El listado se obtiene tras aplicar una veintena de parámetros que miden el gasto per cápita en sanidad, el número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, las tarjetas sanitarias individuales que tiene que atender cada médico generalista y el gasto farmacéutico, entre otros. También hay algunos subjetivos, como la satisfacción de los ciudadanos expresada en los barómetros sanitarios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Con una puntuación máxima posible de 74 puntos y una mínima de 18, la media obtenida por las comunidades autónomas ha sido de 55,52.
La FADSP, en consonancia con su ideología, penaliza en su baremo a los sistemas sanitarios autonómicos que tienen privatizados algunos servicios. Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Baleares, Galicia, Madrid y Valencia tienen las puntuaciones lastradas por el uso de empresas para prestar asistencia sanitaria. Muchas de ellas ocupan los puestos de cola, aunque según Marciano Sánchez, portavoz de la FADSP, el peso de este parámetro se limita al 5% de la nota final, por lo que la clasificación se mantendría muy similar si no fueran penalizadas. "Lo que ocurre es que donde hay servicios privatizados, la calidad de la sanidad suele ser peor", argumentó ayer Sánchez durante la presentación del informe.
Lo que constata el estudio es la heterogeneidad entre las 17 comunidades autónomas. Aunque los requerimientos asistenciales de cada territorio varían en función de la dispersión de su población o de su edad, hay parámetros "demasiado" desiguales, en opinión de la FADSP. El gasto per cápita en Navarra o el País Vasco, que están en el grupo de cabeza, supera en alrededor de un 50% al de Baleares o la Comunidad Valenciana, ambas a la cola; el número de camas hospitalarias por 1.000 habitantes en Cataluña es un 73% superior al de Andalucía; un médico general de Castilla-La Mancha es responsable de 692 tarjetas sanitarias menos (un 41%) que uno de Baleares; la tasa de mortalidad infantil de Navarra es menos de la mitad que la de Asturias. También es abrumadora la diferencia entre el uso de medicamentos genéricos según el territorio: mientras en Andalucía se situaba en 2010 (cuando están tomados los datos del estudio) en el 14,81%, en otras como Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid no llegaba al 6%. Es muy previsible, sin embargo, que este dato se homogeneice al alza cuando entre en vigor la prescripción de medicamentos por principio activo en noviembre.
La medición tiene parámetros discutidos por algunos expertos además del sesgo ideológico de las privatizaciones, como contar el número de camas o el gasto sanitario en lugar de su eficiencia. Sin embargo, es de los pocos informes que permiten comparar de forma homogénea el sistema en las 17 comunidades autónomas. Sus autores defienden que la calidad sanitaria reflejada en el documento no está determinada por el color de cada autonomía: "Hay algunas con Gobiernos conservadores que ocupan los primeros puestos y otros los últimos".
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