Jorge Trías Sagnier, diputado del Partido Popular en la legislatura 1996-2000 y actualmente abogado en ejercicio, admite en un artículo que hoy publica EL PAÍS la existencia de sobresueldos de hasta 10.000 euros al mes
que se repartían en la cúpula del PP. El dinero, según esta versión, se
entregaba “en efectivo y en sobres”, y la cantidad variaba en función
de los “cargos y las responsabilidades”. El relato de Trías Sagnier, el
primero avalado con nombre y apellidos desde que estalló el escándalo de
los sobresueldos opacos, sostiene que los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta (de 1993 a 2008) y Luis Bárcenas
“llevaban una contabilidad B tanto de las donaciones personificadas
como de las anónimas, y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese
dinero” —esto es, “una lista de donantes y receptores”—.
El exgerente y extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, con quien
Trías Sagnier declara tener amistad, ha sido el hombre clave en las
finanzas del PP durante 20 años. Apartado de los cargos por su
imputación en el caso Gürtel, la investigación judicial ha destapado que llegó a ocultar hasta 22 millones de euros en cuentas suizas
junto con otros socios aún no identificados; una parte importante de
este dinero ha sido regularizado gracias a la amnistía fiscal.
Tras conocerse esta semana su fortuna oculta en Suiza, saltaron a la
luz las acusaciones vertidas por el entorno de Bárcenas de que la cúpula
del PP recibía los citados sobresueldos, extremo negado por los máximos
dirigentes populares. El abogado y exdiputado del PP señala que la
recepción de este dinero, en caso de no haber sido declarado, no implica
necesariamente un delito, debido a que la cuota defraudada quedaría por
debajo del umbral delictivo.
Trías Sagnier, cuya mediación en el caso Gürtel entre el
juez Pedreira y Rajoy generó polémica hace un año, reconoce en Luis
Bárcenas un amigo con quien ha recorrido “montañas y tenido larguísimas
conversaciones”.
El exdiputado popular pide tanto a Dolores de Cospedal como a Mariano Rajoy
que, aunque ellos hayan acabado con la práctica del reparto de sobres
para la cúpula del partido, den explicaciones en detalle a los
ciudadanos y a los propios afiliados y miembros del PP. Que aporten toda
la información de la que disponen para despejar las dudas que han
surgido sobre lo sucedido en el seno del Partido Popular. “Si no creemos
en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos
tantos sacrificios como se les están exigiendo?”, concluye.
Lee el artículo completo de Jorge Trías Sagnier:
¿Sombras o certezas?
JORGE TRÍAS SAGNIER
Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los
partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está
ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”.
Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están
limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido
—porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de
explicaciones. Y rápidas.
En la primera legislatura de Aznar,
la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo
pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán,
Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo
Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto
muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre
cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que
había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos
y la ley que lo regulaba.
Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas.
Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente
todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas,
enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese
sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había
gato encerrado. CiU,
de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si
mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa
de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos.
Ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas
—con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y
a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a
un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de
financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe
también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.
Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario
que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que
sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios
materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara.
Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente,
ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo
la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta
aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos
muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán
ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es
hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.
¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas
que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y
el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó
postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio.
Pero la verdad se va abriendo paso.
Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los
fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y
señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal,
sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados
por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano
Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación
convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis
Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió
interinamente, Romay y la actual tesorera.
No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos
ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado.
Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa
contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de
las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a
quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse
ni mentir.
Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones
de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas.
Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible
delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado
numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.
Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma
sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como
complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la
cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en
pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían
cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de
diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es
por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían
dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora
dirigen el partido.
Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible,
pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos
respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En
resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la
deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e
incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.
Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado
esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito
fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no
llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está
servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se
hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado,
debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se
acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues
probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba,
pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito.
Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.
El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para
soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy
cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para
sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este
monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”,
afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente,
y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el
jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de
ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no
creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los
ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?
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