En apoyo a la norma también se sumaron la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina) y la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses. Ambas creen que el recurso de la defensora discrimina a los inmigrantes, que si no aprenden catalán estarían en peores condiciones para, por ejemplo, encontrar un puesto de trabajo.
La Ley de Acogida que ahora no convence a la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, fue aprobada el 28 de abril con el apoyo de los grupos parlamentarios, excepto el Popular y Ciutadans. El texto establece el catalán como lengua de primera acogida de inmigrantes y les facilita cursos voluntarios para aprenderlo con vistas a obtener un certificado de integración, tras los cuales pueden optar a programas de castellano.
Javed Ilyas defendió que este precepto debe mantenerse para potenciar entre los inmigrantes el uso de la lengua propia de Cataluña, del mismo modo que en Pakistán él se expresa en el idioma de su territorio en lugar del urdu, oficial en todo el Estado. "El catalán nos permite hacer amigos y ganar clientes", explicó ayer. El representante paquistaní insistió en que es natural hablar la lengua de un territorio. "Si no, todos perderíamos una cultura", aseveró. "La mejor manera de integrarse en el lugar donde vives es aprender la lengua que allí se habla".
El presidente de Fedelatina, Javier García Bonomi, valoró que el catalán es una herramienta de integración "fundamental" y un derecho para todos los ciudadanos, y subrayó la importancia que tiene que los inmigrantes hagan un uso "normalizado" del mismo. El recurso de la defensora supone, en su opinión, "un agravio hacia los inmigrantes y una falta total de sensibilidad y de respeto hacia el pueblo catalán". "Me preocupa que no se esté respetando la voluntad de las entidades y del pueblo", insistió. Y reiteró que el recurso ante el Tribunal Constitucional "da la espalda a una realidad objetiva: que el catalán es la lengua de preferencia en Cataluña" sin perjuicio del castellano.
Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, Mawa Ndiayi, se mostró disconforme con la decisión de recurrir la ley porque no responde a una demanda de los inmigrantes y recordó que su entidad fue una de las que participó en la elaboración de la normativa. "Nos parece bien que la acogida se haga en catalán para poder usarlo con toda normalidad", señaló. "Saber usarlo es una riqueza y una forma de respeto hacia la sociedad de acogida", sentenció.
Según prevé la Ley de Acogida, los inmigrantes obtendrán un certificado oficial tras cursar un itinerario formativo, que acreditará la integración para los trámites de arraigo social, renovación de las autorizaciones de residencia temporal, de acceso a la nacionalidad por residencia así como al mercado de trabajo.
El diputado en el Parlament del Grupo Mixto e impulsor de la iniciativa contra la norma, José Domingo, explicó que la defensora del pueblo en funciones recurrió la ley el 13 de agosto ante el Constitucional, aunque el diputado había trasladado el texto ya en mayo a la institución, cuando ocupaba el cargo Enrique Múgica. Según María Luisa Cava, la ley debía recurrirse tras la sentencia del Constitucional del Estatuto que suprimió el carácter "preferente" del catalán en la Administración y en los medios de comunicación públicos.
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