contabilidad. Algo que también hizo el propio Bárcenas.
Desde días antes, el PP sabía que EL PAÍS manejaba esa información
manuscrita por su extesorero, ya que este periódico llamó a diversos
dirigentes del partido para confirmar tales pagos, que uno tras otro
negaron.
La vida laboral oficial de Bárcenas, la que que maneja el PP y el Gobierno, ofrece varias contradicciones
con los sucesivos comunicados del partido sobre su expulsión laboral.
Por ejemplo, el último, emitido el pasado 13 de febrero: en 2010 el PP
acordó “no reintegrar al señor Bárcenas a su puesto de trabajo
reconociendo en consecuencia a los efectos de lo previsto en el artículo
56 del Estatuto de Trabajadores, una indemnización por la resolución
del contrato de trabajo. Ambas partes acordaron que la indemnización
procedente se abonara mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012,
con el abono por la empresa de las cotizaciones sociales durante el
periodo del citado finiquito”. Pero el PP le registró en abril 2010 y
hasta 2013 como empleado bajo contrato indefinido.
Pero más allá de que el historial laboral desnude el argumentario de
la dirección del PP, y las manifestaciones de la secretaria general, Dolores de Cospedal,
sobre que se expulsó a Bárcenas en 2010, cuando en realidad se le fichó
de nuevo, la situación del extesorero podría dar lugar a un posible
fraude a la Seguridad Social, según explican inspectores de Trabajo.
“Para que un empleo sea legal se tienen que dar dos requisitos: que haya
ocupación real y cotización a la Seguridad Social. Si hay ocupación del
trabajador pero no se cotiza es un fraude a la Tesorería General de la
Seguridad Social. Pero si hay cotización y no hay trabajo real, es
también fraude. Se está fingiendo un trabajo para engordar las
cotizaciones y dar lugar a prestaciones como jubilación, desempleo,
bajas, incapacidades. Por razones parecidas, inspeccionamos y
sancionamos a empresarios que fingen empleos para extranjeros para que
cobren ilegalmente el paro”, afirman esas fuentes.
Por otro lado, si lo que ha percibido en estos dos últimos años es un
salario, como indica su alta en la Seguridad Social, todo apunta que el
finiquito iría aparte. Desde que estalló el caso Gürtel,
Bárcenas comentaba en privado que tenía dos razones para no soltar su
artillería de secretos e irregularidades del partido: por un lado, su
confianza en la lealtad de Rajoy hacia su persona, y, por otro, que
estaba pendiente de perfilar la liquidación final a su trabajo de
décadas en el partido.
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