Los definen como "auténticos agujeros negros", "espacios de impunidad" o lugares "opacos" donde se vulneran derechos de los 'sin papeles'. Y exigen su cierre inmediato. La nueva ofensiva contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se juega en el Congreso, pero también en la calle. Por un lado, Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que pide al Gobierno el desarrollo "urgente" de un reglamento; por otro, un total de 148 organizaciones sociales, vecinales, políticas, jurídicas y sindicales se han unido para exigir su punto y final.
En una multitudinaria conferencia de prensa celebrada en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, los 140 firmantes del manifiesto denuncian que es ilegal privar de libertad a personas por el hecho de no tener su situación administrativa regularizada, que no es un delito sino una falta administrativa.
'Estar internado no es una medida cautelar, sino una sanción, un castigo', denuncian
La jurista del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Cristina Fernández, ha calificado los CIE como "auténticos agujeros negros" de la Democracia donde se vulneran "los principios democráticos y de derecho".
Entre los firmantes hay grupos de toda España: vinculados a los Derechos Humanos, asociaciones de inmigrantes y conocidos organismos como SOS Racismo o Médicos del Mundo.
El abogado de la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos José Javier Ordóñez ha criticado que el Gobierno no informe del número de internos. Cálculos no oficiales sitúan cada año a unas 16.000 personas en los CIES, de las que solo un 49% son finalmente expulsados del país. "El internamiento en un CIE no es pues una medida cautelar, sino una sanción, un castigo, y eso es una locura jurídica", ha dicho.
Cristina Fernández ha asegurado que en los CIES, al no disponer de un reglamento, se actúa de manera discrecional, "son espacio de impunidad" donde, según ella, se cometen agresiones y vejaciones a menudo y "se expulsa a los testigos de estos actos si se presenta una denuncia".
La Defensora del Pueblo tiene abierta una investigación de oficio sobre una muerte en un centro
Precisamente en ese sentido se enmarca una actuación paralela de Izquierda Unida en el Congreso, que reclama un desarrollo "urgente" del reglamento, pero también el "cierre progresivo" de estas instalaciones.
La iniciativa pide además que se proceda al "cierre inmediato" del CIE de Madrid, situado en el barrio de Aluche, por las "inadecuadas condiciones" de habitabilidad, producidas por la situación de hacinamiento en sus celdas y por la falta de unas condiciones sanitarias y de aseo apropiadas para con sus retenidos". En él, falleció recientemente una congoleña por meningitis.
En cuanto al resto de centros, un total de nueve en España, solicita que se proceda a su "cierre progresivo" y sustitución por otros equipamientos "que salvaguarden la salud, la libertad y la dignidad de los ciudadanos extranjeros insuficientemente indocumentados".
La pasada semana, ERC ya pidió la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández, para que explicase en qué situación están los CIES en general y rinda cuentas, en concreto, por la muerte de un inmigrante de Guinea Conakry interno en el centro de Barcelona.
La Oficina de la Defensora del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano, mantiene abierta desde el pasado 6 de enero una investigación de oficio sobre este fallecimiento. Por ello, en los dos últimos días ha visitado la instalación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario