La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento de infracción contra
España por la subida de las tasas que deben pagar las compañías aéreas
en los aeropuertos explotados por AENA, y en particular en los de Madrid
y Barcelona, que entró en vigor en julio de 2012.
En una carta de emplazamiento -primera fase del procedimiento de
infracción-, Bruselas ha pedido explicaciones formales al Gobierno de
Mariano Rajoy sobre las causas de estos incrementos con el fin de
examinar si están justificados por los costes en que incurren los
aeropuertos.
El expediente contra España responde a varias denuncias de compañías
aéreas y asociaciones representativas del sector de los viajes y de la
aviación, que alegan que la subida no respeta las normas de la UE. El
Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a las
preguntas del Ejecutivo comunitario.
Si no le convencen las explicaciones de las autoridades españolas, la
Comisión podría pedir cambios en las tasas aeroportuarias e incluso
llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
En sus denuncias, las compañías aéreas aseguran que no fueron
adecuadamente consultadas sobre las modificaciones de las tasas
aeroportuarias. Aunque los cambios han supuesto incrementos modestos en
algunos aeropuertos pequeños, la tasa por pasajero en el aeropuerto de
Madrid se ha duplicado y un incremento similar se ha producido en el de
Barcelona.
"El incremento de las tasas es significativo para las compañías
aéreas que operan en los dos aeropuertos mencionados, a consecuencia de
lo cual las compañías podrían verse disuadidas de operar en ambos
aeropuertos", ha explicado el Ejecutivo comunitario.
Por ello, Bruselas "está recabando más información que garantice que
las modificaciones estaban justificadas sobre la base de los costes para
el aeropuerto.
Además, la Comisión desea asegurarse de que España ha establecido una
autoridad de supervisión independiente, tal como exige la normativa
comunitaria.
La directiva europea sobre tasas, adoptada en 2009, establece unos
requisitos mínimos para su cálculo y exige la consulta previa entre
aeropuertos y compañías antes de cualquier cambio.
La directiva obliga a los aeropuertos a proporcionar información
suficiente sobre los costes para los usuarios de los aeropuertos.
También se exige a los Estados miembros que establezcan una autoridad de
supervisión independiente para arbitrar los conflictos sobre las tasas
aeroportuarias entre los aeropuertos y las aerolíneas.
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