En diciembre de 2008, cuando el Gobierno se resistía aún a reconocer la gravedad de la crisis económica, el entonces ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció que no se renovaría la moratoria en la libertad de circulación de los trabajadores rumanos y búlgaros.
En la práctica, eso significaba que los ciudadanos de estos dos países podrían ser contratados por cuenta ajena sin necesidad de un permiso de trabajo. Rumanía y Bulgaria ingresaron en la Unión Europea el 1 de enero de 2007, pero sus tratados de adhesión incluyeron una moratoria de siete años, hasta el 1 de enero de 2014, para que sus nacionales pudieran disfrutar del derecho a la libre circulación de trabajadores. Tras dos años de moratoria, el Gobierno español decidió renunciar a la misma y adelantar a los rumanos el disfrute de estos beneficios desde el 1 de enero de 2009. Corbacho argumentó entonces que la medida no tendría efectos negativos sobre el mercado laboral.
Ahora, sin embargo, con un índice de desempleo del 21,29% de la población activa, el más alto de la UE, el Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás y exigir de nuevo el permiso de trabajo para los ciudadanos rumanos. La decisión aún no se ha tomado formalmente, según fuentes gubernamentales, pero ya se ha adelantado la intención de aplicarla a las autoridades de Bucarest, quienes se han mostrado “lógicamente contrariadas pero comprensivas”, según las mismas fuentes. Una vez cumplimentados los trámites pertinentes en Bruselas, su entrada en vigor sería inmediata, probablemente en las próximas semanas.
La trascendencia social de la medida es enorme. Los rumanos constituyen la colonia extranjera más numerosa, con 864.278 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al 1 de enero pasado. Suponen el 15,1% de los 5,7 millones de inmigrantes que hay en España, por delante de marroquíes (769.920) o británicos (390.880). También es la colonia que crece con mayor rapidez: el número de rumanos aumentó en 33.043 durante el año 2010, en plena recesión, mientras que la cifra total de extranjeros se reducía en 17.000. Desde la entrada de su país en la UE, el número de rumanos que residen en España se ha multiplicado por cuatro.
Ello se debe, alegan fuentes gubernamentales, a las mayores facilidades que encuentran en España en comparación con otros países europeos. La mayoría de los grandes países de la UE —Francia, Alemania, Italia o Reino Unido— exigen permiso de trabajo a los rumanos, al contrario que España.
Las mismas fuentes sostienen que la medida no afectará al derecho a la libre circulación; es decir, que los rumanos, como ciudadanos de la UE, podrán entrar en España y establecerse para cursar estudios o realizar trabajos por cuenta propia, pero necesitarán permiso de trabajo, como si fueran extracomunitarios, para realizar trabajos por cuenta ajena. No se sabe de qué forma afectará la medida a los rumanos que ya trabajan en España sin necesidad de permiso: más de 300.000 cotizan a la Seguridad Social y más de 50.000 cobran subsidio de desempleo.
No está previsto que los búlgaros se vean afectados. La razón es clara: son muchos menos. Solo 172.634; el 3% de los extranjeros.
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