Una manifestación en Buenos Aires frente la casa de la provincia de
Tucumán, en protesta por el fallo judicial que absolvió a 13 enjuiciados
por el secuestro, prostitución y desaparición de la joven Marita Verón,
ha desembocado la noche del miércoles en una batalla campal entre los
manifestantes y los policías.
Los incidentes han arrojado varios heridos a raíz de piedrazos y
refriegas, mientras que el edificio sede de la provincia norteña en la
capital porteña ha quedado muy dañada por los golpes con vallas y palos
que le profirieron los jóvenes, en su mayoría de la ONG "Ni una mujer
más víctima de las redes de prostitución" y partidos de izquierda.
Por la mañana, la presidenta peronista Cristina Fernández, viuda de
Kirchner, se había mostrado indignada por el fallo y sugirió que el
tribunal fue sobornado por los acusados "cuando hay dinero de por medio
(a los jueces) no les importa nada», disparó.
La jefa de Estado anunció que «me comprometo a impulsar» desde la
Casa Rosada un proceso de «democratización y control republicano del
poder judicial, uno de los tres poderes del Estado", sin dar detalles
sobre al respecto cuáles son las ideas que andan rondando por su cabeza.
Luego ha salido públicamente la diputada ultra kirchnerista Diana
Conti a aclarar por dónde podrían ir los tiros. «Soy de la idea de que
los jueces sean elegidos periódicamente, que no duren eternamente. Llegó
la hora de que el pueblo participe de la elección de los jueces",
arriesgó.
Todos en Argentina se sorprendieron por el fallo absolutorio del
tribunal de Tucumán hacía los 13 hombres y mujeres enjuiciados durante
casi un año por el caso Verón. La fiscalía y la querella habían pedido
que fuesen condenados a penas de 12 a 26 años de prisión por los delitos
de privación ilegítima de la libertad.
El caso de Marita Verón
Marita Verón fue secuestrada
a los 23 años, el 3 de abril de 2002. Era madre de una niña, de un año,
y estudiaba arte. Hombres de civil la subieron a la fuerza en un coche,
a plena luz del día en las calles de Tucumán, ubicada a 1.200
kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y desde entonces permanece
desaparecida para su familia.
La madre, Susana Trimarco, reclamó en la sede del gobierno peronista
de Tucumán y ante el silencio del poder cayó en la cuenta de que su hija
había caído en manos de una mafia de tráfico de jóvenes. Entonces se
infiltró en mancebías maquilladas de güisquerías simulando ser una
señora de alterne. "Una vez casi me viola un tipo", recordó. Pero el
riesgo valió la pena pues en ese circuito recogió testimonios de chicas
que habían conocido a Marita.
Así se enteró de que su hija habría sido vendida por 2.000 euros a la
mafia. Había vivido cautiva en varios puticlubs de Tucumán y, más
tarde, vendida a otros de la provincia de La Rioja. "Le pegaron, la
violaron, la prostituyeron y le daban cocaína para que trabajara más",
confió.
Su lucha incansable sacó a la luz el mundillo de la explotación de
mujeres donde, además de los capos, pululan policías, políticos y
empresarios. Y gracias a ella, en 2008, el parlamento argentino aprobó
la ley de Trata de Personas.
Durante su bregar por hallar a Marita descubrió que 17 jóvenes
argentinas habían sido vendidas a España y fueron rescatadas por la
Policía Nacional en burdeles de Bilbao, Burgos y Vigo.
Su fundación 'María de los Ángeles' lleva rescatadas a 600 víctimas. Y
atiende en un centro especial a los hijos de esas chicas. En 2007, el
Departamento de Estado de los Estados Unidos la premió como 'Mujer
Coraje' y el Parlamento Europeo la invitó a exponer sobre la
problemática del tráfico de mujeres. Trimarco anunció que pedirá el
juicio político de «los sinvergüenzas» del tribunal de Tucumán, Alberto
Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero. «No derramé una
lágrima y el corazón sigue teniendo las mismas fuerzas, que me maten si
quieren hacerme callar. Voy a dar mi vida para que esto no quede así",
aseguró.
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