Santo Domingo, 12 mar (PL) El académico y geólogo dominicano Osiris de León censuró el proyecto de una base naval en la isla Saona (este), porque es violador de leyes y normativas vigentes.
Sobre la viabilidad de esa iniciativa, De León declaró a Prensa Latina que prueba de la incompetencia de la administración pública dominicana es el Ministerio de Medio Ambiente, institución en el que usualmente no se requiere ser entendido en recursos naturales y medio ambiente para ocupar el máximo cargo.
Los gobiernos entienden que un buen ambientalista sería respetuoso de la ley 64-00 que rige ese sector y cuidaría su buen nombre, además de no prestarse a dar su visto bueno a planes públicos y privados que atentan contra la preservación del entorno.
Sin embargo, agregó el investigador, en el Ministerio de Medio Ambiente siempre hacen lo contrario de lo que manda la ley y lo contrario del razonamiento lógico, el sentido común, la prudencia y la decencia ambiental.
El ministerio autorizó la tirada de 80 mil toneladas de rockash (rocas de ceniza) en los muelles de Samaná y Manzanillo, autorizó y defendió la instalación de una cementera en Los Haitises, denunció el experto.
De igual forma, agregó, autorizó y defendió el dragado de arenas en Playa Grande, de Río San Juan, y la canalización comercial irracional del río Camú, en La Vega, entre muchos otros graves errores ambientales convertidos en escándalos públicos.
Ahora, el ministro de Medio Ambiente (Ernesto Reyna), subrayó el geólogo, autorizó la instalación de una estación naval en el área protegida de la isla Saona y, como es norma de su cartera, querer imponer a como de lugar, los proyectos tienen el visto bueno gubernamental, aunque violen las leyes.
El ministro dice que nada detendrá esta obra porque este es un caso cerrado, sin haberse abierto al debate, sin un estudio de impacto ambiental y sin haber convocado a las vistas públicas obligatorias que manda la ley 64-00, porque el funcionario cree vivir en una sociedad tribal.
Ante esta nueva violación de la ley ambiental, recordó De León a instituciones contrarias a la base como la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación de Estudios Marinos, que dirige la doctora Idelissa Bonelly, y los grupos ambientales y sociales.
Esas entidades comprometidas con la preservación del medio ambiente y la sociedad dominicana se han pronunciado públicamente contra este absurdo que avergüenza a la sociedad dominicana, apuntó el académico.
Pero el ministro se atrevió a decir que es el narcotráfico quien patrocina protestas contra el destacamento que será construido para la Marina de Guerra en el puerto Catuano, en el área noroeste de la isla Saona, lo cual constituye un vulgar intento de chantaje contra quienes objetamos esa agresión a un área protegida, dijo el geólogo.
Las declaraciones y acciones de los dos últimos ministros de medio ambiente confirman que no hay un ministerio que cuide de los recursos naturales y por el cumplimiento de la ley, sino arrogantes funcionarios que no merecen el mínimo respeto por parte del pueblo dominicano, y mucho menos por parte de la comunidad ambiental.
La autorización de una estación de vigilancia en la isla Saona dependería de que el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental demostraran que no habría ningún daño al frágil ecosistema costero-marino de la isla Saona, pero el ministro de Medio Ambiente se equivoca de nuevo, insistió Fe León.
La comunidad ambiental dominicana está dispuesta a defender la ley que Reyna pisotea e ignora, y estamos en condiciones de volver a los tribunales, tal y como lo hicimos contra proyectos dañinos en el pasado, aunque quieran chantajearnos, sentenció el estudioso.
Recientemente el candidato presidencial de Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, llamó a los dominicanos a unirse al rechazo de la base militar de Estados Unidos en Saona, porque viola leyes ambientales y el convenio Ramsar.
Puig también demandó al gobierno que rectifique el desatino anunciado y detenga de inmediato los trabajos de la mencionada instalación, criticada por diversos sectores.
El líder político exhortó asimismo a las organizaciones ambientalistas, universidades y al sector turístico, muy especialmente a la juventud, a salir en defensa de uno de los más valiosos patrimonios naturales de la nación.
Es incomprensible que Estados Unidos, que ha aportado fondos para la preservación del Parque del Este, del cual forma parte la isla Saona, auspicie una construcción militar en franca violación a las leyes ambientales, subrayó el aspirante presidencial.
También resaltó el duro golpe que significaría para el turismo, ya que la isla es visitada anualmente por más de 400 mil turistas.
Sobre la viabilidad de esa iniciativa, De León declaró a Prensa Latina que prueba de la incompetencia de la administración pública dominicana es el Ministerio de Medio Ambiente, institución en el que usualmente no se requiere ser entendido en recursos naturales y medio ambiente para ocupar el máximo cargo.
Los gobiernos entienden que un buen ambientalista sería respetuoso de la ley 64-00 que rige ese sector y cuidaría su buen nombre, además de no prestarse a dar su visto bueno a planes públicos y privados que atentan contra la preservación del entorno.
Sin embargo, agregó el investigador, en el Ministerio de Medio Ambiente siempre hacen lo contrario de lo que manda la ley y lo contrario del razonamiento lógico, el sentido común, la prudencia y la decencia ambiental.
El ministerio autorizó la tirada de 80 mil toneladas de rockash (rocas de ceniza) en los muelles de Samaná y Manzanillo, autorizó y defendió la instalación de una cementera en Los Haitises, denunció el experto.
De igual forma, agregó, autorizó y defendió el dragado de arenas en Playa Grande, de Río San Juan, y la canalización comercial irracional del río Camú, en La Vega, entre muchos otros graves errores ambientales convertidos en escándalos públicos.
Ahora, el ministro de Medio Ambiente (Ernesto Reyna), subrayó el geólogo, autorizó la instalación de una estación naval en el área protegida de la isla Saona y, como es norma de su cartera, querer imponer a como de lugar, los proyectos tienen el visto bueno gubernamental, aunque violen las leyes.
El ministro dice que nada detendrá esta obra porque este es un caso cerrado, sin haberse abierto al debate, sin un estudio de impacto ambiental y sin haber convocado a las vistas públicas obligatorias que manda la ley 64-00, porque el funcionario cree vivir en una sociedad tribal.
Ante esta nueva violación de la ley ambiental, recordó De León a instituciones contrarias a la base como la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación de Estudios Marinos, que dirige la doctora Idelissa Bonelly, y los grupos ambientales y sociales.
Esas entidades comprometidas con la preservación del medio ambiente y la sociedad dominicana se han pronunciado públicamente contra este absurdo que avergüenza a la sociedad dominicana, apuntó el académico.
Pero el ministro se atrevió a decir que es el narcotráfico quien patrocina protestas contra el destacamento que será construido para la Marina de Guerra en el puerto Catuano, en el área noroeste de la isla Saona, lo cual constituye un vulgar intento de chantaje contra quienes objetamos esa agresión a un área protegida, dijo el geólogo.
Las declaraciones y acciones de los dos últimos ministros de medio ambiente confirman que no hay un ministerio que cuide de los recursos naturales y por el cumplimiento de la ley, sino arrogantes funcionarios que no merecen el mínimo respeto por parte del pueblo dominicano, y mucho menos por parte de la comunidad ambiental.
La autorización de una estación de vigilancia en la isla Saona dependería de que el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental demostraran que no habría ningún daño al frágil ecosistema costero-marino de la isla Saona, pero el ministro de Medio Ambiente se equivoca de nuevo, insistió Fe León.
La comunidad ambiental dominicana está dispuesta a defender la ley que Reyna pisotea e ignora, y estamos en condiciones de volver a los tribunales, tal y como lo hicimos contra proyectos dañinos en el pasado, aunque quieran chantajearnos, sentenció el estudioso.
Recientemente el candidato presidencial de Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, llamó a los dominicanos a unirse al rechazo de la base militar de Estados Unidos en Saona, porque viola leyes ambientales y el convenio Ramsar.
Puig también demandó al gobierno que rectifique el desatino anunciado y detenga de inmediato los trabajos de la mencionada instalación, criticada por diversos sectores.
El líder político exhortó asimismo a las organizaciones ambientalistas, universidades y al sector turístico, muy especialmente a la juventud, a salir en defensa de uno de los más valiosos patrimonios naturales de la nación.
Es incomprensible que Estados Unidos, que ha aportado fondos para la preservación del Parque del Este, del cual forma parte la isla Saona, auspicie una construcción militar en franca violación a las leyes ambientales, subrayó el aspirante presidencial.
También resaltó el duro golpe que significaría para el turismo, ya que la isla es visitada anualmente por más de 400 mil turistas.
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