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miércoles, 15 de diciembre de 2010

ONU se querella contra ex ministro guatemalteco en Madrid

La comisión antimafias de Naciones Unidas anunció ayer que la Audiencia Nacional de España abrió una causa penal contra el ex ministro guatemalteco de gobernación Carlos Vielmann, a quien acusa de ordenar ejecuciones extrajudiciales.

"Se deriva de una denuncia que presentó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en España contra el ex funcionario ya que ese país tiene competencia parra juzgarlo, por tener la nacionalidad española", informó el martes la organización en un comunicado.

Vielmann está actualmente en España, donde espera que un juez resuelva si autorizará su extradición a Guatemala, como producto de una denuncia en su contra por los mismos delitos, pero planteada en la nación centroamericana.

El jefe de la CICIG, Francisco Dall'Anese, dijo en el boletín de prensa que la denuncia en España no es consecuencia de la extradición que el gobierno guatemalteco pide, "sino como una persecución penal en España por ser delitos de lesa humanidad". Vielman tiene la nacionalidad española.

La justicia guatemalteca requiere a Vielmann para que enfrente un proceso por haber supuestamente ordenado la ejecución extrajudicial de siete reos durante el operativo de toma de control de la cárcel de Pavón en septiembre de 2006 y la de otros tres presos que se habían fugado de otro penal.

Vielmann ha asegurado en repetidas ocasiones que es inocente de los delitos que se le imputan. Fue ministro durante el gobierno de Oscar Berger (2004-2008).

Hay otros seis ex funcionarios acusados de esos hechos. El caso es investigado por la CICIG, una entidad patrocinada por Naciones Unidas y formada por investigadores de unos 25 países para desmantelar los grupos del crimen organizado y las redes criminales que les proveen de impunidad desde el amparo del gobierno.

El ex ministro fue capturado en España en octubre y liberado a finales de noviembre debido a que un recurso del acusado atrasó el procedimiento de extradición por parte de las autoridades guatemaltecas.

"Esto es un mensaje importante porque se comienza a demostrar no sólo con la presencia de la CICIG o de las naciones donantes y cooperantes en Guatemala, que quien desee cometer delitos de lesa humanidad en este país, no tendrá ni un centímetro de protección en ningún lugar del planeta, porque el mundo no está dispuesto a tolerar la impunidad ni que se lesionen los bienes jurídicos de las personas", dijo Dall'Anese en el comunicado.

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