Funcionarios protestan ante la sede nacional del PP en Madrid. / ÁLVARO GARCÍA
La Delegación del Gobierno en Madrid va a tramitar expedientes de sanción a 157 personas identificadas por la policía durante las protestas del pasado julio en la capital contra los recortes aprobados por el Ejecutivo. En los casos tipificados como falta grave por la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana, estos procedimientos podrían concluir con multas superiores a los 300 euros.
La mayor parte de identificaciones se produjeron por participar en cortes de tráfico con la “suficiente entidad e incidencia en la circulación como para obligar a intervenir a la policía”, explican fuentes de la Delegación. Al ser espontáneas, las protestas contra los recortes incumplieron el requisito de comunicación previa a la autoridad gubernativa.
La Delegación aclara que la policía solo procedió a identificar a aquellos manifestantes que participaron “de una forma activa” en los cortes de circulación. Sobre la posible calificación de estas actitudes como falta grave, las fuentes consultadas se remiten a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aunque explican que a la conducta ilícita se suma en muchos casos el agravante de “desobediencia a la autoridad”, al hacer caso omiso estos ciudadanos a los requerimientos de la policía.
Las fuentes de la Delegación también añaden que los denunciados gozan de “todas las garantías del procedimiento sancionador”, con los correspondientes trámites de alegaciones y recursos administrativos y contencioso-administrativos. “La valoración se realizará atendiendo a los hechos reflejados por la policía en cada caso particular”, concluyen.
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