En menos de un mes la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió tres fallos cuya esencia descansa en la franca complacencia de la Corte con aquellas condiciones que favorecen al mundo corporativo. En el primer fallo desechó la demanda por discriminación sexual en las condiciones de trabajo interpuesto contra la corporación Wal-Mart, como se comentó anteriormente en este espacio. En el segundo, la Corte anuló la ley que en el estado de California prohibía la venta de juegos de video violentos a menores de 18 años. Consideró que prohibir esos juegos coartaría la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda constitucional. La decisión fue celebrada por la industria productora de ese material, cuyas ventas anuales tan sólo en Estados Unidos ascienden a la friolera de 10 mil millones de dólares. Entre las peculiaridades de la decisión está la forma en que uno de los jueces describió uno de los antecedentes del fallo al citar el ejemplo de que expresiones de violencia como Blanca Nieves o La Cenicienta nunca han sido sancionadas en el país.
El tercer fallo corresponde al ámbito electoral. Anuló una ley en Arizona que promueve la participación del financiamiento público en las campañas electorales y restringe la participación ilimitada de las aportaciones privadas. Algo similar ocurrió el año pasado, cuando emitió un fallo en el cual se autorizan las aportaciones sin restricción alguna por corporaciones para campañas políticas. En estos casos los cinco jueces conservadores, de los nueve que integran la Corte, justificaron su decisión al amparo de la primera enmienda constitucional, que garantiza el derecho libre de expresión.
Si la Suprema Corte es consistente con la tendencia de proteger los intereses corporativos, sería lógico que también anule las leyes antinmigrantes que se han aprobado en diversos estados de la unión, congeladas hasta ahora por varias cortes de distrito por su esencia anticonstitucional. Estas leyes son un estorbo para las corporaciones que requieren de la mano de obra migrante, incluyendo la de los indocumentados. Cabe recordar que la Cámara de Comercio, que agrupa a las principales corporaciones del país, ha insistido en la necesidad de legalizar a los inmigrantes indocumentados.
Tampoco se puede descartar que, de prevalecer el conservadurismo decimonónico en el máximo tribunal, se esgrimirá alguna razón jurídica para avalar la legalidad de esas leyes.
Una vez más, la suerte de los migrantes indocumentados dependerá de consideraciones que van más allá de la necesidad intrínseca de reconocer sus derechos más elementales, uno de ellos: circular libremente por las calles sin temor a ser encarcelados y deportados por su aspecto.
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