“El gobierno uruguayo celebrará un acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos acaecida en el país durante la dictadura militar”, anticipó el ministro, refiriéndose a un acto que tendrá lugar el 21 de marzo próximo.
“Ello tiene un singular valor demostrativo de la voluntad y de la convicción con las que nuestro gobierno encara la lucha contra la impunidad y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”, agregó Almagro en su alocución.
A raíz del caso Gelman
El ministro precisó a la AFP que la medida se funda en dar una adecuada respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH) en el caso Gelman, un dictamen que obliga al Estado a investigar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas y sus familiares.
Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino Juan Gelman, desapareció en Argentina durante la dictadura en aquel país (1976-1983), pero su compañera, María Claudia García, fue hecha prisionera y trasladada a Uruguay embarazada. Dio a luz en cautiverio a una niña, Macarena Gelman, y posteriormente fue asesinada.
Macarena Gelman fue encontrada por su abuelo, y juntos presentaron una demanda en la CIDH, la cual emitió la sentencia que obliga a Uruguay a acatarla, motivando ahora el anuncio de Ginebra.
En cuanto a la violencia ejercida por la guerrilla en épocas del pasado régimen militar, el ministro indicó a la AFP que ese tema ya ha sido abordado oportunamente por los tribunales y en el parlamento, una cuestión donde no hay ninguna responsabilidad del Estado.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 47 países elegidos mediante el voto secreto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según una representación proporcional por continentes, entre cuyos miembros figura Uruguay, que actualmente lo preside a través de su embajadora en Ginebra, Laura Dupuy.
Almagro invitó a visitar Uruguay en el segundo semestre del presente año al Relator de la ONU contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, a efectos “de conocer in situ el seguimiento que el país ha dado a las recomendaciones (de su predecesor) en su visita en 2009, lo cual nos impulsó a atender múltiples carencias en condiciones de privación de libertad“.
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