La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una investigación ante la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer los detalles de la expulsión a Marruecos de los 73 inmigrantes de origen subsahariano que se encontraban en Isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, en la madrugada del pasado martes.
Según fuentes de la Alta Institución se ha remitido carta a la citada Secretaría de Estado pidiendo explicaciones sobre "las circunstancias en que se produjo la entrega a Marruecos" de estas personas, a fin de esclarecer si, como han denunciado diversas ONG, se produjeron irregularidades.
En concreto, distintas organizaciones sociales se han puesto en contacto con la Alta Institución para denunciar que el Ministerio del Interior vulneró la Ley de Extranjería al ejecutar una devolución colectiva, cuando la normativa española prevé que las deportaciones han de estudiarse caso por caso y con una serie de garantías, como el acceso a un abogado y un intérprete.
Las ONG dicen que la ley obliga a estudiar caso por caso y a ofrecer garantías
Asimismo, las ONG afirman que no se tuvieron en cuenta ni los convenios internacionales de Derechos Humanos ni la legislación nacional en materia de asilo, ya que no se dio a estas personas la oportunidad de solicitar protección internacional ni de explicar si procedían o no si llegaban huyendo de algún tipo de persecución contemplada en la Convención de Ginebra.
La Defensora del Pueblo pregunta también a la Secretaría de Estado de Seguridad por la atención que recibieron las más de 80 personas que habían alcanzado de forma clandestina este islote de soberanía española situado a escasos metros de la costa marroquí, durante los días previos.
De este modo, se interesa tanto por el trato a los 73 migrantes que fueron expulsados a Marruecos como por el que recibieron las mujeres embarazadas y los niños que finalmente se enviaron a Melilla.
Bruselas también lo estudia
Al día siguiente del desalojo, la Comisión Europea también expresó su interés por analizar la evacuación, según informó entonces el portavoz de esta institución, Michele Cercone. "Bruselas está siguiendo los acontecimientos y, si se considera que no se han respetado todos los principios del derecho internacional, se pedirán más detalles a las autoridades", explicó Cercone a Efe.
En concreto, recordó "a España, como al resto de países, que se deben respetar los principios y obligaciones del derecho internacional, como el principio de no devolución", que impide las expulsiones masivas sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada persona y sus opciones al asilo.
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