Los motivos, según han explicado, son el incumplimiento del protocolo implantado por Garzón para prevenir torturas y malos tratos, a pesar de que desde el tribunal especial se les garantizó que iba a aplicarse y que se iba a grabar todo el periodo de detención. El propio Garzón aseguró públicamente que se iba a cumplir, según han recordado hoy.
Sin embargo, han denunciado, a los detenidos no se les hizo ningún seguimiento mientras permanecieron incomunicados y sólo se les grabó en los pasillos de los calabozos.
Todos los arrestados denunciaron ante Garzón haber sufrido torturas, pero a pesar de ello el juez envió a prisión a siete.
Uno de ellos, Gaizka Jareño –absuelto en un prime juicio–, ha ofrecido su testimonio en la comparecencia y ha recordado las secuelas síquicas que les ha dejado y lo que supuso para ellos la incomunicación, las "agresiones, amenazas y humillaciones" que padecieron.
El joven ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice contra la incomunicación y la tortura.
Por su parte, la abogada Ane Ituiño ha denunciado el "circo mediático" que se organizó en torno a aquella redada, un "circo" que, según ha subrayado, continuó hace tres meses en la Audiencia Nacional cuando en un juicio se emitió un vídeo policial en el que Arkaitz Goikoetxea –arrestado también en el mismo operativo– asumía una acusación de la que luego fue absuelto y que los medios de comunicación "ocultaron deliberadamente" cómo se había conseguido, tras ser "torturado y recibir amenazas tanto él como su pareja".
Ituiño también ha criticado la reciente elección de Garzón como miembro español del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo Europeo, lo que interpreta como "un paso más para ocultar la práctica de la tortura" en el Estado español.
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