Bogotá, 16 jun (PL) El expresidente colombiano Álvaro Uribe prestará hoy declaración libre ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el escándalo de espionaje ilegal durante su administración (2002-2010).
En la audiencia, abierta al publicó, estarán presentes algunas de las víctimas de lo que aquí se conoce eufemísticamente como chuzadas (interceptaciones y seguimientos ilegales), de acuerdo con trascendidos.
Entre estas destacan la exsenadora liberal Piedad Córdoba, líder de Colombianos y Colombianas por la Paz, y quien denunció en reiteradas ocasiones que durante el gobierno de Uribe fue objeto de una constante persecución política.
Dichas interceptaciones y seguimientos ilegales fueron ejecutados por el controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) contra magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, fundamentalmente.
Ese órgano de inteligencia está directamente subordinado a la Presidencia, por lo que las víctimas consideran que una operación de tal magnitud debió contar con la anuencia del jefe de Estado.
De ahí que la Comisión de Acusación busque establecer si el exmandatario es culpable por acción u omisión de espionaje ilegal.
En tanto las pesquisas, nuevas evidencias, confesiones y testimonios demostraron cómo el DAS tenía entre uno de sus principales objetivos -por medio de las chuzadas- desacreditar y atacar a ciudadanos de relevancia nacional.
Si bien desde 2009, cuando se desató el considerado el peor escándalo en la historia institucional del país, ya se mencionaba la activa participación de altos funcionarios ligados a la administración de Uribe en el hecho, durante 2010 se comprobó por primera vez esa presunción.
Las nuevas revelaciones dejaron sin argumento a funcionarios del DAS y del gobierno de turno, quienes hasta ese entonces negaban las denuncias de las que eran objeto por espionaje ilegal.
Todo apuntó a que el organismo de inteligencia sí recibió órdenes directas de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) para espiar ilegalmente y que no se trató de un acto aislado.
La contundencia de las denuncias desataron una serie de confesiones que señalaron directamente a figuras como Bernardo Moreno, exsecretario general de Uribe, y dos exdirectores del DAS, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, ésta última asilada en Panamá.
Precisamente cuando las investigaciones parecían cerrar el cerco en torno a la responsabilidad de Uribe por tales hechos, la Fiscalía recibió un duro revés con la fuga de Hurtado.
La exfuncionaria era considerada pieza clave en las investigaciones que se realizan aquí por el referido escándalo y en las cuales cada nueva revelación involucraba más a Uribe.
Éste no dudó en expresar públicamente su apoyo a la fuga de la exdirectora del DAS, al argumentar una presunta falta de garantías de la justicia colombiana.
Muchos interpretan este incidente como una explícita invitación para que varios de los involucrados en el escándalo optasen por el camino de la evasión.
En la audiencia, abierta al publicó, estarán presentes algunas de las víctimas de lo que aquí se conoce eufemísticamente como chuzadas (interceptaciones y seguimientos ilegales), de acuerdo con trascendidos.
Entre estas destacan la exsenadora liberal Piedad Córdoba, líder de Colombianos y Colombianas por la Paz, y quien denunció en reiteradas ocasiones que durante el gobierno de Uribe fue objeto de una constante persecución política.
Dichas interceptaciones y seguimientos ilegales fueron ejecutados por el controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) contra magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, fundamentalmente.
Ese órgano de inteligencia está directamente subordinado a la Presidencia, por lo que las víctimas consideran que una operación de tal magnitud debió contar con la anuencia del jefe de Estado.
De ahí que la Comisión de Acusación busque establecer si el exmandatario es culpable por acción u omisión de espionaje ilegal.
En tanto las pesquisas, nuevas evidencias, confesiones y testimonios demostraron cómo el DAS tenía entre uno de sus principales objetivos -por medio de las chuzadas- desacreditar y atacar a ciudadanos de relevancia nacional.
Si bien desde 2009, cuando se desató el considerado el peor escándalo en la historia institucional del país, ya se mencionaba la activa participación de altos funcionarios ligados a la administración de Uribe en el hecho, durante 2010 se comprobó por primera vez esa presunción.
Las nuevas revelaciones dejaron sin argumento a funcionarios del DAS y del gobierno de turno, quienes hasta ese entonces negaban las denuncias de las que eran objeto por espionaje ilegal.
Todo apuntó a que el organismo de inteligencia sí recibió órdenes directas de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) para espiar ilegalmente y que no se trató de un acto aislado.
La contundencia de las denuncias desataron una serie de confesiones que señalaron directamente a figuras como Bernardo Moreno, exsecretario general de Uribe, y dos exdirectores del DAS, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, ésta última asilada en Panamá.
Precisamente cuando las investigaciones parecían cerrar el cerco en torno a la responsabilidad de Uribe por tales hechos, la Fiscalía recibió un duro revés con la fuga de Hurtado.
La exfuncionaria era considerada pieza clave en las investigaciones que se realizan aquí por el referido escándalo y en las cuales cada nueva revelación involucraba más a Uribe.
Éste no dudó en expresar públicamente su apoyo a la fuga de la exdirectora del DAS, al argumentar una presunta falta de garantías de la justicia colombiana.
Muchos interpretan este incidente como una explícita invitación para que varios de los involucrados en el escándalo optasen por el camino de la evasión.
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