A pesar de rechazo internacional, persiste bloqueo contra Cuba

La Habana, 7 nov (PL) A pesar de la creciente denuncia contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, ese cerco con más de medio siglo se mantiene y profundiza. El mes pasado, 186 países -de 191 posibles- rechazaron por vigésima ocasión consecutiva en la Asamblea General de las Naciones Unidas la permanencia de esa política que ha costado a la nación caribeña más de 975 mil millones de dólares. Aunque el actual gobierno estadounidense ha adoptado algunas medidas positivas, estas son insuficientes y extremadamente limitadas, afirma el más reciente informe del archipiélago sobre la necesidad de poner fin al cerco. Entre ellas se encuentran la autorización de los viajes de norteamericanos a la isla con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos, y el permiso a ciudadanos norteamericanos para enviar remesas a ciudadanos cubanos en cantidades limitadas. De acuerdo con el texto, estas medidas no tienen la intención de alterar el complejo entramado de leyes, regulaciones y disposiciones que conforman la política de bloqueo contra Cuba. Precisamente, debido a "la estricta y feroz aplicación" de esas leyes y disposiciones normativas, la nación antillana continúa sin poder exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde Estados Unidos. Tampoco puede utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones financieras internacionales o tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Por otro lado, no se le permite el acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en otras naciones y de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de los rasgos distintivos de la aplicación de esa política bajo la actual administración, ha sido el recrudecimiento de la persecución de las transacciones financieras internacionales de Cuba, subraya el documento. También se han fortalecido las sanciones y el acoso extraterritorial contra ciudadanos, instituciones y empresas de terceros países que establezcan o se propongan establecer relaciones económicas con la nación caribeña.