La policía de Miami también ha caído en la crisis. No solo por sufrir despidos y recortes económicos en sus pagas y pensiones (algunas son realmente escandalosas, como las de los políticos), sino por sus métodos y enfrentamientos internos. Está bajo sospecha su forma de atacar la delincuencia en los barrios pobres de mayoría negra, algo recurrente en el país, y, lo más inesperado, ha estallado en plena línea de flotación del cuerpo una serie de enfrentamientos entre colegas saldados con tiros, arrestos y descalificaciones. Los vigilantes de la ley, en el ojo del huracán.
No es la época de Miami Vice y Scarface a final de los setenta y en los ochenta, aunque la droga sigue circulando imparablemente. De hecho, hace unos meses incluso hubo una conexión española cuando fue detenido el último cabecilla de la banda de Los Miami, Álvaro López Tardón, su hermano Artemio y tres compinches más que blanquearon hasta 26 millones de dólares de la venta de cocaína colombiana en España. Vivían en uno de los rascacielos para multimillonarios situados en la punta de South Beach y contaban con una flota de Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Bugatti, Aston Martin y Mercedes.
Pero también siguen cayendo policías. La semana pasada, entre los arrestados por otro caso de narcotráfico estaba Arthur Balom, veterano agente de Opa-Locka, una de las ciudades que rodean Miami. Es moneda habitual cada cierto tiempo, pero no tan descarado como hace 30 años, cuando Miami era capital en el imperio de los narcos colombianos y la policía navegó en aguas procelosas. Sólo cuando el peligro de generalización fue evidente hubo limpieza general, incluidos los policías implicados. Pero la lucha continúa, ahora al estilo CSI, casi igual de violenta, y con algunas variantes que parecen increíbles. “Todo es posible en Miami”, dice Sarita, cubana del exilio que ha vivido las dos eras.
Entre los meses de julio de 2010 y febrero de 2011, siete jóvenes negros fueron abatidos por las fuerzas especiales de la policía de Miami. La policía dijo que no tuvo opción, pero estalló el escándalo. El Departamento Federal de Justicia, a petición de la alcaldía y ante la presión de los principales barrios negros, ha acabado por abrir una investigación sobre si hubo violación de los derechos civiles. La contundente actuación policial provocó la indignación de las comunidades afectadas, en la misma línea que otros incidentes similares en Nueva York o Los Ángeles.
Las acusaciones de racismo salpicaron al jefe de policía, Miguel Expósito, quien finalmente fue despedido hace un mes. Distintas reuniones con los líderes comunitarios calmaron las aguas, pero la protesta ya está en la fiscalía estatal. “No estamos aquí para acusar a nadie ni para buscar culpables, sino para aprender y revisar [lo ocurrido]”, dijo Wilfredo Ferrer, el fiscal general para el distrito sur de la Florida, entrando de puntillas en el turbio asunto antes de añadir: “Y, si encontramos faltas o violaciones de los derechos civiles, arreglarlas o corregirlas”.
Entre los meses de julio de 2010 y febrero de 2011, siete jóvenes negros fueron abatidos por las fuerzas especiales de la policía de Miami
Es la 18ª investigación de este tipo que se efectúa en todo el país bajo la presidencia de Barack Obama y la segunda en Miami tras una en 2002 en la que se detectaron excesos policiales. Esta vez se comprobó que varios de los muertos iban desarmados, pero unas semanas después dos policías, un hombre y una mujer, murieron acribillados por un delincuente que se les adelantó. En el aire quedó la sospecha de que en la selva de delincuencia en que se ha convertido Miami, donde las armas de grueso calibre como los AK-47 se han generalizado en manos de malhechores desesperados y sin escrúpulos, la decisión de quién saca primero el arma es de décimas de segundo. Y el error o el acierto en la acción se mueve por un finísimo filo de la navaja hacia la vida o la muerte.
Expósito defendió siempre lo correcto de las acciones de los agentes y terminó enfrentándose con el alcalde al incautarse de máquinas tragaperras que calificaba de ilegales según las normas del Estado, ignorando una ordenanza municipal que las permitía. Acusó de esa permisividad al alcalde por haber recibido ayudas de los empresarios del juego para su campaña. Este enfrentamiento fue uno de los episodios insólitos que se repiten habitualmente en Miami. Pero no llegó a las manos. Tras ser despedido en una votación de los comisionados de la ciudad llevó su caso a los tribunales.
Que ciudadanos sean arrollados por un todoterreno conducido por policías ebrios en plena playa de Miami fue un escándalo reciente. Pero todo puede empeorar. En la madrugada del pasado 11 de octubre, la agente D.J. Watts, de la Patrulla de Carreteras, arrestó al policía de Miami Fausto López en el Turnpike, una de las autopistas que cruzan el sur de la Florida. Tras una peligrosa persecución de película, a más de 120 millas por hora, el doble de lo permitido, algo que López negó, Watts logró que su colega se detuviera y lo arrestó a punta de pistola. Todo quedó grabado en la cámara del coche de la agente, que pensó en un robo, pero que tampoco hizo caso a su supervisor cuando este ordenó que abandonara la persecución en medio del tráfico por el riesgo que suponía. López iba a un segundo trabajo de vigilante, fuera de la policía, y llegaba tarde. Con coche y gasolina pagados por el contribuyente.
La detención, retransmitida repetidamente por todas las cadenas de televisión, fue vista como humillante por la policía de Miami y provocó todo tipo de reacciones, especialmente machistas. Las revanchas no se hicieron esperar. Primero, una policía grabó a dos colegas de carreteras circulando también con exceso de velocidad. Después, otro efectuó una detención pese a que no tenía jurisdicción fuera de los límites de la ciudad. Y para ensuciarlo más, en el fragor de la batalla, el automóvil del portavoz de la Patrulla de Carreteras, excomisionado y perdedor de las elecciones a la alcaldía de Miami, apareció rociado de excrementos.
“No estamos aquí para acusar a nadie ni para buscar culpables, sino para aprender y revisar [lo ocurrido]”
Wilfredo Ferrer, fiscal general para el distrito sur de la Florida
Los jefes de los distintos cuerpos ordenaron el fin de los roces, pero unos días después, como a cualquier perro flaco, a la policía le salieron más pulgas en Lauderhill, otra ciudad al norte de Miami. Christopher John Biegger, un agente despechado, la emprendió a tiros con su compañera Britney Skinner, que estaba de vigilancia en su coche patrulla. Una de las 10 balas atravesó el chaleco que llevaba, pero milagrosamente no la hirió. Ella llamó a la central de la policía aterrorizada.
Biegger, que actuó así porque Skinner, con quien mantenía una relación, le había dejado, se fue a pedir dos pizzas y llamó por teléfono como si nadie se fuera a enterar de lo sucedido. Todo quedó grabado en la cámara de seguridad. Una unidad de las fuerzas especiales entró en la pizzería y le detuvo, esta vez sin disparos.
La agente fue muy afortunada al no engrosar la lista de víctimas de la violencia machista que también asola Miami. Sus colegas del condado de Dade han iniciado una campaña para que los vecinos denuncien a los que posean armas ilegalmente y acaba de terminar otra operación en el vecino de Broward donde ya suman este año más de 200 armas confiscadas y un número similar de detenidos. Dentro de la alta permisividad existente, el arsenal descontrolado es aún mayor.
“Todo está muy enredado", concluye Sara. “No me extraña que los policías se peleen, que maten a los negros porque si no los matan a ellos o que la gente haga lo que sea para sacar dinero. No es fácil, como dicen en Cuba”.
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