La Plataforma Estatal en Defensa de una Escuela Pública -integrada
por las federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT, STES-i, CGT, la
Confederación Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y el Sindicato de
Estudiantes, entre otras organizaciones- salen hoy de nuevo a la calle en todas las capitales de provincia para protestar esta vez contra el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que consideran "retrógrado, clasista, excluyente y segregador".
El adelanto de los itinerarios hacia la Formación Profesional o el
Bachillerato, las reválidas, la eliminación de Educación para la
Ciudadanía y la vuelta de una alternativa "dura" (Ética) para la
asignatura de Religión, el "apoyo" a la enseñanza privada y
"segragadora" por sexo, el "ataque" a las lenguas cooficiales o la falta
de una memoria económica que acompañe a la ley son las principales quejas de esta plataforma contra la futura reforma educativa.
"Esperemos que tome nota el ministro y haya un nuevo documento que
recoja el clamor de la calle. No nos van a parar. Nos uniremos toda la
comunidad educativa en defensa de la Educación", ha advertido el
secretario general de FE-CCOO, José Campos, que ha indicado que se trata de una norma "ideológica y partidista". "No sabemos cuántas movilizaciones habrá que hacer para aplacar la bravura del ministro Wert", ha apostillado.
Según Campos, el titular de Educación sólo ha escuchado para la redacción del borrador a las empresas y a la Conferencia Episcopal
y ha criticado que se presente otra vez la Formación Profesional como
la "hermana pobre" del sistema educativo, y las evaluaciones al final de
cada etapa sirvan para hacer 'rankings' de centros. "No queremos un
desfile de modelos de profesores y alumnos de primera, segunda o
tercera", ha aseverado.
Por su parte, el presidente de la CEAPA, Jesús María Sánchez, ha
censurado que el Ministerio de Educación haga "caso omiso" a las
distintas sentencias de los tribunales contra la educación diferenciada,
"favoreciendo" este modelo en la reforma, y, sin embargo "sí se
acuerde" de los fallos del Constitucional y del Supremo para "atacar" al
sistema de inmersión lingüística de Cataluña.
Sánchez ha criticado que se "malgaste el dinero" en la implantación de las reválidas mientras se recorta en programas de apoyo, becas y personal,
y que estas pruebas sean controladas por personal externo a los centros
escolares, "poniendo una vez más en duda al profesorado". A su juicio,
esta ley "mala" va a dejar a "miles" de alumnos por el camino y no va a
solucionar el abandono y fracaso escolar.
El que quiera calidad, que la pague
El secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, ha
defendido la convocatoria de movilizaciones en contra de las "bases
ideológicas" de una ley que prima el 'sálvese quien pueda' y "el que
quiera calidad de enseñanza, que se la pague". Según ha indicado, el Gobierno con su reforma elimina la cohesión y la igualdad de oportunidades del sistema educativo.
López Cortiñas ha dicho también que el segundo borrador sólo recoge las reivindicaciones de la Conferencia Episcopal, "endureciendo" la alternativa a Religión con el fin de aumentar el alumnado en esta asignatura,
y las de la patronal de la enseñanza privada, "ampliando los conciertos
en base a una demanda social". Asimismo, ha indicado que se va a
cambiar toda la normativa de escolarización "para seleccionar al
alumnado".
"Están engañando a la sociedad porque realmente se ha reunido con la
Conferencia Episcopal, que es la verdadera triunfadora en esta reforma",
ha asegurado el portavoz de STES-i, Augusto Serrano, que también ha
señalado que los "derrotados" son las lenguas cooficiales,
a las que se les pone en un "nivel inapropiado e injustificado" en el
anteproyecto, ya que el ministerio las clasifica como asignaturas de
"especialidad" y no "troncales".
Para el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, el departamento de José Ignacio Wert
guarda una "memoria económica oculta" para el sistema educativo, que va
a suponer el "recorte de 11.000 millones de euros" en la enseñanza
pública, de los que, según ha dicho, ya se han recortado más de 4.000
"en menos de seis meses" y que han supuesto el despido de 50.000
profesores. "El Gobierno tiene pendiente recortar otros 7.000 millones
que llevarán al cierre de centros públicos. No exageramos cuando hablamos de desmantelamiento de la enseñanza pública", ha advertido.
Por último, el portavoz de CGT, Feli García, ha apostado por mantener
el "nivel de combate" para "frenar" lo que, a su entender, es "un
ataque en toda regla" a la enseñanza pública en favor de la
privada-concertada, el "modelo de copago de la enseñanza". Asimismo, ha
advertido de que el Gobierno quiere poner a la enseñanza "al servicio de
un modelo económico", cuyo eje principal es la "competitividad".
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