En junio pasado se condenó por negligencia a ocho de los empleados indios (uno de ellos ya muerto) y se les sentenció a dos años de prisión y una multa de 100.000 rupias (unos 1.677 euros), sin embargo inmediatamente después se les dejó libres bajo fianza. A la empresa se le impuso una multa de unos 8.870 euros.
Esta sentencia fue calificada como "una burla" por los sobrevivientes y activistas y forzó a las autoridades a pedir al tribunal condenas por hasta 10 años de cárcel. También el gobierno anunció una nueva compensación económica de unos 118 millones de euros a unas 45.000 personas afectadas, es decir, unos 2.622 euros a cada una. Los activistas lo consideraron insuficiente y han pedido que se revise también esta compensación y se dé "a toda la gente, no sólo al 7% de los afectados".
En cuanto a este nuevo giro, que da nueva esperanza para que la justicia llegue, aunque sea después de 26 años, Sathinath Sarangi, la cara del activismo en Bhopal asegura a este periódico: "Tenemos que esperar al veredicto final, pero es más probable que los acusados vayan finalmente a prisión". Afirma que "si los jueces lo quieren" este caso puede estar resuelto en dos o tres años.
Otros dos casos continúan abiertos, uno en India contra la también estadounidense Dow Chemicals, que compró Union carbide en 2001, y otro en Estados Unidos que pide indemnización para los bhopalíes por haber contaminado su agua y para limpiar las 10.000 toneladas de desechos tóxicos que siguen enterradas cerca de la fábrica, según las ONG.
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