Lima, 19 ago (PL) El Gobierno de Perú mantiene hoy suspendida la erradicación de cultivos de coca, motivo de la primera injerencia pública de la embajada de Estados Unidos, a menos de tres semanas de instalada la nueva administración.
La pausa o tregua temporal de la eliminación forzosa de cocales sigue en pie, a la espera de una evaluación y reformulación integral de la política antidrogas que, bajo fuerte influencia norteamericana, fracasó en el último quinquenio, según expertos en la materia.
Ese fracaso está en el origen de la decisión soberana, como la calificó el ministro del Interior, Oscar Valdés, de buscar nuevos derroteros con énfasis en el combate a los traficantes, al suministro de insumos para la producción de droga y al impune lavado de dinero.
El parlamentario socialista Javier Diez Canseco, del bloque gobernante Gana Perú, señaló que la política antinarcóticos impuesta al país ha fracasado precisamente porque ha tenido como eje la erradicación.
En declaraciones a Prensa Latina, Diez canseco señaló que la eliminación compulsiva de plantaciones ha atacado al eslabón más débil de la cadena de la droga y no ha sido efectiva, pues los agricultores -que siembran coca por necesidad de subsistencia- afectados han migrado a nuevas tierras.
El fracaso de esa política, anotó, se mide en el hecho contundente que bajo el pasado gobierno de Alan García el área de cultivos de coca creció de 48 mil a 60 mil 100 hectáreas.
Mientras perseguía a los cocaleros, esa administración evitaba poner en marcha una red de controles móviles de carreteras para detectar e impedir el transporte de sustancias químicas para la fabricación de drogas y nada hizo contra el lavado de dinero.
Diez Canseco calificó de fuera de lugar que la embajadora de Estados Unidos, Rose M. Likins, haya reclamado que debió ser informada en forma previa de la suspensión.
De ninguna manera, añadió, corresponde que se le informe a ningún agente extranjero antes que a los peruanos, por más que Washington coopere con la lucha antidrogas.
La suspensión de ninguna manera pone en duda la decisión del gobierno del presidente Ollanta Humala de combatir en forma resuelta el narcotráfico y prueba de ello es la captura, previa a la pausa erradicadora, de 900 kilos de cocaína que estaban listos para su embarque a Turquía.
Pese a ello, medios de prensa y elementos afines a las posiciones norteamericanas en el tema lanzaron una andanada de ataques contra el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, responsable directo de la suspensión.
El máximo funcionario antinarcóticos confirmó que la erradicación se reiniciará en el marco de una nueva política y con otra concepción, que la haga efectiva y sostenible y que, efectivamente, brinde otras oportunidades de subsistencia a los cocaleros.
Soberón dijo, además, que el gobierno está dispuesto a una renegociación de la asistencia del principal país cooperante de Perú en la materia (Estados Unidos).
La pausa o tregua temporal de la eliminación forzosa de cocales sigue en pie, a la espera de una evaluación y reformulación integral de la política antidrogas que, bajo fuerte influencia norteamericana, fracasó en el último quinquenio, según expertos en la materia.
Ese fracaso está en el origen de la decisión soberana, como la calificó el ministro del Interior, Oscar Valdés, de buscar nuevos derroteros con énfasis en el combate a los traficantes, al suministro de insumos para la producción de droga y al impune lavado de dinero.
El parlamentario socialista Javier Diez Canseco, del bloque gobernante Gana Perú, señaló que la política antinarcóticos impuesta al país ha fracasado precisamente porque ha tenido como eje la erradicación.
En declaraciones a Prensa Latina, Diez canseco señaló que la eliminación compulsiva de plantaciones ha atacado al eslabón más débil de la cadena de la droga y no ha sido efectiva, pues los agricultores -que siembran coca por necesidad de subsistencia- afectados han migrado a nuevas tierras.
El fracaso de esa política, anotó, se mide en el hecho contundente que bajo el pasado gobierno de Alan García el área de cultivos de coca creció de 48 mil a 60 mil 100 hectáreas.
Mientras perseguía a los cocaleros, esa administración evitaba poner en marcha una red de controles móviles de carreteras para detectar e impedir el transporte de sustancias químicas para la fabricación de drogas y nada hizo contra el lavado de dinero.
Diez Canseco calificó de fuera de lugar que la embajadora de Estados Unidos, Rose M. Likins, haya reclamado que debió ser informada en forma previa de la suspensión.
De ninguna manera, añadió, corresponde que se le informe a ningún agente extranjero antes que a los peruanos, por más que Washington coopere con la lucha antidrogas.
La suspensión de ninguna manera pone en duda la decisión del gobierno del presidente Ollanta Humala de combatir en forma resuelta el narcotráfico y prueba de ello es la captura, previa a la pausa erradicadora, de 900 kilos de cocaína que estaban listos para su embarque a Turquía.
Pese a ello, medios de prensa y elementos afines a las posiciones norteamericanas en el tema lanzaron una andanada de ataques contra el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, responsable directo de la suspensión.
El máximo funcionario antinarcóticos confirmó que la erradicación se reiniciará en el marco de una nueva política y con otra concepción, que la haga efectiva y sostenible y que, efectivamente, brinde otras oportunidades de subsistencia a los cocaleros.
Soberón dijo, además, que el gobierno está dispuesto a una renegociación de la asistencia del principal país cooperante de Perú en la materia (Estados Unidos).
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