Las defensas del doctor Carlos Morín y sus 11 colaboradores acusados por ejecutar más de un centenar de abortos ilegales en sus clínicas privadas de Barcelona han pedido, en la primera sesión del juicio en la Audiencia de Barcelona, la nulidad del juicio por estar "viciado y podrido desde el inicio".
Durante la sesión, dedicada a las cuestiones previas, los defensores han pedido la nulidad por partir de "medios de prueba ilícitos", como las imágenes de cámara oculta del reportaje de la televisión danesa que alertó de las presuntas irregularidades de las clínicas de Morín, las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil, y la falta de información sobre el proceso a los encausados.
El abogado del doctor Carlos Morín, Miguel Capuz, ha alegado que el centenar de abortos ilegales perpetrados no son punibles" porque cuando se produjeron los hechos en 2007 no existía ninguna ley que concretara este extremo del reformado Código Penal.
Hasta 300 años de cárcel
El juicio contra el médico peruano Carlos Morín y sus colaboradores que presuntamente formaron un entramado hasta 2007 en sus clínicas privadas de Barcelona para realizar más de un centenar de abortos ilegales empieza este viernes en la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas y las declaraciones de los imputados a partir de este lunes.
La asociación E-Cristians, que ejerce de acusación popular en el caso Morín, ha pedido este jueves una nueva legislación que proteja a los no nacidos e impida que el aborto se convierta "en un puro y gran negocio".
En una rueda de prensa, el presidente de E-Cristians, Josep Miró, ha reclamado esta, ya que "sólo hace falta ver el estandarte de vida que llevaba Morín como se ve en el sumario (no es ninguna cuestión de fisgoneo). Uno no tiene un Ferrari, un Maserati, una torre de 450 metros cuadrados a base de hacer abortos si el aborto no es un mero negocio", ha lamentado.
También ha criticado "la impunidad con que se puede actuar de forma brutal por parte de las administraciones", lamentando que los establecimientos nunca registraron una inspección mientras funcionaban, y que el negocio fue financiado con subvenciones públicas.
Miró ha recordado algunas de las presuntas irregularidades que se perpetraban en sus clínicas, como que el 96% de los casos se acogían a la excepción legal de interrumpir el embarazo "por riesgo psicológico o físico de la madre", pese a que nunca eran visitadas por psicólogos y les hacían firmar documentos en blanco con datos falseados para simular que el feto no sobrepasaba las 22 semanas permitidas por la entonces ley vigente.
También ha insistido en la "mala praxis" y las condiciones sanitarias de las operaciones, que ponían en riesgo la salud de las mujeres --llegaron a pagar hasta 6.000 euros-- e incluso introducían los restos biológicos en trituradoras y se deshacían de ellos por el alcantarillado.
Por ello, Morín se enfrenta a más de 300 años de cárcel, acusado de delitos de aborto, asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental, y 12 colaboradores también están imputados en la causa que ha investigado el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona.
En el juicio que arranca este viernes en la Audiencia, desfilarán hasta 115 testigos, uno de los cuales está protegido porque se trata de una extrabajadora de la clínica que permitió reiniciar el caso después de que algunos medios extranjeros divulgaran las supuestas ilicitudes de estas prácticas en las clínicas de Morín, ha destacado el presidente de E-Cristians.
Las mujeres no están imputadas
Las mujeres que acudieron a las clínicas, que permanecen clausuradas, fueron imputadas en un primer momento, pese a que después el juez decidió que fueran sólo testigos, lo que Miró ha celebrado: "El juicio se tiene que concentrar en Morín y su organización".
Según ha remarcado, se trata del juicio "más importante sobre este tema en Europa por el número de inculpados, testigos y volumen de años de cárcel", aunque ha afirmado que inicialmente les avisaron de que una querella como la que presentaron en 2006 por aborto ilegal de mujeres que llevaban más de seis meses de gestación no prosperaría.
Miró ha pedido garantizar que todos los imputados comparezcan en la Audiencia "para que no parezca una opereta", después de que uno de los procesados, Marcial R., haya huido, si bien el abogado de E-Cristians, Carlos Barbosa, ha dicho que no pueden pedir medidas cautelares para evitarlo.
Protesta antiabortista
Una decena de miembros de la plataforma antiabortista Derecho a Vivir se han concentrado este viernes por la mañana ante la Audiencia de Barcelona por el juicio al médico Carlos Morín y a 12 de sus colaboradores por más de cien abortos ilegales en sus clínicas privadas de Barcelona.
Con una pancarta roja con el lema 'No existe el derecho a matar: existe el derecho a vivir' y uniformados con gorras y camisetas de la plataforma, se han plantado ante el edificio donde se procesará a los acusados y desfilarán hasta 115 testigos.
Su portavoz, Liberto Benderos, ha celebrado en declaraciones a los medios que el caso haya llegado a juicio, y espera que la sentencia sea condenatoria y Morín "pague por todos sus crímenes".
"Este proceso nos demuestra que, cuando empiezas quitando la vida, aunque sea dentro de la legalidad, se puede llegar a los extremos a los que se llega", que Benderos considera aberraciones.
Al preguntársele por la manera como se realizaron las interrupciones del embarazo, ha dicho que "lo peor es quitar una vida. Las formas, pues mira, agravan las cosas, pero el principal crimen es el aborto".
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